En las instituciones del Estado, particularmente cuando se trata de actividades objeto de regulación prudencial, como la banca y los seguros, la necesidad de evitar la aparición de conflictos de intereses es clave. Según la definición estándar, media enfrentamiento de intereses distintos cuando exista alguna circunstancia capaz de influir en un funcionario para tomar una decisión desviada de la razón de ser del ente para el cual trabaja.
Nadie debe tomar una decisión oficial cuando pudiera existir incompatibilidad con la misión institucional. Así, por ejemplo, un analista de crédito debe abstenerse de recomendar un préstamo cuando el solicitante sea miembro de su familia. En algunos países, los accionistas y jerarcas, miembros de juntas directivas y ejecutivos con poder de decisión en empresas cotizadas en la bolsa no pueden comprar ni vender títulos emitidos por la sociedad (acciones, bonos) sin dar un aviso público previo. Así, se les impide hacer uso de información confidencial para beneficio propio.
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En el sistema financiero, las operaciones de las personas expuestas políticamente (miembros y exmiembros de los supremos poderes; destacados formadores de opinión, etc.) son objeto de riguroso estudio a efectos de cumplir la política antilavado. La normativa prudencial también pide a toda sociedad o persona que ofrezca servicios externos (tercerización o outsourcing) a empresas reguladas cumplir las mismas normas en favor de la transparencia y contra la discriminación, entre otras.
La literatura sobre potenciales conflictos de intereses, y cómo tratarlos, es muy amplia. Entre otros organismos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Comité de Basilea tienen publicaciones al respecto con la intención de servir de guía. Entre los asuntos está el conocido como revolving doors (puertas giratorias). El concepto ilustra lo que ocurre cuando funcionarios de entidades reguladas pasan a ser reguladores y viceversa, pues las transiciones pueden acarrear conflictos de intereses.
Un servidor en un órgano regulador podría tratar con cierta preferencia a un regulado si este le hiciera una buena oferta de empleo y, al revés, un empleado, accionista o ejecutivo de una empresa regulada podría tener el deseo de formar parte, por lo menos temporalmente, de un ente regulador para influir en la adopción de una normativa más favorable a su empresa o gremio.
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Conflictos de esta naturaleza pueden surgir entre servidores de la oficina de tributación de un país si planean laborar para firmas de auditores privados. También entre funcionarios de entes reguladores del transporte público quienes, posteriormente, pasarán a desempeñarse en empresas bajo control estatal. Lo mismo puede ocurrir con agricultores nombrados en cargos de dirección en el Ministerio de Agricultura y Ganadería o entre miembros de la prensa si utilizan sus publicaciones para alentar sus intereses, como sería la difusión de las bondades de empresas donde son accionistas.
El paso del sector regulado al regulador ofrece la ventaja de permitir a expertos, conocedores de un fenómeno, contribuir a mejorar el control, pero, si no hay vigilancia, también podrían darse abusos. La solución típica a los potenciales conflictos de intereses va desde la divulgación (por ejemplo, informar que la familia cultiva arroz y la persona se desempeña temporalmente como alto funcionario del MAG) y abstenerse de participar en las decisiones en las cuales exista el conflicto (aprobación de préstamos solicitados por familiares), hasta los períodos de enfriamiento —en algunos medios un año y, en otros, hasta cinco— antes de pasar de un lado de la puerta al otro.
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Un caso que con sobrada razón despertó interés es el de Bernardo Alfaro, por lo demás, un destacado profesional, quien después de ejercer durante muchos años altos cargos en el Banco Nacional de Costa Rica, entidad a la cual llama “mi casa”, pasó a desempeñarse como superintendente general de entidades financieras, y recién cruzó la puerta en dirección contraria para aceptar el cargo de gerente general del Banco Nacional. De regulado a regulador, y viceversa.
No todos los casos de materialización de conflictos de intereses pueden definirse ex ante, tipificar y prohibir, pero casi todos son fáciles de identificar ex post. Por eso, conviene que el caso citado sea objeto de análisis por un comité de expertos en gobierno corporativo para acreditar la congruencia con las mejores prácticas financieras prescritas por la propia OCDE.