170.000 personas del país de más de seis años (3,5% de la población) son dependientes, es decir, requieren de algún tipo de cuidado. Ese número de personas equivale a todas las que viven en los cantones de Cartago o el de San Carlos. Si en este momento se les hiciera un perfil, el 58% son mujeres, 57% son mayores de 60 años, el 30% califican como pobres, el 65% necesitan ayuda que va de total a moderada en una red de cuido y en su mayoría padecen enfermedades crónicas.
Por la tendencia al crecimiento de esas cifras, el Programa Estado de la Nación (PEN) lanzó una advertencia: es urgente consolidar un “sistema universal de cuidados” para dar atención a todas las personas que tienen dificultades para realizar actividades de la vida dado que, dice, “Costa Rica se encamina hacia el envejecimiento de su población”.
El costo ya está estimado. Crear esa red de cuidados para 170.000 personas a hoy, sin importar si son niños o adultos mayores, implica una inversión estatal que va de 0,48% a 0,58% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, de ¢182.159 millones a ¢222.032 millones.
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“En los próximos años, empezarán a crecer las personas dependientes de mayor edad, es decir, aquellas que tienen dificultades para realizar actividades de la vida. Por lo tanto, es importante consolidar un ‘sistema universal de cuidados’, bajo un enfoque integrador del cuido infantil con el de las personas en dependencia, el cual no solo beneficiaría a las personas atendidas, sino que generaría empleos, especialmente femeninos y permitiría que muchas mujeres que no pueden insertarse en un trabajo remunerado por atender esos compromisos familiares puedan tener alternativas para hacerlo”, puntualiza el estudio del PEN.
Las propuestas de financiamiento son diversas: “Para lograrlo (los países europeos) han diversificado las fuentes de financiamiento, que incluye, entre otras, la distribución de responsabilidades por el pago de esta atención entre el Estado y las personas o sus familias, así como el diseño e implementación de seguros de cuido a largo plazo”, indica el análisis.
Por ejemplo, de las 170.000 personas dependientes, un 70% no es pobre y, por lo tanto, no podría tener acceso a subsidios. El PEN afirma que estos “tendrían que optar por otras formas de financiamiento y provisión de servicios”. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el 30% de esa población es dependiente severa y un 35% moderada. Hacia estos dos grupos iría enfocada la política pública. El otro 35% califica como dependiente leve.
Las personas en dependencia son, en su mayoría, mujeres (58,1%), casi la mitad son personas adultas mayores (48%), un 46,7% es jefatura de hogar, un 43,5% tiene pareja y casi un tercio está en condiciones de pobreza (30,7%). Solo un 12,4% se encuentra ocupada, un 78,4% tiene primaria completa o menos, un 18,2% secundaria y un 3,4% posee educación terciaria.
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Además, según el informe, esta población tiene mayores tasas de protección de la Caja Costarricense de Seguro Social, gracias a su condición de pensionada (35%), seguro por el Estado (22,5%) o familiar (21,7%). Un 57% de las personas dependientes tiene 60 años o más, 97,8% tiene enfermedades crónicas y un 89% sufre alguna discapacidad.
El concepto del ‘cash for care’
En marzo, el Gobierno anunció la Política Nacional de Cuidados que pretende la cobertura universal al 2050 con un modelo de cuatro servicios: asistencia domiciliaria, centros de atención diurna, telecuido y centros residenciales con la intención de cubrir a personas dependientes. Se considera como tal a quien enfrente dificultad física o mental, alguna enfermedad permanente o con edad muy avanzada, que no puede hacer actividades por sí misma y requiere que otro destine tiempo para su apoyo.
Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), utilizado como insumo para crear esa Política, los dependientes son hombres y mujeres con dificultades para hacer actividades de la vida diaria: las conocidas como instrumentales (hacer compras o ir a la clínica, por ejemplo), y las básicas (ir al baño, alimentarse o acostarse y levantarse de la cama).
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El análisis del BID estimó en 280.000 las personas que no pueden valerse por sí mismas para comer, limpiarse, vestirse o hacer sus necesidades fisiológicas.
Para un escenario base de cobertura, se requerirían ¢189.000 millones (0,48% del PIB) y, reduciendo el gasto al máximo, serían ¢141.000 millones (0,37% del PIB). En un escenario óptimo, el costo alcanzaría los ¢222.000 millones (0,58% del PIB), indica el PEN.
Entre las posibilidades contempladas están los seguros de cuido de largo plazo y el copago, el pago por cuido (cash for care) y la teleasistencia.
“En vista que un porcentaje importante del cuido lo ejecutan familiares y amistades sin contraprestación monetaria alguna, especialmente en países donde las redes de cuido formales no se encuentran desarrolladas, como en Costa Rica, el cash for care abre oportunidades para que esas personas puedan recibir una compensación por el costo de oportunidad que involucra no incorporarse al mercado laboral. Este mecanismo ofrece opciones de empleo a personas cuidadoras informales, principalmente mujeres, que en el país ascienden a 464.000 excluidas del mercado por sus responsabilidades familiares”, apunta el PEN.
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El informe recomienda crear una Secretaría Técnica, como en la Red Infantil, pues la consideran necesaria para coordinar las acciones de los involucrados. La regla fiscal es un determinante de la factibilidad de implementar la Política Nacional de Cuido, aseguran: “únicamente la no aplicación permanente y completa de la regla fiscal en este tema permitiría a la Política Nacional de Cuido avanzar al ritmo planeado, previa creación del espacio fiscal necesario”.
También consideran relevante estandarizar el paquete de servicios candidatos a recibir financiamiento de instituciones y proveedores, y no perder de vista el reto que significa asegurar esos fondos pues con lo que se dispone hoy no es posible hablar de ampliar cobertura.
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“Consolidar este sistema universal de servicios de cuido demanda el establecimiento de vínculos entre el sector público, el mercado, las comunidades y las familias, en un contexto de envejecimiento de la población y baja participación laboral femenina del país con respecto al resto del mundo, pero con el potencial de crecer”, concluyen.
Actualmente, 13% de los adultos mayores viven solos y un 24%, con otros adultos mayores, lo cual complica la tarea de cuidado pues cada vez es más común ver a un anciano cuidando a otro.