Vuelve la Asamblea Legislativa a sesiones con una nutrida agenda de proyectos de primer orden. Para despejar el camino, debe completar una tarea pendiente, envuelta en confusión e incertidumbre en vísperas del receso, pero muy adelantada en el último minuto: la limitación de la reelección consecutiva de alcaldes.
No es una reforma menor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultada sobre la reelección presidencial indefinida, la estimó “contraria a los principios de una democracia representativa” y justificó su prohibición para “evitar que las personas que ejercen cargos por elección popular se perpetúen en el ejercicio del poder”.
Lo dicho para la presidencia vale, con idéntico razonamiento, para el gobierno local. El peligro de distraer al Ejecutivo de su misión de servicio para asegurarse fortuna en las urnas es igual. El riesgo de creación de relaciones clientelistas con recursos públicos solo es distinto en cantidad de medios disponibles.
La necesidad del cambio no se le escapó a la misión de expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que siguió las elecciones municipales del 2020, como también la habían percibido los observadores en el 2016. Sin ambigüedades, los expertos recomendaron, una y otra vez, imponer límites a la reelección. Sin negar la conveniencia de dar continuidad a las buenas políticas públicas, señalaron la necesidad de la alternancia en el poder para la vida democrática.
También milita en favor de la reforma el estado de la opinión pública nacional. No hay razón más importante para apurar el cambio. Si no se atiende el hartazgo de los ciudadanos con los defectos de la democracia, se corre el riesgo de que un número creciente le dé la espalda. Recuperar la alternancia es indispensable para revitalizar la política municipal y, ojalá, ampliar la participación ciudadana, no solo en el papel de desganados electores, sino como agentes activos del gobierno local.
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Los límites a la reelección también son necesarios para evitar la consolidación de cacicazgos locales que, en conjunto con sus pares, logren imponer intereses regionales por encima de los nacionales. La municipalización de la política es un proceso en marcha y afecta por igual a partidos e instituciones del Estado. Los alcaldes dictan política fiscal, postulan candidatos, vetan medidas sanitarias e incrementan su peso como grupo de interés en las estructuras partidarias, todo en detrimento de la gobernabilidad.
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Los recientes escándalos municipales crearon las condiciones para la reforma. No habría sido posible de otra manera precisamente por el poder acumulado en las alcaldías a fuerza de años de permanecer las mismas personas en los puestos. La proyección de esa influencia sobre la Asamblea Legislativa se evidenció en múltiples oportunidades, especialmente en los dos últimos años. No obstante, es un error entender la reforma únicamente como medio para contrarrestar la corrupción. Su importancia va mucho más allá y podría ser el comienzo de un remozamiento democrático.
Costa Rica tiene muchos motivos para erguirse orgullosa de sus instituciones, pero son perfectibles. En el caso de las municipalidades, nos lo dice la jurisprudencia interamericana tanto como los observadores extranjeros. Sobre todo, nos lo reafirma el sentido democrático arraigado en la cultura política nacional. Nadie tiene que explicarnos por qué no conviene la permanencia indefinida de los gobernantes en el poder aunque, inexplicablemente, así ha ocurrido hasta ahora en las municipalidades.