Durante los próximos seis meses, la Aresep no calculará la tarifa para una empresa de buses con estimaciones de demanda. Solo podrá realizar ajustes en pasajes si tiene estudios recientes de cantidad de pasajeros realizados por su cuenta o por el Consejo de Transporte Público (CTP).
La medida adoptada por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) atiende una orden del Tribunal Contencioso que acogió una medida cautelar solicitada por un empresario de autobuses.
Esta suspensión rige desde el viernes anterior, cuando salió publicada en el Alcance Digital #194 del diario oficialLa Gaceta.
La solicitud de medida cautelar fue planteada el 20 de julio por la empresa Transportes La Pampa Limitada contra una rebaja del 30% en el pasaje, aprobada por la Aresep en mayo. El ajuste afectó 21 ramales de la ruta 550 con rebajas entre ¢95 y ¢420.
El Tribunal Contencioso acogió el 13 de setiembre pasado el reclamo de la empresa que puso en entredicho el método que aplica la Aresep para calcular la cantidad de pasajeros movilizados.
Aresep calcula cuántos pasajeros usan una ruta basándose en datos oficiales del Consejo de Transporte Público (CTP) o con datos obtenidos por la misma institución sustentados en estudios técnicos que no tengan más de tres años de antigüedad.
Si por alguna razón no existían los datos, la Aresep podía calcular la cantidad de pasajeros como si todas las unidades fueran al tope de su capacidad, esto es lo que se conoce como demanda implícita.
La medida cautelar se basó justo en el cuestionamiento de utilizar demanda implícita en ausencia de estudios recientes de pasajeros. Ante la resolución judicial, la Junta Directiva determinó no utilizar ese concepto.
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Otros dos casos sí partieron del principio de demanda implícita según lo presentaron en la solicitud de ajuste las asociaciones de desarrollo de Guanacaste para el caso de Transportes La Pampa y grupos comunales de Coto Brus (Puntarenas) para el caso de la ruta 671, a cargo de la empresa Autotransportes Hermanos Navarro S. A.
Cadena de objeciones
La gestión ante el Contencioso se convierte en otro eslabón de la larga cadena de objeciones que los transportistas han planteado contra la metodología que fue aprobada en febrero de 2016 y aplicada por primera vez en agosto.
Este tema ha derivado incluso en disputas entre legisladores.
Marlene Madrigal, diputada oficialista por Heredia, se opuso al ajuste que se le hizo a Transportes La Pampa intercediendo por esa empresa mientras las congresistas del Frente Amplio, Patricia Mora y Sulay Carrillo, pugnaron ante la Aresep a favor de comunidades guanacastecas porque la rebaja se diera.
En julio anterior, Roberto Jiménez, regulador de los servicios públicos, declaró ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que la Junta Directiva de la Aresep tenía el método bajo examen.
Jiménez declinó especificar los modificaciones propuestas, pero sí reconoció que uno de los puntos bajo análisis era la creación de un protocolo para calcular la demanda de usuarios; lo mismo que un documento para determinar que debe entenderse como “equilibro financiero” desde el punto de vista del prestador del servicio.
En entrevista con La Nación el mes pasado, Jiménez insistió en que la medición de la demanda de manera fidedigna es clave tanto para el prestador del servicio como para el usuario.
“La medición de la demanda es un tema eminentemente técnico y estadístico. Ellos (los empresarios) han cuestionado la discrecionalidad, pero estamos usando la ciencia y la técnica con reglas de juego claras para que nadie que se sienta perjudicado”.
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Reconoció que hay muchas presiones, pero que estas se enfrentan con “rigor técnico” y “decisiones fundamentadas”.
El jerarca de la Aresep manifestó que nuevas acciones judiciales contra la institución y contra los miembros de la Junta directiva buscan paralizar cambios dirigidos a metodologías existentes.
“La captura del regulador es un riesgo que corren los entes reguladores, comprensivo del debilitamiento de la independencia, imparcialidad y objetividad que debe caracterizar sus actuaciones y decisiones”, afirmó Jiménez en un artículo de opinión.
Una forma de lograr este objetivo, sostiene, es con demandas para que se condene en lo personal a los funcionarios tomadores de decisión para “minar la fortaleza emocional y el compromiso con los valores superiores del ordenamiento regulatorio”.
Jiménez incluso reconoció el mes pasado a este diario que la entidad acudió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para solicitar la confección de un estudio independiente del método como una forma de revisar su rigurosidad y solidez técnica.
El estudio está en proceso, confirmó la semana anterior el área de prensa de la Aresep.
La firma consultora Deloitte ya había detectado imprecisiones en la metodología. Las falencias halladas apuntan más a la necesidad de precisión técnica que a problemas de fondo en el modelo.
Rocío Aguilar Montoya, investigadora de Deloitte, detalló los hallazgos en una comparecencia en agosto ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
El análisis de la fórmula se realizó por encargo de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) a inicios de este año. Desde entonces, esa organización lo ha presentado a distintas autoridades de Gobierno como base para solicitar la anulación del instrumento aprobado en febrero de 2016 e implementado desde agosto siguiente.
Camino empinado
La fórmula suspendida reemplazó un método utilizado por dos décadas y quedó en firme luego de un proceso de seis años de estudios y negociaciones. Se aprobó el 29 de febrero de 2016 pese a la resistencia de los autobuseros, sector que planteó una serie de cuestionamientos además de advertencias por eventuales pérdidas en sus actividades.
Desde esa fecha, el cálculo se ha aplicado 8 veces en año y medio de vigencia aún y cuando hay 400 empresas que brindan el servicio y más de 3.000 tarifas vigentes. En seis ocasiones, la fórmula arrojó rebajas de entre 30% y 60% favorables al bolsillo de los pasajeros.
La disputa contra el método incluso llevó el 13 de junio a que las empresas de buses Biusa, que daba servicio en La Uruca, y Guillial S. A., que opera las rutas de barrio Escalante, barrio La Cruz y barrio México, a paralizar labores ese día como medida de presión ante la negativa de Aresep y CTP de reconocerles una tarifa por “desequilibrio financiero”.
La Aresep había desestimado una solicitud de tarifa de “rescate” que el empresario Raymond Salim Simaan Khachab, propietario de Buses Ina Uruca S. A. (Biusa) planteó por no haber presentado requisitos mínimos de trámite.
Voceros de Biusa confirmaron que la gestión fue un “trámite excepcional por una situación especial presentada en los últimos meses, la cual ha sido la causa del supuesto “desequilibrio financiero”.
Citaron como causas de sus dificultades empresariales los “defectos importantes encontrados en el modelo tarifario vigente” –que se aplica desde agosto pasado– que afectan a empresas como la suya que invierten en “tecnologías limpias y calidad del servicio”. La empresa posteriormente renunció a la concesión de la ruta.