El Ministerio de Educación (MEP) de los últimos 20 años debe cambiar. Estamos claros en que la oferta educativa debe ser adaptada a la nueva demanda de trabajo, de habilidades digitales, de estudiantes de carreras STEAM (ciencias, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés).
El sistema debe buscar un método que gradúe alumnos que dominen el inglés y seleccione a los mejores educadores. El problema es el cómo, pues de estudios y diagnósticos estamos inundados.
A lo largo de dos décadas, a pesar de que el número de alumnos y escuelas decreció y el presupuesto del MEP creció, la calidad retrocedió. Es urgente superar el terrible rezago de conocimientos debido a huelgas, falta de conectividad, mala preparación de las educadores, desmotivación, inflexibilidad, infraestructura deteriorada, programas de estudios incompletos, inamovilidad, mala gestión de los recursos humanos, interminables incapacidades de los educadores, complejos procesos administrativos y sanciones, desgobierno y complicadas relaciones administrativas.
Las juntas de educación fueron creadas para dirigir los aspectos académicos y pedagógicos de los centros educativos. La visión de los legisladores fue que las juntas sean un apoyo para vigilar la calidad de la educación pública y coordinar esfuerzos con las comunidades. Nada de esto se cumple.
Dirigentes municipales y el propio MEP las convirtieron, en muchos casos, en botines políticos y les quitaron su razón de ser para delegar en ellas funciones administrativas, como el cuidado y vigilancia de los centros educativos, la infraestructura, la administración de comedores y subsidios de transporte.
Las juntas de educación reciben directrices, pero no tienen ninguna responsabilidad, y menos creatividad, como lo exigen las actuales necesidades de escuelas y colegios.
Las juntas están amarradas y son inoperantes, sobre ellas recaen decenas de funciones que les asigna el complejo sistema burocrático del MEP. No reciben retribución y su servicio está basado en el voluntariado.
Las llenan de más y más funciones, y de manejo de recursos que por la inmensa diversidad cada vez las tornan más ineficientes. Tienen más de 10.000 cuentas corrientes abiertas y serios problemas de control. Estamos ante problemas de gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia.
La ingobernabilidad
El MEP maneja un presupuesto de ¢2,5 billones, de los cuales el 61 % se gasta en remuneraciones y el 36 % le corresponde al FEES.
La planilla del MEP la conforman 94.000 funcionarios, entre estos, el ministro, 3 viceministros, 15 altas direcciones, 66 departamentos, 363 asesores, 27 direcciones regionales, 207 circuitos, miles de administrativos, directores, maestros, cocineras, conserjes, vigilantes, guardas, oficinistas, orientadores y bibliotecólogos.
Los sindicatos prácticamente cogobiernan a través de la comisión paritaria u órgano regulado por el derecho laboral que se encarga de las soluciones de los conflictos e interpretación o aplicación de los convenios colectivos con rango constitucional.
En las comisiones paritarias se discuten salarios, licencias, estabilidad, capacitación, salud, carrera docente, cargas horarias, infraestructura e incompatibilidades. Los sindicatos de educación tienen gran poder político.
Un ministerio con tales características carece de tiempo y capacidad para dedicarse a su labor principal, a saber, la educación. Mientras la estructura permanezca intacta es imposible sacar provecho de los millones de millones de colones asignados, los alumnos continuarán siendo las víctimas y el país quedará estancado durante quién sabe cuántos lustros más.
Delegación
El MEP es una institución gigante, donde la ministra o el ministro de turno tiene poca o nula capacidad de echar a andar las transformaciones, salvo que cambie la estructura mediante una ley. El modelo debe ser ágil, pequeño, tecnológicamente avanzado y productivo.
Todos los servicios públicos exigen mediciones, pero sobre todo la educación. Para educar bien hay que escoger a los mejores profesores y exigir evaluación y capacitación periódicas con base en resultados. No debemos permitir que los alumnos pierdan lecciones por culpa de la burocracia.
Las universidades públicas y privadas deben comprometerse con la graduación de educadores de calidad. No debemos posponer las mediciones internacionales a que deben someterse profesores y alumnos. Hay que exigir disciplina y esfuerzo.
Planes de nivelación o más diagnósticos son innecesarios. Lo ideal es que con transparencia deleguemos en forma ordenada, por etapas, las responsabilidades a las cooperativas o la operación de los centros educativos a asociaciones civiles, y que las juntas de educación sean las vigilantes de la calidad y el desarrollo del programa.
Otro esquema son las alianzas público-privadas con diferentes actores para trabajar en áreas puntuales. Universidades públicas y privadas, al igual que colegios modelo pueden unirse en esta cruzada.
Es difícil seguir pensando que vamos a ser un país bilingüe si solo el 6 % de los alumnos provenientes de colegios públicos logran un dominio intermedio (B2) y el 94 % de los estudiantes que realizan el examen de diagnóstico de matemáticas de la UCR lo reprueban.
La tragedia se repite en lo tocante a capacidades lectoras y escritura, que afecta a cuatro generaciones en primaria. De mantener el actual esquema, estamos condenando a nuestra sociedad a más pobreza y violencia.
jorge.woodbridge@icloud.com
El autor es ingeniero.