El Instituto Nacional de Seguros (INS) persiste en su intención de mantener en secreto el trámite y los detalles de un contrato por $44,6 millones con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) para la adquisición e implementación de sistemas informáticos.
Ese contrato debe obtener el refrendo de la Contraloría General de la República (CGR) y en ese proceso, el Instituto pidió, el 12 de octubre, que todos los documentos vinculados con ese trámite se declaren confidenciales. La pretensión consta en el oficio 17448, del 18 de octubre, firmado por Gerardo Villalobos Guillén, fiscalizador de la CGR. La Nación tiene copia de ese documento.
Según el Instituto, el acuerdo con UNOPS califica como “secreto industrial, comercial o económico”, tipificado en el artículo 12 de la ley de creación del INS. Por lo tanto, desde semanas atrás, la Junta Directiva de la institución declaró confidencial el pacto con la agencia de las Naciones Unidas.
El INS, además, considera que según el artículo 145 de la Ley General de Administración Pública, el proceso para la obtención del refrendo es un “acto preparatorio” y no debe comunicar nada al respecto. Sin embargo, esa norma se refiere a la eficacia de los actos administrativos y su comunicación a las partes involucradas y no establece alguna prohibición para hablar sobre procesos de contratación.
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UNOPS llegó al país en 2014 con la promesa de ser un ejecutor de obras públicas que promovería la transparencia, agilizaría los proyectos y generaría ahorros para el Estado, pero en la práctica eso no ha ocurrido. Por ejemplo, en mayo de 2018, la Sala Constitucional los condenó por ocultar expedientes de contratación del paso a desnivel en Garantías Sociales y la ampliación del puente del Saprissa (ruta 32).
De acuerdo con cifras oficiales, los costos de UNOPS por la ejecución de los nuevos pasos a desnivel en Circunvalación crecieron 86% en cinco años.
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Dudas de la Contraloría
Ante la petición de confidencialidad del INS, el órgano contralor pidió más información para resolver. Entre los requerimientos está enviar la “justificación, firmada por el funcionario o persona competente, en la que se exponga de forma amplia y desarrollada las razones” para esa calificación.
El Instituto también debe dar una justificación idéntica para “todos aquellos documentos que dentro del expediente sean identificados como confidenciales”. También debe indicar qué personas podrían consultar los papeles en caso de ser declarados como secretos y precisar el plazo en que tendrían acceso restringido.
Por último, la Contraloría le solicitó al INS enviar el memorando de acuerdo con UNOPS firmado, pues el que envió no contenía las firmas.
Desde el 11 de noviembre, este diario le solicitó a la oficina de prensa de la Contraloría remitir copias de las respuestas dadas por el INS, pero el 14 de noviembre señalaron que hicieron más requerimientos, los cuales deben ser contestados por, a más tardar, el 23 de noviembre.
“En relación con el acceso al expediente, se debe informar que la CGR está valorando la solicitud de confidencialidad, por lo que no se puede brindar la información solicitada”, contestó la entidad sin dar ninguna referencia legal que sustente esa respuesta.