El proyecto de ley para limitar la reelección de alcaldes avanza a paso acelerado en la Asamblea Legislativa. Es motivo de celebración y cautela. Si llega a buen puerto, será una reforma trascendental, pero perfectamente podría convertirse en un cambio para lograr que todo siga igual, como los acostumbrados por algunos sectores políticos cuando no les queda más recurso que ceder o aparentarlo.
El proyecto permitiría a los alcaldes permanecer en el cargo dos períodos consecutivos y buscar la reelección tras una pausa de cuatro años. En ese lapso, podrían hacerse elegir en otros cargos, como la vicealcaldía o un puesto de regidor. Ocho años son demasiados, especialmente si se les suma la posibilidad de permanecer en el poder a la sombra durante los cuatro años de espera.
Si la enmienda se aprueba en esas condiciones, habremos hecho un cambio para asegurar el statu quo, y hay fuerzas en el Parlamento interesadas en lograrlo. El poder de los alcaldes, momentáneamente menguado por la Operación Diamante, sigue en pie con todo y sus aliados parlamentarios.
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Víctor Morales Mora aprovechó el primero de los dos días de presentación de mociones para intentar una solución. Propone asimilar la reelección de alcaldes a la de diputados y presidente: un período de espera después de cuatro años en el poder, en el primer caso, y dos períodos de espera, en el segundo.
La conveniencia de la reforma es obvia después de los acontecimientos recientes. Lo inexplicable es que no se hubiera hecho antes, cuando solo implica imponer a los gobiernos locales reglas vigentes para la administración del país. ¿Por qué podría alguien imaginar conveniente la permanencia de un alcalde durante décadas cuando el sentimiento democrático y el temor a los excesos del poder fundamentan la imposición de límites a la reelección del presidente y diputados?
Morales, quien fue alcalde de Aserrí, planteó una segunda moción para ampliar el período de espera a ocho años. Podría ser mejor, en vista de la baja participación en las elecciones municipales y el desestímulo al surgimiento de nuevos liderazgos causados, al menos en parte, por la enorme ventaja electoral de hacer campaña desde el poder.
La expresidenta Laura Chinchilla Miranda aludió a esos problemas cuando exhortó a los diputados de su partido a sumarse al esfuerzo por limitar la reelección de los alcaldes, calificada por ella como “una práctica que atenta contra la democracia tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El llamado de la exmandataria trasciende los efectos de la Operación Diamante para recoger clamores de larga data, sofocados por el poder de los alcaldes en el Congreso. La reforma nunca fue posible porque es inútil pedir al poder que reforme el poder, como repiten hasta la saciedad los analistas. La reforma política necesaria más bien se venía dando a la inversa: la promovían los alcaldes para acrecentar su influencia.
Dentro de los partidos políticos, concretaron cambios para facilitar su propia representación en las listas de candidatos a diputados e intentaron, en el caso del Partido Liberación Nacional, sustituir la convención para escoger al aspirante presidencial. También se constituyeron en base política de una candidatura. En el Congreso, promovieron reformas que van desde la exención de la regla fiscal y el levantamiento del límite de los ingresos por impuesto sobre los bienes inmuebles dedicados a gastos administrativos hasta la transferencia a sus arcas de fondos del Consejo Nacional de Vialidad.
La reforma política al revés debe cesar. La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de ponerle fin como nunca antes pareció posible. El proyecto de enmienda resucitado por la Operación Diamante dormía el sueño de los justos. Todos debemos permanecer atentos para que no vuelva al sopor o que, después de los “cambios”, siga igual.