Las amenazas de jóvenes perturbados contra sus centros educativos, compañeros y maestros pocas veces se concretan, pero las autoridades deben tratarlas con la mayor seriedad, sin excepción, y hacer cuanto esté a su alcance para dar con el responsable. Así lo hicieron en el 2019 con un estudiante cartaginés llevado ante la Fiscalía Penal Juvenil y sancionado con una medida alterna, aceptada para evitar el juicio.
Así deben hacerlo ahora con otro joven propalador de amenazas en las redes sociales. “Estoy ansioso, ya tengo las armas listas para ser usadas. Solo falta esperar al 20 de febrero, y si no es ese día será después o antes, pero los de mi colegio pagarán”, dice un mensaje. “Voy a hacer un tiroteo y al final me voy a matar, así que quedan advertidos”, añade antes de anunciar la colocación de bombas de tubo en las aulas y en el gimnasio.
La necesidad de localizar al sujeto va más allá de hacerle enfrentar la justicia. Es indispensable evaluarlo para saber si constituye un peligro real y someterlo a vigilancia y tratamiento si fuera necesario. La sanción, ojalá severa, tiene un saludable efecto ejemplarizante, pero la evaluación médica del responsable puede evitar una tragedia.
Cuando el director del centro educativo amenazado tuvo noticia de los mensajes, aplicó inmediatamente el protocolo dispuesto por el Ministerio de Educación y puso sobre aviso a la Dirección Regional y a los cuerpos de Policía. Casi de inmediato se estableció comunicación con los padres de familia para mantenerlos informados.
Además de la investigación en proceso y la vigilancia de la institución, las autoridades aplican controles rigurosos para el ingreso y permanencia en el colegio. También se conformó un equipo interdisciplinario, compuesto por un orientador, un trabajador social y una psicóloga, para atender la inquietud causada al personal, alumnos y padres de familia.
La respuesta de las autoridades en todos los niveles es satisfactoria, pero estos incidentes, claramente inspirados en acontecimientos sucedidos en otras latitudes, deberían estimular el debate más general sobre la tenencia de armas y su disponibilidad en todo el territorio nacional. Un país que se enorgullece de su vocación pacifista y hasta de la prohibición de la cacería no debería sufrir semejantes sobresaltos o, cuando menos, debería confiar en las barreras interpuestas por ley entre las armas y un desequilibrado capaz de darles el peor uso.
Pero en nuestras calles la policía decomisa un arma de fuego cada cinco horas, incluidos fusiles de asalto AR-15 y Ak-47, cuya tenencia por particulares está prohibida. También existe un arsenal de armas ilícitas por carecer de registro y un creciente acervo de armas registradas, mas no por eso menos letales.
Un joven desequilibrado podría tener acceso, con demasiada facilidad, a un arma de cualquiera de esas categorías, pero las más accesibles están en los hogares. Las prohibidas o carentes de registro no son un problema legislativo, salvo la necesidad de establecer la certeza de una sanción por su sola tenencia. El 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego, y eso justifica una política de tolerancia cero con las ilícitas.
Pero las armas registradas también matan, a menudo por accidente o arrebatos de ira en el hogar, el vehículo o la casa. Constituyen la mitad del medio millón de armas presentes en el país, según estimaciones de expertos. Recientes esfuerzos por limitarlas no tuvieron el éxito deseado. Vale la pena insistir para reducir la posibilidad de lamentar una tragedia como las sufridas en otras naciones.
Alumnos, docentes y padres de familia deberían poder confiar en las barreras interpuestas por ley entre las armas y un desequilibrado