El Concejo Municipal de Cartago aprobó la noche de este martes una moción para suspender el pago de salario al alcalde Mario Redondo Poveda durante seis meses, tiempo en que permanecerá fuera de la función pública, según la medida cautelar dictada por el Juzgado Penal de Hacienda.
Los regidores, además, acordaron crear un fondo para guardar esas remuneraciones no pagadas al jerarca, a fin de tener una reserva en caso de que Redondo sea declarado inocente y se deban reintegrar los salarios caídos. De esta forma, se evitaría que el Ayuntamiento vea afectadas sus finanzas.
Redondo, quien llegó a la Alcaldía con la bandera del partido Alianza Democrática, devenga una remuneración mensual de ¢5 millones.
Durante la sesión del martes, los regidores mantuvieron una larga discusión en relación con el tema salarial, pues no tenían certeza de si la disposición emitida por la Contraloría General de la República de no pagarle a los alcaldes separados del cargo, le correspondía al Concejo Municipal.
La principal preocupación de los regidores es que no habían recibido una comunicación oficial que los señalara como los responsables de definir la suspensión salarial.
Sin embargo, los concejales terminaron por discutir y aprobar la moción planteada por la regidora Andrea Guzmán, del Partido Acción Ciudadana (PAC), con fundamento en los hechos revelados con los allanamientos del llamado Caso Diamante, que involucra a Redondo y otros cinco alcaldes en supuestos hechos de corrupción relacionados con la adjudicación de obras viales para las rutas cantonales a la empresa MECO.
El regidor independiente Jonathan Arce planteó la necesidad de modificar la solicitud a fin de crear la reserva presupuestaria con los montos correspondientes al sueldo del alcalde.
“Con ello nos protegemos y protegemos a la Municipalidad de una eventual demanda del señor Redondo” argumentó Arce.
Los miembros del Concejo también discutieron sobre la solicitud planteada por Redondo, para que le descuenten como vacaciones los tres días que estuvo detenido a la espera de medidas cautelares.
Esto porque los regidores consideran que dicha gestión debe hacerse por medio de un correo electrónico específico y con al menos 15 días de anticipación, mientras que el alcalde la hizo el jueves anterior, un día después de haber salido de las celdas judiciales.
Durante la sesión de este martes los regidores recibieron la renuncia de la representante del partido Alianza Democrática (mismo partido del alcalde), Nancy Solano Avendaño, quien alegó motivos personales.
Seis alcaldes
Redondo, al igual que los alcaldes Johnny Araya de San José, Alfredo Córdoba de San Carlos, Humberto Soto Herrera de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés de Escazú y Alberto Cole De León, alcalde de Osa, son investigados porque supuestamente forman parte de una organización criminal, que junto con otros funcionarios municipales, han recibido dádivas a cambio de favorecer a empresas como MECO, tanto en temas de adjudicaciones como pago anticipado de facturas.
En el caso específico del alcalde cartaginés, el expediente judicial detalla que la constructora MECO habría financiado de manera ilegal su campaña electoral para los comicios municipales de febrero del 2020. Ante esto, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) indicó que investigará esas aparentes donaciones mediante un estudio especial del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
El martes se conoció que Alfredo Córdoba envió una nota el lunes al Concejo sancarleño para anunciar que renuncia al salario durante su suspensión.Entretanto, en la Municipalidad de San José, la discusión se postergó.