Mónica Araya, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), promovió la revisión de computadoras asignadas a los integrantes de la Junta Directiva para determinar si alguno de ellos filtró el acta de la sesión donde se aprobó un aumento salarial retroactivo para más de 2.000 trabajadores. La iniciativa preocupa en múltiples planos. Es violatoria de la privacidad, el acceso a la información, los compromisos políticos adquiridos por el gobierno a lo largo de la campaña electoral y el sentido común.
La oferta electoral del Partido Progreso Social Democrático incluía la promesa de incrementar la transparencia al punto de transmitir las sesiones del Consejo de Gobierno y, desde luego, las deliberaciones de las demás instituciones. El presidente de la República, con buenas razones, renegó de la promesa en cuanto a las reuniones del gabinete, pero su equipo de gobierno se dedicó a incumplirla desde el primer momento en todos los niveles de la administración.
El INS es el caso más grosero, pero en ninguna entidad mejoró el acceso a la información, y otras instituciones, como Japdeva, no andan lejos de la arbitrariedad desplegada en la empresa aseguradora. El problema en esos casos es la existencia de un mandato legal inequívoco. Las actas son públicas. Hay jurisprudencia reiterada para despejar toda duda. En ese punto, la iniciativa de la presidenta del INS viola el sentido común. La pretendida investigación tenía por objeto un acto legal. No puede haber un deber de confidencialidad si el documento divulgado es público por naturaleza.
La materia tratada en el acta también es pública. La propia presidenta ejecutiva admitió el carácter arbitrario de la pretendida confidencialidad. Intentó imponerla “aunque pudo haber sido un tema público”, afirmó. La abierta intención era evadir la difusión garantizada por ley para que el aumento salarial no generara “bulla”.
Esa circunstancia agrava la invasión de la privacidad de los directivos. Se hizo sin razón alguna, con la sola intención de descubrir cuál de ellos desatendió los deseos de la jerarca para cumplir el propósito de la ley. La “bulla”, por otra parte, viene a ser el derecho de los ciudadanos a debatir las decisiones de sus gobernantes.
Lo sucedido es grave, pero pasan los días y no hay consecuencias. El silencio indica un grado de aceptación de lo sucedido. Eso va mucho más allá de la rectificación del “error” cometido al ofrecer la publicidad de las sesiones del Consejo de Gobierno.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.