La ampliación de la carretera hacia Limón no estará lista el 22 de mayo del 2022. Si por la víspera se saca el día, la fecha llegará y pasará con un altísimo porcentaje de incumplimiento. Los trabajos se iniciaron el 20 de noviembre del 2017 y apenas se ha logrado un 37 % de avance. Ningún cambio significativo hace pensar en la conclusión del 63 % restante en una decena de meses.
Lo podíamos sospechar desde la solicitud de 800 días de prórroga planteada en marzo por la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC). El gobierno le concedió 421, elevando el total a 595. La empresa, dicen los supervisores del proyecto, ha trabajado 662 días desde la orden de inicio y solo dispone de unos 300 para completar el 63 % de la obra.
Ahora CHEC abandona las apariencias y propone entregar el trabajo inconcluso. Según la propuesta, el 22 de mayo del año entrante los constructores entregarían la carretera con lo logrado hasta entonces y de inmediato se iniciarían conversaciones para la firma de un nuevo contrato y la renovación del crédito con el banco Eximbank de China, fuente de $396 millones de los $465 millones de inversión.
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Entre las exageradas peticiones de prórroga y la propuesta de poner fin al contrato antes de terminada la obra no puede ser más obvia la renuncia a pretender, siquiera, una entrega a tiempo. La última propuesta de CHEC más bien anuncia el incumplimiento y pide a las autoridades nacionales aceptarlo.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como era de esperar, comunicó a la empresa su inmediato rechazo a la pretensión de dejar la obra sin terminar y echar al olvido los compromisos contractuales. La construcción ha enfrentado obstáculos desde el inicio, algunos de fuerza mayor, como la pandemia, y otros atribuibles al Estado costarricense, como la falta de expropiaciones.
No obstante, los atrasos fueron compensados con prórrogas, de conformidad con el contrato, y las expropiaciones marchan a un paso suficiente para ir construyendo conforme se completan los trámites en otros terrenos. Según la unidad ejecutora, 183 de los 503 terrenos necesarios ya pueden ser utilizados por la empresa constructora. Además, el MOPT tramita un presupuesto extraordinario para financiar las expropiaciones pendientes.
La extraña propuesta y el manifiesto deseo de CHEC de abandonar sus compromisos deben alertar al MOPT de la necesidad de intensificar la vigilancia por la ejecución del proyecto, sobre todo en vista de las disputas no resueltas, como la rehabilitación de los puentes mayores y la instalación de pasos de fauna. El Consejo Nacional de Vialidad no duda de adjudicar la responsabilidad de esas obras a la empresa, de conformidad con su interpretación del contrato, pero CHEC rechaza la obligación.
El MOPT está dispuesto a ampliar el contrato para incluir las obras complementarias, como aceras, bahías para autobuses, ciclovías, pasos peatonales y accesos a las comunidades, no contemplados en el acuerdo original, pero mantiene un firme rechazo al cambio radical de la relación contractual. Tampoco renuncia a la posibilidad de resolver las desavenencias mediante arbitraje internacional, aunque prefiere una solución más armoniosa.
Es la posición correcta. El planteamiento de CHEC es apenas comprensible. ¿Por qué haría Costa Rica borrón y cuenta nueva cuando ya existe un contrato y un acuerdo de financiamiento? ¿Por qué renovaría y ampliaría el contrato con una empresa que pretende dejar la obra a medio camino y, luego, renegociar las condiciones de la conclusión? ¿Qué pasaría, en ese caso, con los desacuerdos? Todo apunta a que la única opción para nuestro país es ceñirse a las condiciones del contrato, prepararse para un arbitraje y procurar un financiamiento alternativo para las obras complementarias, porque el del Eximbank sale caro, según la experiencia.