La falta de transparencia motivó a la Contraloría General de la República (CGR) a rechazar el refrendo al contrato por $44,6 millones (¢26.376 millones, aproximadamente) que la aseguradora estatal pretendía con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés).
La Junta Directiva del INS declaró confidencial la negociación con la polémica agencia de las Naciones Unidas (la cual opera con inmunidad de organismo internacional) y solicitó a la Contraloría que ratificara el secreto del convenio.
Sin embargo, lejos de respaldarla, la confidencialidad fue una de las principales razones del rechazo, como lo evidencia la resolución del órgano contralor del 23 de diciembre.
La División de Contratación Administrativa de esa entidad reprochó al INS no haber incluido en el contrato una cláusula que garantizara el acceso a toda la información necesaria para que los organismos de control estatales realizaran su trabajo.
“Es criterio de este despacho que toda contratación que involucre la inversión de fondos públicos debe garantizar y reconocer las potestades de fiscalización”, declaró Roberto Rodríguez Araica, gerente de la División de Contratación Administrativa en el oficio DCA-3250, dirigido a José Arévalo Ascencio, subgerente de Transformación Digital del INS.
Unops, como organismo internacional, se ha negado a dar cuentas a la Contraloría sobre proyectos viales que le contrató el Gobierno con el alegato de que solo Naciones Unidas puede auditarle debido a que goza de “privilegios y inmunidades, incluyendo la inmunidad de proceso legal”. A ello, la Contraloría ha reiterado que ”no comparte los argumentos expuestos por la UNOPS”.
La tarde de este 5 de enero, La Nación llamó a Arévalo para consultarle cuál será el futuro del plan, pero rechazó contestar y pidió coordinar la entrevista con Ilse Chango, jefa de prensa del INS. Chango no contestó las llamadas a su teléfono celular. La intención de modernizar las plataformas tecnológicas del INS viene desde el 2015 y suma varios tropiezos.
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En su pronunciamiento, la CGR también señaló que el INS no detalló el alcance del proyecto, costos, definición de requerimientos, tiempos de ejecución y control de riesgos. Sin precisar estos aspectos, según la División de Contratación Administrativa, es imposible saber qué se espera de UNOPS y fiscalizar la contratación.
Incluso, las autoridades del órgano contralor cuestionaron que el INS ni siquiera aportara documentos que permitan determinar cuánto durará cada fase del proyecto. “Se evidencia la falta de información”, reiteró Rodríguez Araica en el oficio mencionado.
Otro factor criticado por la Contraloría es que el INS no logró explicar por qué UNOPS es el contratista ideal para modernizar las plataformas tecnológicas. “No se ha logrado determinar que no exista en el mercado una empresa o entidad que brinde dicho servicio en los términos requeridos por la institución”.
El INS, según enfatizó la División de Contratación Administrativa, también fue incapaz de demostrar la trayectoria de UNOPS en la ejecución de proyectos informáticos, pues no quedó “acreditada la experiencia y competencias” de ese organismo en la adquisición de tecnologías de información.
En total, la Contraloría objetó nueve puntos del acuerdo que el INS aspiraba a firmar con UNOPS.
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El costo
De los $44,6 millones, $4,5 millones son para pagar los servicios de la agencia de la ONU, lo que equivale a un 10% del presupuesto total.
De los $4,5 millones que pide UNOPS para ejecutar las tareas, $2,4 millones son para cancelar salarios de su personal; $1,1 millones se usarían en “gastos indirectos de operaciones” y $800.000 se incluyen para “gastos de soporte nacional e internacional”.
Además, exige $245.000 para “costos de operación UNOPS” relacionados con viajes, viáticos, gastos de misiones internacionales, talleres, comunicación y materiales, entre otros y $140.000 para comunicación del proyecto.
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También pide que el INS transfiera en cinco desembolsos, distribuidos entre diciembre de 2022 y enero de 2025, los $44,6 millones del proyecto.
El dinero, según el memorando de acuerdo, debe ir a una cuenta a nombre de UNOPS en Nueva York y los trabajos empezarán 15 días después de la primera transferencia. Los intereses que generen esos fondos, según lo estipulado, serán reintegrados de manera anual.
Según el memorando de acuerdo entre el INS y UNOPS, la agencia de la ONU fungiría como ejecutor del proyecto y estaría al frente de cada componente, pero los riesgos deberán ser asumidos por el INS. Eso quiere decir que solo se podría responsabilizar a la agencia de la ONU y sus funcionarios si ellos mismos aceptan haber cometido errores o incumplido funciones.
“El INS cargará con los riesgos de las operaciones bajo el presente Acuerdo y mantendrá indemne a UNOPS, su personal, agentes, empleados y servidores de y contra toda acción, reclamación, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier índole o clase provenientes de las operaciones”, establece el memorando de acuerdo confeccionado por las dos entidades.
El documento agrega que la única forma de endosar responsabilidades a UNOPS es que ambas partes “convengan” que los reclamos o responsabilidades “están asociados a negligencia grave o falta intencional de UNOPS y su personal”.
Desde setiembre, La Nación ha solicitado, en varias oportunidades, entrevistas con Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, para consultarle sobre este tema, pero no ha aceptado.
Viejo lastre
Desde 2015, la empresa estatal aspira a modernizar sus plataformas tecnológicas para integrar procesos y dar trazabilidad a procedimientos, pero irregularidades en los procesos de contratación y errores administrativos mantienen varada la iniciativa.
El último intento fallido ocurrió en diciembre de 2021, cuando el INS tuvo que suspender la adjudicación del proyecto a la empresa UST Equipo Consorcio por aparentes irregularidades en la firma de una declaración jurada de su abogado, Christian Garnier Fernández, quien es esposo de la exlegisladora del Partido Liberación Nacional, Karine Niño y, según publicó el Diario Extra, en 2021, omitieron comunicar esa relación a la hora de concursar por la contratación.
La argumentación del INS para suspender esa contratación, fijada en ¢33.000 millones, es una aparente violación al régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa, pues el artículo 22 y 22 bis impiden a una serie de funcionarios públicos -entre ellos los diputados- contratar con el Estado. La restricción también aplica para “el cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive”.