Florlenis Chévez, jefa del equipo encargado del cuestionario de Factores asociados, aplicado junto con las pruebas FARO, desconoce quién elaboró las preguntas calificadas por la Sala Constitucional como una “grotesca” lesión a la intimidad de alumnos y familias. Según la funcionaria, el cuestionario data de un año antes de su incorporación a la jefatura del Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.
“Los cuestionarios se construyeron en el 2018. Yo no era la jefa del departamento…”, dijo a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos. La respuesta abre más interrogantes que la sola duda sobre los autores del desafortunado cuestionario. Para comenzar, sorprende que en los archivos del Ministerio de Educación (MEP) se encuentre el cuestionario sin referencia alguna a los autores. También surgen dudas sobre las funciones desempeñadas por el equipo de cinco personas supuestamente encargadas de las preguntas. Si alguna de ellas participó en la redacción del cuestionario, lo habría hecho en el 2018, según Chévez, es decir, hace más de dos años, y no queda claro por qué subsiste una unidad encargada de formular los cuestionarios si eran iguales a los redactados entonces, como dijo la funcionaria antes de admitir la adición de algunas preguntas “sobre la pandemia”.
Chévez declaró no ser parte del equipo y, al mismo tiempo, admitió que los integrantes le rendían cuentas. También aceptó haberlo conformado para revisar los resultados del plan piloto de aplicación del cuestionario, ejecutado a principios del 2019, cuando ella todavía no estaba. Luego de ver esos resultados, el equipo decidió agregar o quitar preguntas, pero las añadidas se relacionaban con la pandemia. Las demás simplemente se conservaron.
El tupido velo de contradicciones impide identificar a los autores, pero de todo eso surge otra pregunta: si el Ministerio de Educación Pública conoce la duda de los diputados, ¿por qué no sale a despejarla? Alguien habrá en la dependencia capaz de reconstruir la historia del cuestionario e identificar a sus autores. Al fin y al cabo, se trata de historia muy reciente. Si inexplicablemente los archivos no la registran, algún funcionario seguramente conserva la memoria institucional.
Pero el MEP siempre ha procurado mantener sus traspiés en la incertidumbre. Lo mismo sucede con las lacónicas respuestas sobre el origen de los cursos y exámenes con versiones sesgadas de la historia. Cuando salió a la luz pública el último de esos incidentes, el docente encargado de la charla quedó solo para responder los cuestionamientos. La misión de dar la cara se la asignaron las propias autoridades del MEP en lugar de salir a admitir los errores y proponer las enmiendas necesarias.
En el caso del cuestionario empleado en las pruebas FARO, la ministra, la viceministra académica y el director de Gestión de Evaluación y la Calidad renunciaron a sus cargos. Los dos últimos revisaron y aprobaron el cuestionario, según Chévez. Lo mismo hizo ella, pero no encontró inapropiadas las preguntas.
La admisión de responsabilidad de las jerarquías y sus renuncias, aunque correctas, no satisfacen a plenitud. Es importante saber cómo se gestó el desacierto para impedir la repetición. Eso no es posible sin conversar con los autores, cuyas identidades permanecen en el misterio. Si el MEP no las revela, como debería en un elemental ejercicio de rendición de cuentas, los diputados deben insistir hasta conseguir la información para profundizar la investigación y recomendar las rectificaciones necesarias.