El pulso entre la Caja Costarricense de Seguro Social y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) continúa.

En un oficio enviado el pasado 8 de diciembre a Mario Rodríguez, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la Caja denuncia que lleva meses esperando la información solicitada para determinar si UNOPS incumplió con el pago de cargas sociales, relacionadas con los trabajadores que emplea para la ejecución y supervisión de importantes carreteras y puentes en el país.

Desde 2014, el Estado contrató a UNOPS para la ejecución de los nuevos puentes sobre el río Virilla, en la ruta 32 y en Lindora; el puente Binacional, en Sixaola, Limón; tres pasos a desnivel en la carretera de Circunvalación, la ampliación de la radial a Lindora y la supervisión de la construcción del tramo norte de Circunvalación.

En el escrito, la CCSS le manifestó a Rodríguez que “en aras de proseguir con el estudio para determinar la eventual responsabilidad patronal”, requiere que contesten la petición de documentos presentada desde el 2 de octubre 2020.

“Yo les respondí, les indiqué que tenemos una nota del canciller de la República, Rodolfo Solano, en la que nos dice que, en este momento, la diferencia de criterio que existe entre la Caja y UNOPS es un tema de Cancillería y que existe una comisión en la que se está discutiendo el asunto.

“Entonces, nosotros debemos mantenernos al margen de esa situación, es la Cancillería la que lo está manejando, esa fue mi respuesta a la nota enviada por la Caja”, declaró el jerarca de Conavi ante consultas de La Nación.

No obstante, ese no es el único intento hecho por la Caja por conseguir las planilla de UNOPS y establecer la cancelación de obligaciones con la Seguridad Social.

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El 25 de febrero anterior, el Área de Aseguramiento y Fiscalización de Servicios de la CCSS envió, por medio de la Cancillería, una nota a UNOPS en la que pidieron copias de los contratos firmados con los trabajadores, contratos de servicios profesionales, acciones y movimientos de personal, comprobantes de pago de salarios y los contratos de servicios firmados con el Conavi.

En todos los casos, la agencia de la ONU rechazó entregar lo requerido y sostiene que tiene privilegios derivados de convenios internacionales y, por lo tanto, no debe inscribirse como patrono y tampoco cancelar cuotas obrero-patronales.

“UNOPS solicita al Gobierno de Costa Rica que tome de inmediato todas las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto de los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas -que incluye a UNOPS-, en conformidad con las obligaciones del país dentro del marco del derecho internacional”, expresó el organismo internacional en una carta dirigida a la Cancillería en junio de 2020.

Alejandro Rossi, representante de UNOPS en Costa Rica, dijo este sábado 2 de enero que ingresaron a un proceso de diálogo junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Procuraduría General de la República y la CCSS para llegar a un acuerdo.

“Estamos siguiendo, junto con los restantes organismos de las Naciones Unidas, el procedimiento que ha sugerido el Gobierno de Costa Rica que consiste en tener una serie de reuniones de coordinación para poder establecer el criterio a seguir”, declaró Rossi.

¿Existe anuencia de UNOPS para entregarle a la Caja el reporte de trabajadores y salarios mensuales para poder definir las cuotas obrero-patronales?

“Nuestra anuencia consiste en seguir los procedimientos de nuestra contraparte, que es el Gobierno de Costa Rica (...) Lo que decimos es que la relación entre un sujeto de Derecho internacional (UNOPS) con una entidad de Gobierno debe ser canalizada por la Cancillería, por ese motivo el diálogo al que me he referido es canalizado por la Cancillería”, respondió el representante de UNOPS.

Hasta ahora, esa comisión se ha reunido en dos ocasiones.

Intentamos conversar con Rodolfo Solano, canciller de la República, pero afirmó que estaba atendiendo “una situación familiar” y que pediría los antecedentes “para conocer el estado de la situación”.

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Diferencia de criterio

Contrario a lo expuesto por Rossi, la Procuraduría General de la República i(PGR) y la Contraloría General de la República definieron, años atrás, que los organismos diplomáticos deben pagar cargas sociales por los trabajadores costarricenses que contraten, eso incluye a UNOPS.

De hecho, la Contraloría pidió a la Caja, en setiembre de 2019, iniciar el procedimiento contra UNOPS.

“El funcionario diplomático que emplee a personas de nacionalidad costarricense habrá de cumplir con las obligaciones que las disposiciones sobre trabajo y seguridad social de Costa Rica impongan a los patronos”, señaló la PGR desde abril de 2003.

Jaime Ordóñez, doctor en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, España, apoya la posición de la Procuraduría y la Contraloría.

Para el experto, la normativa es clara en cuáles funcionarios de la ONU sí están exentos del pago de cargas sociales y cuáles no.

“Solo los funcionarios de rango internacional o extranjeros inscritos como Misión Internacional ante la Cancillería de la República no deben pagar. Por el resto, por el personal nacional, sí deben pagar a la Caja, están obligados y también con respecto a otras obligaciones tributarias”.

Ordóñez fue embajador especial del Gobierno de Costa Rica ante el Consejo Permanente de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en 2001, en ese año se realizó la negociación de la “Carta Democrática Interamericana”.

Deuda millonaria

Según los registros de la Caja Costarricense de Seguro Social, siete agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica le adeudan ¢1.324 millones.

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Los cobros quedaron en firme tras varias denuncias de trabajadores e inspecciones de oficio, la CCSS resolvió que las oficinas de la ONU en el país incumplieron sus obligaciones patronales o reportaron salarios menores a los que realmente cancelaban a sus empleados.

La entidad estatal no ha logrado cobrar lo adeudado; la ONU afirma que gozan de privilegios y por tratarse de organismos internacionales la Caja no puede ejercer cierres u otras medidas para forzar el pago.