El gobierno acierta al ignorar la insistencia de su predecesor en la preservación de restricciones a la importación de aguacate, supuestamente compatibilizándolas con el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra las medidas restrictivas adoptadas por la administración de Luis Guillermo Solís en el 2015.
Para imponer las restricciones, Costa Rica alegó razones fitosanitarias, pero la OMC, si bien reconoce el derecho de cada país a prevenir el ingreso de plagas, calificó de insuficiente la fundamentación científica de las medidas aplicadas e instó al país a revisar sus procedimientos de análisis de riesgo y los procesos de vigilancia y verificación.
En suma, Costa Rica actuó contra las disposiciones del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. No pudo acreditar la evaluación adecuada de los riesgos e ignoró criterios científicos existentes. Los errores no están en las regulaciones, sino en su fundamentación científica. Entonces, es difícil imaginar una modificación legal capaz de alinear al país con sus obligaciones internacionales mientras justifica la preservación parcial de las restricciones.
Costa Rica debe ser escrupulosa en el cumplimiento de esas obligaciones porque, a falta de otras razones, depende del derecho internacional para defender sus intereses comerciales. Por eso, firmamos tratados con otras naciones y debemos seguir haciéndolo. En un mercado donde el fuerte tenga la posibilidad de imponerse sin restricciones, nuestro país tiene pocas posibilidades de prosperar.
La resolución de la OMC ni siquiera sorprende. Desde el primer momento, México calificó la medida fitosanitaria nacional de ilícita barrera no arancelaria para proteger la producción interna. Afirmó que la plaga del sunblotch solo afecta a las plantas, no a los frutos, y está concentrada en pocas zonas de su territorio. También recordó su papel como principal exportador mundial de aguacates, incluso a mercados tan exigentes como Estados Unidos. México, incluso, fue el mayor proveedor de Costa Rica durante décadas sin causar contagio.
También, desde el principio, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) evidenció su desacuerdo con las restricciones y condujo un discreto debate con la cartera de Agricultura y Ganadería. Señaló la inobservancia de los procedimientos y se quejó de la falta de comunicación entre los dos despachos involucrados.
No obstante, el gobierno de entonces mostró una actitud festiva. La foto del ministro de Comunicación sonriente con una bolsita de aguacates en la mano para demostrar el supuesto abastecimiento pleno del mercado es la imagen más representativa del momento. Luego vino la administración Alvarado, inaugurada con la siembra de un arbolito de aguacate en predios del Ministerio de Agricultura por el nuevo jerarca de la cartera.
Desafortunadamente, el caso era mucho más serio. Costa Rica es miembro fundador de la OMC y en el cuarto de siglo de existencia de la organización nunca había enfrentado una denuncia formal. Ahora, para mayor sonrojo, perdió. La urgencia de la administración Chaves por corregir la desviación está bien justificada.
El editorial de este diario afirmaba, el 3 de enero del 2019: “Ni el teatro ni la actitud festiva serán de ayuda en la OMC. Estamos a tiempo de considerar el problema con detenimiento para examinar, una vez más, nuestras razones y fundamentos científicos. Seguir adelante solo se justifica si el Estado tiene absoluta certeza de lo que tantos ponen en duda. Si no, faltan las palabras para describir tanta irresponsabilidad, no solo frente al comercio internacional, sino, también, frente al consumidor local, obligado a pagar más por productos de menos calidad”.