La Procuraduría General de la República ratificó que cualquier servicio de transporte remunerado de personas requiere de un permiso o una concesión autorizada por el Estado.
"A partir de la vigencia de la Ley n.° 8955 (reguladora del servicio público de transporte), ninguna persona particular –física o jurídica- puede brindar el servicio de transporte remunerado de personas si, previo a ello, no cuenta con la autorización respectiva –concesión o permiso, según la modadidad de que se trate- conferida por el Consejo de Transporte Público, mediante los procedimientos que establecen las leyes que regulan el citado servicio público".
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El criterio OJ111-2015 de la Procuraduría responde a una consulta del diputado Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana, sobre la legalidad del servicio que ofrece la empresa Uber en Costa Rica.
El procurador de Derecho Público, Omar Rivera, además agrega que las autoridades de tránsito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la ley de tránsito, "deben sancionar y multar a todos los propietarios y/o conductores de vehículos automotores que se dediquen a brindar el servicio de transporte remunerado de personas, en cualquiera de sus modalidades, si no cuentan con la autorización respectiva de parte del Consejo de Transporte Público".
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El diputado Corella comentó, este mediodía, que "el pronunciamiento de la Procuraduría permite salir de la zozobra legal, de no saber si se podía o no dar el servicio (de Uber)".
"No es vinculante, (la resolución de la Procuraduría) pero genera una posición por parte del Estado, para empezar a trabajar desde ahí. Se debe hacer una ley que venga a actualizar la legislación del país para enfrentar los desafíos que nos presenta Uber", agregó el diputado.
Posteriormente el Partido Acción Ciudadana, anunció que Corella presentará a la corriente legislativa un proyecto de ley para modernizar el sistema de transporte público y regular las plataformas digitales de transporte u otras formas de movilidad colaborativa.
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Franklin Corella Vargas, presentará a la corriente legislativa un proyecto de ley para modernizar el sistema de transporte público y regular las plataformas digitales de transporte u otras formas de movilidad colaborativa.
"La respuesta demuestra que nuestra legislación en materia de transporte debe ser modernizada para que contemple las nuevas tecnologías y plataformas de servicios en esta área", indicó Corella.
El PAC además anunció que Corella convocará a una mesa de diálogo a taxistas, empresas de plataforma digital de transporte, al MOPT y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos con el fin de construir una propuesta legislativa que modernice el sistema costarricense.
Refuerza criterio de CTP. El director del Consejo de Transporte (CTP), Mario Zárate aseguró que la resolución de la Procuraduría es coincidente con el departamento jurídico de ese consejo.
"A pesar de que el criterio de la Procuraduría no es vinculante para nosotros, lo cierto es que viene a robustecer la institucionalidad y el bloque de legalidad, desde este Consejo hemos sido vehementes en el sentido de que el transporte remunerado de personas no existe", afirmó.
Zárate añadió que este criterio causa mayor seguridad jurídica a los oficiales de tránsito que son los encargados de hacer cumplir la ley, y reiteró que todos los ciudadanos que estén prestando servicio a través de Uber, están operando en la ilegalidad.
El director del CTP dijo que los representantes de la empresa no han vuelto a mostrar interés en reunirse con ellos y que tras el último encuentro se comprometieron a enviar un documento con el alegato jurídico que ellos consideran les permite prestar el servicio, pero no han enviado ninguna documentación.
El servicio Uber arrancó en el país el pasado 21 de agosto. Ese día, las autoridades de carretera sacaron de circulación a dos vehículos supuestamente vinculados a la empresa, que se autodefine como una "comunidad de autoabastecimiento" que brinda transporte entre sus socios.
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Uber es una empresa que nació en California, Estados Unidos, en el 2009, y ya opera en 58 países. Lo hace por medio de una aplicación de teléfono celular o tableta que enlaza a particulares –que deseen utilizar su vehículo para dar transporte– con los clientes potenciales.
La Nación intentó obtener el criterio de la vocera de la empresa, Rocío Paniagua, pero indicó que está buscando información sobre este pronunciamiento de la Procuraduría.