La frase de Gustavo Rojas sobre la controversia por el Conservatorio de Castella “Yo pasaré a la historia como el asesino de la cultura...” tiene mucho de pretenciosa, pues la cultura trasciende las artes, pero pasará a la historia, en efecto, por un acto distinto, por haber desacatado la voluntad de Carlos Millet de Castella al vender el teatro Arnoldo Herrera.
Con fecha 24 de setiembre del 2001, la Procuraduría General de la República emitió una opinión jurídica no vinculante sobre una consulta hecha por un diputado relacionada con el decreto 29324-MEP, firmado por el entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez.
La Procuraduría analizó los antecedentes, incluido el testamento de Carlos Millet de Castella. Del documento cabe destacar la “expresa condición” del testador: “Pido que ese Centro Cultural lleve el nombre de ‘Conservatorio de Castella’ en recuerdo de mi madre. Cláusula Décima: Lego al Conservatorio de Música, además de los cien mil colones, el lote de terreno de que soy dueño, situado frente al Costado Norte de la Sabana con la expresa condición de que dicho Conservatorio sea construido en ese lote”. Ergo, Rojas actuó a contrapelo del deseo de Millet.
La naturaleza jurídica de ente privado del Conservatorio es innegable, al igual que el interés público, pero como apuntó la Procuraduría, “el hecho de que el Conservatorio de Castella desarrolle una actividad que se entiende es de interés público, sea la educación y el desarrollo de las vocaciones artísticas, y que haya recibido a razón de ello subvenciones o donaciones estatales, no conlleva por este solo motivo sostener que su carácter sea el de un ente de carácter público”.
En ese sentido, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, tiene razón al decir que “La fundación puede construir lo que ellos deseen, es una fundación privada y no tiene ningún vínculo con el Ministerio de Educación Pública”, como declaró al medio digital El Observador.
El MEP solamente tiene la obligación de coordinar e inspeccionar la educación que se imparta en todo centro docente privado.
El Conservatorio de Castella es un centro fundamental para una educación basada en las artes y su contribución al país es generosa en resultados, pero es momento de plantearse si la controversia entre la fundación presidida por Gustavo Rojas y la Junta Administrativa es acorde con la voluntad expresada por De Castella. Han demostrado que no, y el país no está para caprichos. Si desean funcionar como escuela y colegio privados, deberán procurarse los recursos en ese ámbito. Roma locuta, causa finita.
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La autora es editora de Opinión de La Nación.