La rápida aplicación de la vacuna contra la covid-19 es fundamental. A pesar del gran esfuerzo del Ministerio de Salud y la Caja, el avance ha sido más lento de lo que la mayoría quisiéramos. Al martes pasado, menos del 10 % de la población había recibido la primera dosis de la vacuna y apenas el 5 % ya tenía las dos. A este ritmo, no se llegará ni a un 20 % de los costarricenses vacunados a fin de año, en contraste con el 60 % que el gobierno estimada estarían inoculados.
El problema es que encaramos una nueva ola de contagios, que nos pone a temblar a la mayoría. Además, reviven las amenazas de imponer nuevamente fuertes restricciones. Tras de eso, la Embajada de Estados Unidos advierte a sus ciudadanos sobre los riesgos de venir a turistear a Costa Rica porque podrían contraer la enfermedad del coronavirus. El efecto en la actividad económica y el empleo puede ser la estocada final para muchos.
Una posible manera de acelerar el proceso de vacunación es aceptar la participación de privados en la compra y distribución de vacunas. La reacción inicial, especialmente de los involucrados en la autorización, es decir que no se puede.
Alegan que las empresas farmacéuticas productoras de vacunas únicamente venden a gobiernos, no a privados. También está el aspecto de los registros, los cuales suelen ser engorrosos, y el control de calidad necesario. Otro es el cuestionamiento ético porque algunos serían vacunados antes que otros, por el simple hecho de tener más dinero. Pero, como dicen, hace más el que quiere que el que puede.
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Primero, hay farmacéuticas con vacunas disponibles para venderles a privados. Segundo, sin eliminar los controles del Estado, dada la emergencia nacional, a las autoridades les es posible un esfuerzo para que los registros salgan en el menor tiempo posible.
En la cuestión ética, el presidente Alvarado lo dilucidó claramente al invitar a los costarricenses a viajar al extranjero a vacunarse, y con ello quedarán más dosis disponibles localmente para quienes carezcan de medios para ir fuera.
No se trata de poner a pelear lo público contra lo privado, sino de ver qué se hace para que lo público y lo privado ayuden juntos a resolver los problemas del país.
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El autor es economista.