La urgente intervención del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ordenada por el presidente, Carlos Alvarado, constituye una oportunidad para desenraizar la corrupción, detonante de la medida, y también para revisar las falencias que impiden a la entidad impulsar los proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo del país y la calidad de vida de sus habitantes.
La institución ha sido el centro de múltiples escándalos, de los cuales el caso cochinilla, el más reciente, podría ser el más grave, pero la suma de pérdidas por mala gestión a lo largo de los años es también onerosa para un país como el nuestro, carente de los recursos necesarios para ampliar y mantener la red vial.
El ministro Rodolfo Méndez Mata ha sostenido la tesis de una completa descentralización del Consejo, dotándolo de más recursos técnicos y económicos. Otros han sugerido el cierre y traslado de sus competencias al propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes o a una nueva institución. Empero, nadie se manifiesta satisfecho con el desempeño de la entidad y abundan las razones del descontento.
El propio Méndez las esbozó a menos de un año del inicio de su gestión cuando se le preguntó por la ejecución del decreto emitido el primer día de la actual administración para despejar cuellos de botella en 28 puntos de la Gran Área Metropolitana. Las obras, afirmó, no marcharon como hubiera querido por diversas razones. «Una de ellas y no quiero que suene a excusa, es la lentitud de respuesta del Consejo Nacional de Vialidad», afirmó.
Los cuellos de botella, o topics, incorporados al primer decreto de la administración incluían recarpeteo de calles transitadas para acortar camino o evitar los congestionamientos, colocación de semáforos, eliminación de giros, construcción de puentes y señalización de carriles exclusivos para buses. No son obras complejas, pero el gobierno depositó en ellas grandes esperanzas de mejora de la circulación. No obstante, el Conavi lo dejó esperando.
«En distintas formas intervienen fuerzas que hacen que las cosas no se ejecuten de la manera que se deben ejecutar. Ese aspecto lo voy a abordar (...), tendré que abordar el problema generado cuando no hay ejecutividad en las instituciones que tienen los medios para hacerlo», dijo Méndez en aquella oportunidad.
La anécdota dice mucho de la institución y de la necesidad de enmienda por meras razones administrativas. Ahora, a menos de un año del fin del período presidencial, estalla el nuevo escándalo de corrupción. Sus dimensiones confunden al ministro, perplejo por la cifra de ¢78.000 millones adelantada por el Organismo de Investigación Judicial, pero la corrupción en sí misma no constituye sorpresa. Méndez asegura haber tenido noticia de irregularidades desde el principio, al punto de haber alentado el traslado de información a los investigadores.
Al explicar los motivos del atraso en la ejecución del decreto del 8 de mayo del 2018, el ministro citó la corrupción: «Cuando se tienen pequeñas cosas que dependen de una decisión más simple, esa simpleza y esa falta de ejecutividad se produce por miedo, por muchas cosas, hasta por corrupción», declaró.
Las instrucciones del presidente son claras en cuanto a la medida inmediata, mas no hablan de los objetivos. Fue dictada al calor del escándalo, pero no debe limitarse a la indispensable rectificación de problemas éticos. Hay mucho más que corregir en el Conavi. Al confirmar la inminencia de la intervención, el ministro Méndez manifestó estar valorando, apenas, «las primeras decisiones» y consultas. Ojalá incluyan acciones más profundas y de mayor alcance. El país merece probidad en la gestión de la red vial, pero también eficiencia.