Treinta diputados recordaron a la Sala IV el vencimiento del plazo para responder una consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de ley para impedir la reelección indefinida de alcaldes. También pidieron la pronta resolución de la opinión consultiva a fin de tener oportunidad de convertirla en ley.
Se trata de una reforma política trascendental para el perfeccionamiento de la democracia, el debilitamiento de los cacicazgos y poner freno a la corrupción engendrada por la permanencia prolongada en el poder. La conveniencia de la reforma es obvia hasta para los observadores internacionales de los comicios costarricenses. Sin embargo, reunir la voluntad política para sacarla adelante ha sido difícil, no por falta de popularidad de la enmienda, sino por el formidable cúmulo de intereses creados en su contra.
Esa dificultad testimonia, por sí misma, la desmedida influencia del llamado “sector municipal”, incapaz de convocar a los electores a la urnas, pero con sobradas habilidades de negociación entre bastidores. Hizo falta un escándalo de las proporciones del caso Diamante para renovar el ímpetu de la reforma. Aun así, fue necesario derrotar maniobras de último minuto en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa para producir un texto aceptable. Ese proyecto está ahora en manos de la Sala Constitucional, con más de una semana de retraso.
La propuesta, aprobada en primer debate el 25 de enero, limita la reelección de alcaldes a dos períodos consecutivos y les exige una pausa de ocho años antes de aspirar a otro cargo municipal. La disposición responde al comprensible temor de los impulsores del proyecto a la aparición de alcaldes a la sombra, es decir, funcionarios con el poder político suficiente para seguir gobernando desde otros puestos.
Ese es el meollo de la consulta a la Sala Constitucional, porque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) objetó la imposibilidad de optar por otros cargos de elección popular en los gobiernos locales durante los ochos años de pausa. Según el TSE, la disposición afecta el derecho a ser elegido.
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La lógica detrás de la no reelección en otros cargos después de ocho años en la alcaldía es similar a la aplicada en el caso de este último puesto. También, responde a realidades bien conocidas de la política local. Con demasiada frecuencia, los eternos funcionarios municipales prolongan sus mandatos mediante prácticas clientelistas que, en la realidad, constituyen inadmisibles limitaciones al derecho a ser elegido.
Esa realidad afecta, también, el derecho a elegir, como queda claro por el enorme abstencionismo en los comicios locales. Los votantes, frustrados por la ventaja del alcalde en funciones, dejan de acudir a las urnas, como se constata en todas las elecciones municipales y en el altísimo porcentaje de alcaldes reelegidos, pese a sus pobres índices de desempeño.
La Sala Constitucional decidirá sobre el asunto de fondo, pero, no importa cuál sea su opinión, el desenlace debe ser fruto del proceso legislativo, no de la demora. A los diputados les quedan siete semanas en el cargo, incluida Semana Santa. La dilación podría dar al traste con la voluntad política existente, cuya construcción exigió enormes esfuerzos, en circunstancias muy particulares.
Esa voluntad tiene derecho a expresarse para legar al país una trascendental reforma política cuya conveniencia no se pone en duda fuera de los círculos directamente beneficiados por el statu quo. Los procedimientos y plazos se han cumplido de conformidad con la ley. Tienen razón los legisladores al urgir la resolución.