Pese a muchos cuestionamientos en su contra, Hans Vindas Céspedes, asesor de la Gerencia de Logística de la CCSS, se abstuvo de declarar este jueves ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que investiga aparentes irregularidades en compras urgentes de mascarillas, durante la pandemia.
Los legisladores no recibieron bien la decisión de Vindas y lo llenaron de reproches.
“Debería tener un poco más de vergüenza y darle la cara a esta comisión (...). Personas como usted avergüenzan a los funcionarios públicos y a la Caja Costarricense de Seguro Social”, expresó Shirley Díaz, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
“Usted tiene mucho qué explicar y tendrá que decirlo en los Tribunales de Justicia”, agregó la socialcristiana, en alusión a investigaciones del Ministerio Público relacionadas con estos casos.
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“Usted, don Hans, resultó cliente de un contador cuyo hermano recibió una de las contrataciones más cuestionadas. Usted no puede explicar eso o sí lo puede explicar, pero eso tendría muchas consecuencias para usted”, añadió Carlos Ricardo Benavides, congresista del Partido Liberación Nacional (PLN).
El asesor, suspendido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con goce de salario desde agosto de 2020, es el centro de investigaciones por adjudicaciones a proveedores inexpertos, pagos adelantados y recepción de insumos que no cumplían especificaciones técnicas.
Vindas, por ejemplo, fue clave en la adjudicación de un contrato por $2,1 millones a David Landergren Castro, hermano de su contador personal, Axel Landergren Castro.
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Esa relación fue constatada por el Ministerio de Hacienda; pues en 2018 y 2019 ese contador presentó las declaraciones de renta de una sociedad presidida por Vindas.
Por estas razones, también Yorleny León, diputada del PLN, fustigó la decisión de Vindas de no responder preguntas, mientras que Ramón Carranza, legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), lamentó no poder interrogar al funcionario.
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“A lo largo de todo este debate su nombre ha pasado por todos los pasillos y oficinas”, manifestó Carranza.
Vindas se acogió a su derecho de abstenerse en consideración a las pesquisas que también sigue la Fiscalía sobre sus actuaciones.
En sesiones previas de ese foro legislativo, tres funcionarios de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la CCSS señalaron a Vindas por presunta intermediación a favor de proveedores. Así lo declararon ante los diputados.
El asesor lo mismo que su jefe, el gerente de Logística, Luis Fernando Porras, y 11 funcionarios más de la Caja figuran en tres expedientes administrativos por las eventuales anomalías en las compras.
Además, Vindas y Porras también encaran otra investigación interna por pérdida de confianza.
Igualmente, la Fiscalía sigue dos causas judiciales en relación con esos hechos.
El asesor de Logística concluyó su comparecencia a las 8:50 a. m., hora en la que abandonó la sala, con muchos reclamos a cuestas, pero sin decir una palabra.
Abogados de CIPA
Este mismo jueves, también acudieron a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público los abogados del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA).
Se presentaron Grettel Camacho Marín y Sergio Alfaro Esquivel, profesionales encargados de los expedientes administrativos por presuntas anomalías en compras urgentes, lo mismo que Mario Cajina Chavarría, quien hasta esta semana se desempeñaba como director del Centro, pues fue removido del cargo por dos meses.
Todos fueron convocados luego de que La Nación diera a conocer que el CIPA, aplazó por tiempo indefinido el proceso, pues resolvió convocar a los investigados a audiencias orales hasta que cesaran las medidas de restricción y distanciamiento fijadas para evitar los contagios de la covid-19.
Así quedó consignado en el traslado de cargos que ellos enviaron a los implicados el 9 de setiembre, como lo señaló la Auditoría en un informe del 10 de febrero.
Cajina aseguró, sin embargo, que desde el 1.° de setiembre había instruido la reanudación de audiencias, sin embargo, aclaró que los expedientes en cuestión aún no estaban en el momento procesal de realizar estas diligencias. Por esa razón, insistió en que no ha habido un retraso en los procedimientos disciplinarios.
Asimismo, el funcionario defendió las actuaciones de los abogados Camacho y Alfaro, a los que describió como diligentes y comprometidos, que laboran “hasta 60 horas por semana”.
Por su parte, los abogados a cargo confirmaron haber suscrito el documento en el cual se indicaba que las audiencias quedarían para el final de la pandemia. Sin embargo, las razones que dieron fueron distintas.
Camacho dijo que se incluyó esa decisión porque en ese momento había restricciones.También, hizo énfasis en que, de todos modos, los casos no han llegado a fase de audiencias.
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Por su parte, Alfaro dijo que así se informó porque en la salas del CIPA no se dan las condiciones físicas para asegurar el distanciamiento de 1,8 metros entre una persona y otra, como lo recomendó el Ministerio de Salud.
Ninguno se refirió al hecho de que desde ocho días antes de emitir ese documento, se había ordenado reanudar audiencias.
Estas manifestaciones fueron criticadas por el diputado Carlos Ricardo Benavides, para quien, incluso, las manifestaciones de los tres abogados revelaron “un problema de cultura institucional en cuanto a la celeridad de los procedimientos”, o por lo menos, dijo el legislador, en estos procedimientos que no fueron priorizados “ni por el CIPA, ni por la Gerencia, ni por nadie”.
Para Benavides, haber advertido de que las audiencias no se iban a realizar hasta pasada la pandemia fue una “previsión torpe”, que no coincide con la orden que Cajina dice haber girado.
“Ahora alegan que de todos modos aun sin esa precisión, no se hubieran podido hacer porque los expedientes no están listos para esa etapa, entonces era inútil haberlo advertido desde el principio”, manifestó el verdiblanco.
Considera el diputado que los testimonios escuchados revelan “falta de voluntad de acelerar” los casos, de entrarle a “asuntos tan espinosos” para la Caja.
“Don Mario usa una frase que me llamó la atención, cuando dice que le pareció temerario que Roberto Cervantes (gerente general de la CCSS) estimara que estaban atrasados cuando solo seis meses habían trancurrido. Seis meses es medio año, eso denota la parsimonia a la que están acostumbrados en esos procedimientos. Seis meses para estar llamando audiencia no debería tenerse como una pretensión temeraria. Es razonable que en medio año estuvieran convocando”, añadió.
Durante su comparecencia, Mario Cajina, además, advirtió que denunciaría ante el Ministerio Público a miembros de Junta Directiva de la Caja y otros funcionarios por “faltas a la verdad”.
Específicamente se refirió a Christian Steinvorth, representante patronal y a Fabiola Abarca, representante de Gobierno y vicepresidenta de la Junta, así como al gerente general, Roberto Cervantes y a Guadalupe Arias, asesora legal.
Cajina, sin embargo, no detalló más sobre esa presunta falta a la verdad.