Un confuso artículo del diputado Daniel Ulate, publicado en estas páginas el jueves, procura refutar nuestro editorial del 8 de noviembre, titulado “Insinuaciones, contradicciones y anónimos”. Sus imprecisiones, omisiones y faltas a la lógica son fáciles de demostrar, como lo haremos a continuación.
El legislador repartió un panfleto sin firma en el plenario de la Asamblea Legislativa para señalar la presencia de dos directivos de la Cervecería Costa Rica en la Junta Directiva de La Nación. Esa información es pública y aparece en las páginas de las dos empresas en Internet. Su divulgación a nadie ofende. La pregunta es si la dignidad del cargo es compatible con la difusión del dato mediante un panfleto anónimo, con dibujo de cajitas y siluetas como si se tratara de la revelación de una conspiración siniestra. Ulate conoce la respuesta. Por eso, insiste en que la información le fue proporcionada por terceros y solo la “compartió” con otros diputados, pero en ningún momento se refiere al método empleado.
La imagen de un diputado con una resma de hojitas en la mano que contenían un mensaje anónimo, repartiéndolas de curul en curul para atacar a un periódico crítico de sus actuaciones, basta para entender la omisión. Es seguro que la Asamblea Legislativa no presumirá del método en foros internacionales. La escena se complementa con las contradictorias respuestas del legislador cuando nuestro periodista lo confrontó con los hechos. Busque el lector el artículo del diputado Ulate (“A propósito de ‘La Nación’ y la Cervecería”, 14/11/2019) e intente encontrar la más sucinta referencia al panfletito. No la hallará.
Acto seguido, escribe el diputado Ulate: “La Nación se hace eco de la única visita a mi despacho hecha por el exministro de Transportes Bernardo Arce, sin especificar que la reunión giró en torno a temas de carácter general, entre ellos la tecnología disponible en el mundo para la trazabilidad fiscal, pero no menciona que el encuentro tuvo lugar casi un mes después de presentado el proyecto de ley”. Falso. Nuestra edición del 8 de octubre, entre otras, consigna con toda claridad que la reunión con Arce “se produjo 23 días después” de la presentación del proyecto.
El dato había aparecido, con toda claridad, en la edición del 10 de noviembre, dos días antes de la fecha del artículo enviado a este diario por Ulate.
Como es obvio, no podíamos “especificar que la reunión giró en torno a temas de carácter general, entre ellos la tecnología disponible en el mundo para la trazabilidad fiscal” porque solo los presentes saben el contenido de la conversación. Nuestras informaciones señalaron que el principal promotor del proyecto de trazabilidad recibió en su despacho a un agente de Sicpa, empresa proveedora vinculada al expresidente José María Figueres, pero no podían relatar lo conversado.
Sin embargo, el país ha conocido otras coincidencias. El 29 de junio, menos de dos meses antes de la presentación del proyecto de ley, ejecutivos de la misma empresa expusieron su producto al viceministro de Hacienda Nogui Acosta. Para entonces, ya había fracasado una moción del diputado Ulate para incorporar en la reforma fiscal la exigencia de contratar un método similar. Las gestiones de Sicpa, a las cuales debemos agregar el desayuno del expresidente Figueres en el Banco Central, el 18 de febrero, con los jerarcas de Hacienda y del instituto emisor, han sido una constante antes y después de la presentación del proyecto.
También llama la atención que el exministro y representante de Sicpa visitara al diputado para hablar de generalidades, entre las cuales aludió, casualmente, a “la tecnología disponible en el mundo para la trazabilidad fiscal”, un asunto tan próximo a los esfuerzos emprendidos por Ulate desde la tramitación de la reforma fiscal y tan ligado a intereses específicos de su visitante.
Más adelante, el diputado escribe: “Tampoco menciona el constante lobby que efectúan representantes de Fifco en despachos de varios diputados, información que puede ser corroborada en el registro de visitas de la Asamblea, de la misma forma como los periodistas de ese medio solicitaron los ingresos de las personas que visitaron mi oficina”. En efecto, nuestros reportajes tratan sobre las dudas generadas por el proyecto, no sobre la oposición ejercida por una o varias empresas.
El lobby de la Cervecería no es nuestro punto de partida, sino la oposición del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y las cámaras empresariales. El diputado Ulate pretende imponer su criterio por encima de la opinión de los técnicos encargados de la recaudación para quienes el sistema produciría más gastos que ingresos. Además, los legisladores empeñados en impulsar el proyecto citan insistentemente el ejemplo de países en los cuales Sicpa provee el servicio, incluido Brasil, donde la contratación dio pie a un escándalo y la condena de un vicepresidente de la empresa a más de 11 años de prisión por soborno. Las razones citadas, y el fuerte lobby de Sicpa, mediante visitas al Banco Central, ministerios y el Congreso, son más que suficiente justificación para el interés periodístico.
Cabe señalar que, además, La Nación difundió las insinuaciones del diputado, que hacen a un lado los legítimos motivos para cuestionar el proyecto de ley y nos implica sin razón en la defensa de intereses de la Cervecería. Dimos a conocer esas insinuaciones y más bien fue Ulate quien no se animó a reiterarlas cuando lo confrontamos. Cuando se le preguntó si insinúa que La Nación denunció el proyecto de etiquetado porque comparte directivos con Fifco, respondió con un contundente “no, no, no”. Más adelante, cuando se le preguntó si sus alusiones a “la parte empresarial” tenían el mismo propósito, respondió: “No, yo no tengo pruebas para decir esto”.
“Omite La Nación, en su editorial, que los datos de costos proporcionados por un exviceministro de Ingresos, en la Comisión de Asuntos Económicos, fueron erróneos y debieron desmentirse”, escribe más adelante el diputado. Es él quien omite que el primer cálculo de Hacienda fue corregido y el resultado es, de todas formas, negativo para el proyecto. Este diario lo informó el 10 de noviembre: “El informe de Hacienda aclara que las estimaciones sobre la cantidad de envases se actualizaron con respeto a las cifras que se le presentaron a la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos, donde se estudió la propuesta de Ulate, pues, inicialmente, quienes hicieron el estudio confundieron el porcentaje del volumen de alcohol con la cantidad de mililitros de alcohol en cada envase, lo cual distorsionó el primer cálculo”. ¿Por qué oculta el legislador la existencia del informe corregido?
Más adelante, escribe: “De manera sucinta, se menciona mi moción para que en la contratación del sistema de trazabilidad no se permita la participación de empresas con antecedentes de corrupción o que se encuentren relacionadas, directa o indirectamente, con la industria porque se corre el riesgo de un conflicto de intereses, pero olvida, quien escribe el editorial, que en una moción posterior se amplió la prohibición a las filiales de las empresas, sus directivos y representantes”.
Omite señalar, el diputado, que la primera moción fue presentada para salir al paso de las dudas surgidas de nuestros reportajes y, la segunda, cuando señalamos la insuficiencia de la primera para garantizar la exclusión de proveedores cuestionados. El editorial al cual responde Ulate fue redactado el 7 de noviembre para ser publicado el 8. La segunda moción fue presentada el 5 de noviembre a las 4:37 p. m. a la Secretaría del Directorio, donde la publicidad de las iniciativas es poca. Fue el 11 de noviembre, cuando se abrió el período de mociones, que la del legislador llegó a la comisión.