Soy Ángela Ávalos Rodríguez, periodista especializada en salud, encargada de este boletín. Si le parece útil, reenvíelo a sus amigos o familiares, y  recomiéndeles registrarse también en este enlace.

Los temas de esta semana con influencia en nuestras vidas:

Brasas sobre la mesa de diálogo

La noche del miércoles 10 de abril creo que todos dimos un respiro de alivio cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) pusieron fin a la protesta que dejó a los hospitales públicos sin especialistas en jornada extraordinaria durante diez días.

Todavía existen algunas nebulosas respecto a las razones por las que no se logró evitar un movimiento con tantas implicaciones para los pacientes, las principales víctimas cuando se desencadenan presiones como esa. Siname fue el que convocó a no laborar extras. Otro sindicato, la Unión Médica Nacional, no se plegó al llamado y, por aparte, mantuvo las conversaciones con la CCSS en procura de un arreglo que consiga mejores condiciones salariales y laborales para este grupo profesional.

Las autoridades de la CCSS se comprometieron con el Siname a resolver, en dos meses no prorrogables, un asunto aún pendiente: el salario global definitivo. Entre  los acuerdos para acabar con la escalada de la protesta y las posibles consecuencias para los enfermos, se incluyó que la CCSS desistiera de su intención de revisar la posibilidad de segundos y terceros en los hospitales. 

Volvimos a respirar con el anuncio del miércoles, pero esto no se acaba. Durante estos diez días salió mucha información a la luz pública desde todos los bandos implicados en este conflicto. Los médicos crearon un sitio en redes donde revelaron las deficientes condiciones de infraestructura en las que trabajan diariamente. También denunciaron conflictos de clima organizacional con jefaturas tóxicas y rígidas que prefieren perder especialistas que facilitar alguna flexibilidad horaria para que se queden laborando en la CCSS.

El tema salarial fue el centro del conflicto y alrededor orbitan desafíos que no son peccata minuta y que no hay que perder de vista: la complejidad de la formación de médicos en el país, la competitividad salarial de la CCSS frente a otras instituciones, públicas y privadas; las persistentes renuncias de profesionales a la institución; y los acumulados y crónicos problemas de gestión administrativa en una institución enorme en complejidad y volumen de trabajo.

Se terminó un conflicto, es cierto, y qué dicha por los pacientes. Pero quedan brasas ardiendo sobre la mesa de negociación, aún abierta, con potencial de volver a encender una nueva emergencia en nuestros cada vez más vulnerables servicios de salud. 

Agua y derecho a la salud y a la vida

¿Se acuerdan del faltante de agua por contaminación con hidrocarburos que dejó a secas y en ascuas a más de 107.000 vecinos de Tibás, Moravia y Goicoechea, a inicios de año? 

El recurso de amparo de un tibaseño de 69 años afectado con ese episodio de contaminación y desabastecimiento, permitió que la Sala Constitucional declarara que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) lesionó los derechos que tenemos todos los ciudadanos y, en concreto, los vecinos de estas comunidades, al buen funcionamiento de los servicios públicos, a la salud y al acceso al agua potable.

Tienen que pasar estas cosas para que nos vuelvan a recordar la importancia de un recurso tan vital como el agua potable. La Sala IV lo volvió a hacer reiterando lo que sabíamos desde el inicio sobre el manejo de esta emergencia sanitaria: que no hay protocolos eficientes para detectar rápidamente la contaminación, y tampoco hay un sistema efectivo para prevenirla.

Ya veremos si la orden de entregar, en un mes, los resultados de las investigaciones de este episodio de contaminación sacarán a la luz pública qué pasó con el agua en esas comunidades pues, hasta ahora, las nuevas autoridades de AyA no han informado nada del asunto. También se desconoce qué pasará con el cobro de esos recibos durante las semanas que se prolongó la emergencia.

Mientras tanto, y ya por otras razones, en Tibás este sábado estamos sin agua desde hace varias horas, a pesar de que se nos prometió que la entrada en operación de dos pozos nos evitaría este desabastecimiento. 

País verde ahogado en basura

No hay que hacer ciencia aeroespacial para concluir que nuestro país verde, codiciado por su biodiversidad, se ahoga en basura. Dos de los ocho rellenos sanitarios que reciben los desechos de la población costarricense están muy próximos a terminar su vida útil o ya llegaron al límite, informó la ministra de Salud, Mary Munive.

“El 41% de los residuos sólidos son generados en la provincia de San José, y justamente ahí es donde se encuentran los lugares más cercanos a ese límite de la vida útil”, reveló Munive el 5 de abril, al presentar su Ruta de la Salud Ambiental.  Al de La Carpio apenas le quedan siete meses de vida útil. El de Los Pinos, en Cartago, ya está agotado. Son los dos más críticos.

Los números asustan: por año, los ticos generan 2,5 millones de toneladas de residuos sólidos, o 35 estadios nacionales llenos. De ellas, 2,15 millones terminan en rellenos sanitarios y solo 300.000 (12% de los residuos) son revalorizadas o recicladas. Además, cada año, la generación de residuos aumenta 10%. Agregue a esos números las 153.000 toneladas que terminan en vertederos a cielo abierto.

En el 2022, el 91,54% de las viviendas en Costa Rica tenía servicio de recolección de desechos. Entre quienes no tienen este servicio, el 6,3% quema la basura, un 2% la entierra, menos del 1% la lanza a un lote baldío o vertedero. La situación se agrava porque solo entre el 42% y el 51% de los hogares costarricenses separa sus desechos.

Somos un país hermosamente verde ahogado en basura, y una que no solo aumenta en cantidad sino en complejidad sobre su composición: cuánta será tóxica para las personas o para las fuentes de agua. 

Como parte de la Ruta de la Salud Ambiental, se firmaron tres documentos considerados clave en la gestión integral de residuos: la política pública de salud ambiental, un reglamento para el uso y gestión de los parques de tecnología ambiental y un proyecto de ley para agilizar la disposición final de los desechos.

Este, como muchos otros temas, es uno que está en nuestras manos: controlar los desechos que producimos y procurar elevar ese porcentaje de reutilización y reciclaje. Es una responsabilidad individual y colectiva.