Según Yamileth González, exrectora de la Universidad de Costa Rica, la ley de empleo público es una amenaza para la calidad de la educación superior. Pero el también exrector Henning Jensen advirtió, a mediados del 2018, de una amenaza grave e incontrovertible: el irresponsable aumento de incentivos salariales durante la administración de González.
Entre el 2010 y el 2017, los pagos por anualidades y escalafón pasaron de ¢22.800 millones anuales a casi ¢60.000 millones y contribuyeron significativamente al deterioro de las finanzas universitarias, destinadas hoy al despeñadero en todos los centros de educación superior públicos, por razones similares, si no se adoptan urgentes correcciones.
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En el 2010, con González como rectora, el Consejo Universitario acordó aumentar las anualidades del 3 % al 5,5 %. Lo hizo de manera ilegítima, según Jensen, sin estudios de impacto financiero ni requerimiento de la convención colectiva, en la cual solo se establecía el 3 %. El obsequio superaba en mucho la inflación y ejemplifica el uso arbitrario de la tantas veces pregonada autonomía.
Según Jensen, heredero de la situación financiera agravada e insostenible, «fue una decisión política», «lesiva» para las finanzas de la institución. Así, fue como la Universidad de Costa Rica llegó a pagar prácticamente lo mismo por salarios base y años de servicio, con el silencio cómplice y complacido de los beneficiarios.
En plena administración Jensen, la imposibilidad de mantener el privilegio se hizo evidente. El único remedio a mano era la reforma. A duras penas el rector logró volver al 3 % de la convención colectiva a partir del 1.° de enero del 2018, pero el remedio fue efímero. En marzo de ese mismo año, los defensores de la «autonomía» lograron «reivindicar» el 3,75 %, pero calculado sobre el ingreso total (salario más pluses), en lugar de partir únicamente del salario base, como es la práctica normal.
Los excesos en las remuneraciones de una parte del sector público nacen de una compleja red de privilegios, muchos de ellos interconectados. La idea del ruinoso aumento en las anualidades surgió de un juicio ganado por los odontólogos para exigir a la universidad el pago de los beneficios contemplados por la abusiva ley de incentivos médicos, que en algún momento fue criticada hasta por un sector de los sindicatos. Entonces, al Consejo Universitario y a la rectora les pareció equitativo extender la anualidad del 5,5 % a toda la comunidad universitaria.
Ya en el 2015 un estudio de la Comisión para el Análisis del Sistema de Administración de Salarios señaló que la anualidad pasó de representar el 29 % del salario total en el 2009 al 35 % en el 2014. El mismo estudio indicó que el costo de las anualidades era, en ese momento, un 27 % mayor por calcularse sobre la suma del salario y los pluses. En los años siguientes, la bola de nieve siguió creciendo.
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La moraleja es que las universidades, conducidas como en los últimos años, son la peor amenaza para sí mismas. Por meras razones de conveniencia y política interna son capaces de ponerse en ruta al despeñadero y, luego de comprender la inminencia del desastre, son incapaces de corregir el rumbo.
La administración de la exrectora González es el mejor ejemplo de las imperiosas razones para aprobar una ley marco del empleo público. Los recursos públicos, en este caso los invertidos en educación superior, no deben estar a expensas de decisiones políticas, sin sustento técnico ni relación con la realidad nacional. En efecto, la calidad de la educación superior está amenazada… por la burocracia universitaria.