Por primera vez en la historia, las pensiones de los costarricenses más necesitados podrían sufrir una reducción, el año entrante, de ¢82.000 mensuales a ¢68.464. Los beneficiarios son 144.966 personas, el 96 % de ellas adultas mayores en situación de pobreza y muchas con padecimientos causantes de invalidez. El 4 % restante tiene parálisis cerebral profunda y, según las autoridades, sus ingresos no sufrirán merma. Se mantendrán en los ¢352.164 mensuales necesarios para apoyar la satisfacción de sus necesidades especiales.
Todos reciben jubilaciones del Régimen No Contributivo (RNC), creado en 1974 para brindar una pensión mínima a quienes no cotizaron a los fondos básicos (Invalidez, Vejez y Muerte, Poder Judicial o Magisterio Nacional). Precisamente por eso, el Estado puede decidir si ajusta los beneficios a la baja o deja de atender nuevas solicitudes.
En el 2020, en media pandemia, no fue posible conceder las 5.000 pensiones normalmente tramitadas al año. Solo hubo 3.654 nuevas jubilaciones del RNC, pero nunca antes se redujeron los beneficios ya concedidos. Para el año entrante, el gobierno presupuestó ¢176.922 millones a sabiendas de que el gasto previsto por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ascenderá a ¢210.797 millones.
El faltante de ¢33.875 millones impediría conceder nuevas pensiones en el 2024 y exigiría la reducción de las existentes. No es el primer déficit presupuestado en años recientes. En el 2022, el período se inició con un faltante de ¢20.000 millones y, en el 2023, el déficit fue de ¢14.700 millones. Esas sumas fueron repuestas mediante presupuestos extraordinarios para no afectar a los pensionados.
Pero el faltante del año entrante es muy superior, y si bien la Caja está acostumbrada a recibir una nota donde el Ministerio de Hacienda informa de su intención de hacer todos los esfuerzos necesarios para girar los fondos, la gerencia de pensiones se toma muy en serio la posibilidad de no recibirlos, al punto de contemplar el traslado al RNC de ¢36.000 millones destinados al seguro de salud para la atención de indigentes.
“Eso implicaría que el seguro de salud negocie con Hacienda para cubrir el costo de atender a quienes no pueden pagar su seguro”, dijo Jaime Barrantes, gerente de pensiones. Esa negociación parece difícil si se considera el creciente endeudamiento del Estado con la CCSS por impago de la atención a indigentes. Incrementar la deuda con el seguro de salud para atender el faltante del RNC es agravar un problema para resolver otro, si bien urgentísimo.
La dependencia del RNC es consecuencia de la informalidad, el trabajo doméstico y los quebrantos de salud. Los 144.966 pensionados del sistema no son los únicos necesitados de la ayuda para tener apenas lo necesario. Hay miles en espera de una pensión y aun los que la tienen se ven obligados a trabajar para complementar el ingreso. Más de 80.000 adultos mayores de 65 años recurren al empleo informal para subsistir.
Es fácil comprender que no tienen ahorros ni bienes para facilitar el tránsito por la vejez. En la informalidad están los trabajos peor remunerados, además de la marginación de los regímenes básicos de pensiones. El problema aumentará conforme envejece la población y persiste el empleo informal.
Ojalá este año se logre evitar, como en los anteriores, la adopción de la medida descrita por Barrantes como la “más compleja”, es decir, la reducción de los beneficios a los pensionados, pero el sistema no debe quedar sometido a la perpetua precariedad. Es hora de estudiar la idea de crear la pensión básica universaly las fuentes de financiamiento posibles.
La crisis de los regímenes de pensiones ha roto la paz social en muchos países y, en el nuestro, la desatención a todas las advertencias ha sido la norma. Tres años consecutivos de faltante presupuestario son, en el caso del RNC, una sonora alarma, aunque hasta ahora haya sido posible apagarla en el último minuto.