Autobuseros y taxistas deberán pagar el monto completo del canon de regulación a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) como efecto del veto presidencial al plan de ley que reducía el costo del marchamo 2022 a los dueños de carros valorados en menos de ¢15 millones.
Ese proyecto, que se tramitó en el expediente 22.519, incluía en un transitorio la rebaja de 30% del canon, disposición que motivó críticas de la Aresep por el golpe que significaba para sus finanzas, pues esa es la fuente de ingresos para operar.
Sin embargo, con el veto presidencial de la semana anterior, los transportistas deberán cancelar la suma completa, que según la entidad quedó en ¢738.527,67 por cada autobús y ¢104.222 por cada taxi.
“La Aresep manifestó en diversas ocasiones, y por diferentes medios su oposición, ya que dicha rebaja generaría fuertes disminuciones en la fuente de financiamiento de la institución, el cual es el canon que se cobra a todos los prestadores de servicios públicos para poder ejercer la función reguladora que por Ley le corresponde brindar”, explicó este miércoles Ricardo Matarrita, director general de Estrategia y Evaluación de la Autoridad.
Si el presidente Carlos Alvarado hubiera firmado el plan, el Gobierno habría enfrentado un faltante de ¢30.000 millones en las finanzas públicas, debido a los recursos que dejarían de percibir las arcas estatales en el cobro del impuesto a la propiedad de los automotores.
Además, los autobuseros y taxistas habrían gozado de dos períodos consecutivos de pago disminuido del canon. Matarrita recordó que la “Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021″ (Ley Nº 9911) rebajó para este año 50% del cobro a estos prestadores del servicio público de transporte. Es decir, aunque el dinero se recaudó en las tarifas que se le cobran a los usuarios, no se le trasladó a la Aresep.
“Si no se hubiera vetado el proyecto de Ley 22.519, la institución hubiera asumido un riesgo sumamente alto, poniendo en peligro los servicios que ofrece a los usuarios, principalmente los relacionados con la actividad del transporte público”, afirmó el funcionario.
Inconformidad
Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transporte (Canatrans), declaró la inconformidad del sector autobusero que, dijo, aún continúa sintiendo los efectos en sus ingresos debido al impacto económico de la pandemia en la economía nacional.
“No hemos logrado la recuperación del sector que, según proyecta el propio Banco Central de Costa Rica, podría consumir al menos cuatro años. Evidentemente, esto se suma a otras obligaciones previstas durante diciembre como pago del marchamo, el último tracto trimestral del canon de Aresep del 2021 y depósitos de aguinaldos”, manifestó Bolaños.
Bolaños también declaró “lamentable” que el Gobierno no haya emitido una política específica con acciones tendientes a la recuperación del sector autobusero.
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