«Avanzaremos en el tema del respeto al derecho de rango legal a la portación de armas —en forma regulada— como una manera de prevenir la violencia y de proteger legítimamente la vida humana y los bienes personales», dice el plan de gobierno del Partido Liberación Nacional (PLN) en un apartado titulado «El respeto a la legítima defensa: un derecho ciudadano inviolable».
La propuesta desconcierta por varios motivos, comenzando por el título. En efecto, la ley reconoce el derecho a la legítima defensa. El artículo 28 del Código Penal lo acoge como causa de justificación cuando declara: «No comete delito el que obra en defensa de la persona o derechos, propios o ajenos». Esa formulación no guarda relación alguna con la portación de armas.
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Por el contrario, para aplicar la causa de justificación, el artículo exige, además de una agresión ilegítima o la presencia amenazante dentro de una edificación de quien no tiene derecho a estar en ella, la «necesidad razonable de la defensa empleada para repeler o impedir la agresión». En otras palabras, dependiendo de las circunstancias, el uso de un arma de fuego podría entenderse como innecesaria y terminar en una condena por homicidio.
Tampoco se entiende la insistencia en el «rango legal» del «derecho» a la portación de armas. La frase parece una confusa traslación de los términos del debate estadounidense a la realidad local, muy diferente. En Estados Unidos, los defensores de la portación de armas (no obstante las frecuentes masacres) insisten en el rango constitucional del derecho a armarse. En Costa Rica la portación de armas es materia de ley, y el legislador puede restringirla a su antojo siguiendo las normas usuales de creación de las leyes.
Afirmar que es de «rango legal» es decir que la ley lo permite, o no lo prohíbe, pero no lo eleva a derecho fundamental como, por ejemplo, la libertad de expresión o de empresa. Por consiguiente, señalar que es de «rango legal» es, prácticamente, no decir nada, y eso causa sorpresa en un plan de gobierno.
Más desconcertante aún es la rotunda afirmación de la portación de armas «como una manera de prevenir la violencia y de proteger legítimamente la vida humana y los bienes personales». Un plan de gobierno debe basarse en la ciencia, y el estado actual del conocimiento criminológico pone la aseveración en duda. Abunda la literatura sobre la relación entre la tenencia y portación de armas y la violencia.
La cercanía del arma facilita el peor desenlace en casos de violencia doméstica y convierte en tragedia la más intrascendente discusión de vecindario. No son raros los homicidios por disputas de tránsito cometidos por personas sin antecedentes penales con un arma en la guantera. Las armas también facilitan suicidios y accidentes, a menudo protagonizados por niños. En cambio, hay un puñado de casos de defensa personal exitosa. Los estudios más bien documentan el peligro de intentar repeler una agresión a balazos. El delincuente tiene la iniciativa y la falta de escrúpulos. Por eso, la mayor parte de las veces el ciudadano armado termina muerto o herido.
Pero lo más desconcertante de la propuesta liberacionista es la posición radicalmente contraria defendida por el candidato presidencial de la agrupación hace apenas cuatro años. En un debate organizado por «Noticias Columbia», en marzo del 2017, el precandidato Sigifredo Aiza preguntó a José María Figueres si estaba de acuerdo con la tenencia de armas en la casa. La respuesta no se hizo esperar: «No, señor; no estoy de acuerdo con eso, y no estoy de acuerdo con eso porque las y los ciudadanos no deberíamos tomar la ley en nuestras propias manos… hay jurisprudencia internacional suficiente que demuestra que eso no mejora la seguridad ciudadana y se presta para todo tipo de accidentes muy lamentables». Ese mismo día, Figueres reiteró su posición en un tuit: «No estoy de acuerdo en que los costarricenses tengan un arma en su casa, creo en reforzar la seguridad pública y privada».
El expresidente tenía razón en aquel momento. Sus opiniones estaban en consonancia, si no con la jurisprudencia, que no es la encargada de estudiar estos fenómenos, sí con la criminología y otras disciplinas de los estudios sociales. ¿Habrá cambiado de opinión o será lo sucedido reflejo de la descuidada redacción del programa de gobierno?