Si el Congreso aprueba un proyecto de ley propuesto por el gobierno de Carlos Alvarado, Uber tendría que pagarle al Estado ¢8.299 millones (unos $13,5 millones) si desea continuar sus operaciones en Costa Rica. ¿Cómo calculó esa cifra el Ejecutivo?
Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), explicó en una entrevista con La Nación: “Hicimos un cálculo aproximado en base a información que ellos mismos han dicho de las personas que tienen registradas como conductores en Costa Rica. Consideramos el tipo de demanda que esa gente atiende y el valor de sus servicios. Luego, establecimos el posible valor de los impuestos que dejaron de pagar en tres años”.
Según el jerarca, la suma no es una compensación total por haber operado sin pagar impuestos, pero sí se corresponde a un país “que respeta su soberanía”, indicó.
A las plataformas tecnológicas de transporte les corresponde pagar tributos, dijo Méndez Mata:
“Si una empresa ha operado por años sin contribuir con el país, lo tiene que hacer. No conocemos la estructura tarifaria de Uber, no podríamos decir cuánto se va a ajustar pero lo cierto es que ha operado con plena libertad en la informalidad”, comentó.
“Cualquier empresa nacional debe pagar impuestos y el desarrollo del país requiere de la contribución de sus ciudadanos y empresas quienes produzcan riqueza y que contribuyan socialmente mediante los impuestos. Eso no existía antes y ahora existirá con una regulación”, continuó.
El Gobierno también considera que los conductores de Uber deben pagar un canon como hoy lo pagan los concesionarios del servicio formal de taxi.
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“Es el mismo canon que cobramos para uno u otro. Hay una diferencia, las tarifas del servicio concesionado las regula la Aresep. En el caso de quienes operan en estas plataformas, no. De acuerdo con la legislación nacional, los que están eximidos de impuesto de valor agregado son los servicios de transporte público regulados por la Aresep”, explicó.
Agregó que, en la redacción del proyecto de ley enviado el martes a la Asamblea Legislativa, nunca hubo contacto directo con Uber.
Uber se lanzó en Costa Rica el 21 de agosto del 2015 y, actualmente, asegura tener cobertura en toda la Gran Área Metropolitana, con más de 783.000 usuarios y 22.000 colaboradores entre servicios de transporte y Uber Eats, un servicio de entrega de comida a domicilio.
El proyecto de ley también plantea que rentas o beneficios provenientes de la actividad de Uber y empresas similares paguen impuesto sobre el valor agregado (IVA), de un 13%, así como el impuesto sobre remesas al exterior (8,5%).
“Las tecnologías han irrumpido y en este caso en nuestro país. El presidente nos dio un mandato de resolver el conflicto existente en una operación que requería ser tratada con la mayor justicia y equidad entre dos tipos de operaciones que deben convivir”, aseguró el jerarca del MOPT.
Este mismo miércoles, Uber descalificó el proyecto de ley presentado porque considera que “dado el clima de contracción económica y de falta de oportunidades laborales para los costarricenses, esta propuesta obligaría a que sólo un número limitado de personas puedan inscribirse como socios en las diversas plataformas”.
La empresa, incluso, detalló cifras que, en su criterio, afectarían directamente a los conductores al señalar que estos tendrían que pagar un canon anual de $35 y un cargo adicional de $200 por cada vehículo.
Consultado sobre si el cobro de ¢8.299 millones constituye una barrera para una empresa como esta, Méndez Mata negó que ese fuera el afán del Gobierno.
“La actitud nuestra es entrar en este momento en una confrontación con las opiniones de uno u otro. Tenemos nuestra opinión y damos nuestras aclaraciones”, explicó.