La cartera de créditos del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) asciende a ¢135.000 millones, y el 22% (¢30.000 millones) está en cobro judicial. Ninguna otra entidad financiera soportaría ese grado de morosidad. El inventario de propiedades adjudicadas al Instituto por falta de pago consiste en más de 124 fincas cuyo mantenimiento ha costado ¢1.000 millones.
La venta de esos activos no parece estar en los planes, como sucedería, con mucha urgencia, en cualquier otra institución financiera. Por el contrario, el Infocoop impulsa un proyecto de ley para asegurar la permanencia de los bienes en su poder. La propuesta fue objetada por la Contraloría debido a “grandes riesgos financieros” para el Instituto y los fondos públicos involucrados.
La idea es poner a disposición de las cooperativas las propiedades adjudicadas al Infocoop por falta de pago en lugar de sacarlas a remate. Así, las garantías se transformarían en inmuebles dados en usufructo por 10 años prorrogables, o alquiladas y vendidas directamente.
El planteamiento se asemeja mucho a lo ocurrido con dos propiedades adjudicadas al Instituto y explotadas por sus antiguos dueños, las cooperativas morosas. El Infocoop atribuye la situación a estrategias judiciales desarrolladas por las cooperativas para evitar el desalojo, pero, en la práctica, los efectos no distan de los pretendidos por el proyecto de ley.
El Consorcio Cooperativo Hotelero, por ejemplo, perdió el llamado Hotel del Sur, en Pérez Zeledón, por el impago del crédito de ¢1.588 millones, pero pasado más de un año desde la adjudicación al acreedor, todavía lo explota comercialmente. Algo parecido sucedería si la ley se aprueba, salvo la improbable prohibición de favorecer con los bienes a las organizaciones con antecedentes de morosidad. Eso sucede en cualquier otra entidad financiera, pero no en el Infocoop.
La ley encontró padrinos en el Partido Liberación Nacional y de su mano avanza en el Congreso. La misma agrupación impide incluir a las cooperativas entre los obligados a pagar impuestos y uno de sus diputados hasta contempla la posibilidad de conceder la revisión técnica de vehículos al cooperativismo.
Hay cooperativas exitosas, y esas no necesitan el apoyo del Infocoop. Otras son viables, pero esa condición solo se les debería reconocer después de rigurosos análisis financieros y del modelo de negocio. En esos casos, el Infocoop debería cumplir su misión de fomento, pero el negocio recurrente del crédito fallido sin consecuencias constituye un abuso intolerable.