En el 2022, la cobertura boscosa de Costa Rica comprendió el 57 % del territorio nacional y las áreas silvestres protegidas ocuparon el 25,5 % del espacio terrestre e insular, además del 30,3 % del área marítima. El país es un ejemplo en estos rubros y está entre pocos con el mérito de haber recuperado bosques después de la terrible deforestación de hace décadas. Además, es pionero en el pago por servicios ambientales.
No obstante, estos méritos sufren menoscabo por la operación de la flotilla de transporte más contaminante de Centroamérica y, recientemente, el modesto pero significativo retroceso en la generación de energía limpia. Según el más reciente informe del Estado de la Nación, “el sector forestal, por sí solo, no puede compensar ni absorber las emisiones de todos los sectores económicos: energía, agricultura, procesos industriales y residuos sólidos”.
No podemos darnos el lujo de ceder un centímetro en la protección de las áreas silvestres, pero debemos avanzar kilómetros en materia energética, y la adopción del transporte eléctrico es indispensable para lograrlo. No hay una medida más urgente y eficaz para cerrar la brecha entre nuestras prácticas y la vocación ambientalista del país. El transporte consume el 84 % de los hidrocarburos importados y pone un límite difícil de superar a la reducción de emisiones contaminantes, según datos publicados en la edición de hace dos años del mismo informe.
La cancelación de los planes para construir un tren ya financiado con condiciones favorables fue un error. La idea de revivir el proyecto, o partes de él, a partir de cero, exigirá análisis cuidadosos y consumirá tiempo. Las exenciones concedidas a los automóviles operados con electricidad también han sido objeto de cuestionamiento por el limitado influjo del beneficio en el precio final y los ensayos con autobuses eléctricos avanzan a paso lento cuando en países cercanos ya hay líneas regulares con esa tecnología. El posible papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el transporte masivo de personas y el interés en el negocio de un actor y empresario de la India también han creado confusión.
La electricidad, amén de independizar al país de los hidrocarburos y el vaivén de sus precios, se genera a partir de fuentes limpias y abundantes en el territorio nacional, pero tampoco hay claridad sobre el desarrollo de esos recursos. Luego de un intenso debate en torno a la generación distribuida, el Estado aprobó la ley y con ella asumió tácitamente el compromiso de estimular la instalación de paneles solares en edificios y empresas. No obstante, quienes emprendieron esa ruta se quejan de un súbito cambio en las reglas del juego, capaz de anular las ventajas esperadas.
La generación distribuida permite a personas y empresas producir electricidad de fuentes renovables, como la solar y la eólica, para autoconsumo con la opción de vender los excedentesa la distribuidora regional de electricidad. Ahora, esas distribuidoras exigen reemplazar los contratos para cobrar tarifas que los productores no pagaban antes. El efecto de esas tarifas es muy considerable, al punto de desajustar los esquemas de financiamiento utilizados para adquirir los paneles solares.
Las incongruencias y los pasos en falso son numerosos y en demasiadas ocasiones desembocan en la parálisis y postergación de medidas urgentes para procurar un equilibrio entre nuestras considerables capacidades de neutralización de las emisiones y nuestra también considerable dependencia de los hidrocarburos.