Miguel Pacheco Ramírez volvió a su puesto como gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el martes en la tarde, por orden del Tribunal de Apelaciones Contencioso-Administrativo.
Esa instancia acogió una solicitud de medida cautelar planteada por Pacheco y el lunes resolvió su reinstalación inmediata. Esta se hizo efectiva 24 horas después, según confirmó ayer la presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz Madrigal.
El funcionario había sido despedido sin responsabilidad patronal por la Junta Directiva de la institución, en marzo del año anterior.
Los directores de la anterior Junta lo encontraron responsable de no presentar el presupuesto del 2010 para la Gerencia de Pensiones, encargada de administrar el régimen de jubilación de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
A Pacheco aún se le investiga por un supuesto mal manejo de los recursos de pensiones y por haber ejecutado cambios en la gestión de esa gerencia sin existir estudios de factibilidad.
Según Sáenz, la resolución del Tribunal fue “absolutamente contundente” al ordenar la reinstalación por no haber, según los jueces, ninguna justificación para el despido acordado por la Caja.
“Es una medida cautelar de acatamiento obligatorio”, dijo Sáenz, quien se reunió con Pacheco el martes en la mañana.
La presidenta ejecutiva dijo que desconocía detalles de la resolución, que era analizada por la Dirección Jurídica de la institución.
La Nación trató de comunicarse ayer con Pacheco por los teléfonos que tenía registrados, así como a su correo electrónico, pero no fue posible localizarlo.
Hasta el martes anterior, José L. Quesada Martínez había ocupado la Gerencia de Pensiones. Quesada tiene plaza en propiedad en la Dirección Actuarial de la Caja.
Ante la resolución del Tribunal, el funcionario tomó vacaciones esta semana. El lunes próximo, Quesada se reunirá con Sáenz para coordinar la preparación de un informe de su gestión.
Según la presidenta ejecutiva de la Caja, desde la Gerencia de Pensiones se habían trabajado varios temas fuertes. Citó como principal el análisis sobre la sostenibilidad del régimen, que ha sido cuestionada reiteradamente por la Superintendencia de Pensiones (Supén).