El Gobierno solo retrasa los ajustes en la legislación para permitir a taxistas y conductores Uber competir en igualdad de condiciones.
Esta es el criterio de César López, presidente de la Cámara Nacional de Conductores en Plataforma Tecnológica (Canacontec), luego de que este martes en la noche se conocieron los resultados de una reunión entre representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y los taxistas.
Dicho encuentro se dio, como fue pactado, luego de 45 días de la última protesta de esos transportistas a inicios de julio, cuando acordaron que el Gobierno daría su posición sobre la operación de Uber.
“Ayer los taxistas fueron al Ministerio de Obras Públicas y Transporte a tomar café, pastelillo y atolillo. No comprendo para qué fueron. Pasados 45 días de tregua, todos quedamos en el mismo punto. Esto demuestra una cobardía del Gobierno para enfrentar una situación que, en vez de en las calles, debe arreglarse en Casa Presidencial y en la Asamblea Legislativa”, afirmó López.
El vocero de choferes Uber y otros choferes que trabajan vinculados a una plataforma digital hizo así referencia al documento que dio a conocer el Gobierno en el cual establecieron que se requiere un ajuste a la legislación para ese tipo de servicios, que por ahora permanecen en la ilegalidad.
No obstante, evitó referirse a una eventual expulsión de Uber de Costa Rica. Al terminar el encuentro, los taxistas pidieron al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, que se aclare ese punto y le dieron un nuevo plazo que se vence el martes, luego de la sesión de Consejo de Gobierno.
Este miércoles, sin embargo, el presidente Carlos Alvarado fue claro en que ‘hay imposibilidad técnica y material' para desactivar la plataforma de Uber.
La empresa Uber, por su parte, manifestó ante consultas de este diario, que debe prevalecer el diálogo con el Gobierno y diversos actores.
“En tres años de operaciones hemos demostrado que es posible la coexistencia de diferentes esquemas de movilidad en el país. Diversas voces desde la Asamblea Legislativa, usuarios, socios y sociedad civil en general reconocen que ha llegado el momento de implementar una regulación flexible, innovadora y diferenciada como ya existen en más de 132 jurisdicciones a nivel mundial”, aseguró Andrés Echandi, gerente general de Uber para América Central.
Para Echandi, en una democracia como Costa Rica, el derecho a elegir es un pilar fundamental. Según él, la movilidad no es un tema de unos sectores, “es una decisión que debe estar en manos de todo un país y no en manos de pocos. Por lo tanto se debe escuchar y respetar la voz de los cientos de miles de usuarios de la plataforma”.
Además, la empresa aclaró que César López no está autorizado para dar declaraciones en nombre de la empresa, y tampoco es un socio colaborador registrado en la plataforma.
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Carta de diputados
Por otra parte, el vocero de Canacontec aseguró que taxistas y Gobierno menospreciaron una carta que ayer enviaron 30 diputados de cuatro fracciones al presidente Carlos Alvarado, donde le sugerían al mandatario extender seis meses las conversaciones con los transportistas para alcanzar acuerdos y adecuar la legislación local en la forma de una nueva legislación.
“La importancia de esta moratoria radica en que auspiciemos desde el Congreso en conjunto con Casa Presidencial los espacios y mecanismos de diálogo necesarios que permitan, mediante una propuesta de ley u otra vía, una solución real, concreta y duradera”, expresaron los congresistas en el documento con fecha del 20 de agosto anterior.
El ministro Rodolfo Méndez expresó la noche de este martes, luego de tres horas reunido con los taxistas, que la discusión sobre Uber y otras plataformas continuará. Admitió que la pretensión del Gobierno es adecuar la legislación que regula todos los servicios del transporte en general, porque la actual es "bastante anticuada, es indispensable trabajar en una nueva ley”.
El representante de Canacontec, que agrupa unos 1.600 conductores, adelantó que en próximos días realizarán una concentración para presionar al Gobierno. López espera reunir a entre 3.000 o 4.000 personas entre afiliados y usuarios de Uber y otras plataformas irregulares.
No obstante, prometió que la acción no afectará ni el libre tránsito vehicular, ni a los ciudadanos.