Cinco de ocho diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), incluido el jefe de bancada, Pablo Heriberto Abarca, procuran descarrilar la ley de empleo público aprobada en primer debate por una holgada mayoría de 36 votos. Abarca y el fallido precandidato presidencial Pedro Muñoz han esgrimido rebuscados argumentos de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley y, cuando fracasan, producen uno nuevo.
El jefe de fracción defendió con vehemencia la supuesta afectación al principio de igualdad por la previsión de aumentos graduales para los funcionarios con salarios menores al global cuando comience a regir la ley. En ningún momento expresó preocupación por las absurdas desigualdades del sistema vigente ni valoró el propósito de nivelar el terreno con la nueva legislación. A falta de mejor argumento, se ciñó al descrito pese a su clara debilidad.
LEA MÁS: Posición de Lineth Saborío sobre el convenio con el FMI
La Sala Constitucional descartó el supuesto roce con la Constitución cuando respondió la consulta legislativa sobre el proyecto. Ayuno de aquel argumento, Abarca y sus cuatro compañeros de bancada encontraron uno novedosísimo para plantear otra consulta tras la aprobación del proyecto en primer debate, luego de corregidos los errores señalados por la Sala. No es un argumento propio, sino del frenteamplista José María Villalta, pero el origen, las motivaciones ideológicas y las razones no parecen ser obstáculo. Argumentan la imposibilidad de apartarse del criterio del Tribunal Supremo de Elecciones seis meses antes y cuatro meses después de unos comicios y, como la autoridad electoral se manifestó en contra del proyecto, afirman que su aprobación en este momento resultaría inconstitucional.
El artículo 97 de la Constitución, sin embargo, se refiere a “proyectos de ley relativos a materias electorales” y la ley de empleo público tiene un contenido muy diferente. El Departamento de Servicios Técnicos del Congreso rechazó el argumento cuando Villalta intentó hacerlo valer antes de la votación en primer debate, pero Abarca y sus colegas socialcristianos se prestaron para reiterarlo ante los magistrados, aunque nunca antes lo habían planteado. Están en su derecho, no cabe duda, pero tampoco puede haber confusión, a estas alturas, sobre su obvia determinación de acudir a cualquier argumento para negar al país una reforma indispensable para moderar el gasto público y dar coherencia a la pléyade de regímenes de empleo existentes en el Estado.
El señalamiento importa porque el grupo de socialcristianos ha intentado disimular el fin último con cambiantes preocupaciones por la constitucionalidad y hasta con argumentos aparentemente radicales sobre la necesidad de hacer una reforma más profunda. En esa línea, han dicho que la ley no va suficientemente lejos aunque en otras ocasiones expresaron voluntad de negociarla con los sindicatos.
El desesperado abrazo al argumento de Villalta desnuda la realidad. La consulta, firmada en conjunto con los habituales opositores de la ley, contiene otros argumentos de menor calado. La Sala deberá pronunciarse sobre ellos, pero los propósitos de los socialcristianos, con la notable excepción de Erwen Masís, Aracelly Salas y María Vita Monge, quedan claros y los pone en contradicción con los lineamientos generalmente defendidos por el PUSC a lo largo de su historia y con la posición fijada por la candidata presidencial Lineth Saborío y sus asesores económicos.
LEA MÁS: Editorial: Un dictamen increíble
La candidata se pronunció a favor de aprobar la ley de empleo público para enviar un mensaje positivo a la comunidad internacional, haciéndole saber que el país va “en la dirección correcta”. No obstante, la participación socialcristiana en la consulta de constitucionalidad se hizo sin coordinación con ella, según la propia aspirante presidencial. El desacuerdo sobre una materia tan importante es inusitado y revelador del carácter impredecible de la bancada más desordenada del Congreso. El PUSC tiene por delante una difícil tarea de recuperación de la coherencia.