La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, informó que la Junta Directiva aprobó enviar una consulta a la Contraloría General de la República para determinar si procede aplicar el aumento salarial para sus 63.000 trabajadores.
La decisión, según la jerarca, se tomó esta semana, pero aún está pendiente su ratificación en la siguiente sesión de la Junta Directiva.
De acuerdo con Esquivel, se le consultará al órgano contralor si la Caja está excluida de la regla fiscal para aprobar aumentos salariales por costo de vida. Ese trámite pretende ponerle fin a la discusión y polémica causadas por la aprobación de un ajuste salarial de entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales aplicables de forma retroactiva desde enero de 2020 hasta ahora.
El incremento, que costará ¢29.000 millones fue autorizado por la Junta Directiva de la CCSS el 8 de setiembre en una votación de siete contra uno. La única directora que votó en contra del alza fue Marielos Alfaro Murillo, representante de los patronos. Ella decidió así al tomar en cuenta un estudio de la Dirección Actuarial el cual concluyó que autorizar el incremento “acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”.
Aunque en el acuerdo tomado el 8 de setiembre la CCSS se comprometía a pagar el aumento salarial antes de que finalice el 2022, Esquivel subrayó que no se pagará hasta tener una respuesta de la Contraloría General de la República.
“En caso de que diga la Contraloría de que sí estamos sujetos a la regla fiscal, el acuerdo tomado podría ser nulo”, comentó. Frente a ese escenario, agregó, podrían valorar la solicitud de una medida cautelar para suspender los pagos.
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“Eso es perfectamente posible, pero la prudencia es lo que manda en estos temas. Lo que tenemos que hacer es esperar la respuesta de la Contraloría”, concluyó.
En las últimas semanas, los sindicatos del sector salud protagonizaron dos paros de labores para presionar por la aplicación del aumento.
Los cálculos hechos por la Gerencia Financiera de la CCSS indican que el aumento salarial retroactivo tendrá el costo de ¢29.000 millones, es decir, ¢2.000 millones más que el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para el presente año.
También, según confirmó el Ministerio de Hacienda, esa cantidad es 7,4% mayor a la suma de los presupuestos anuales del Ministerio de Comercio Exterior, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Vivienda.
Criterio enviado a la Junta Directiva
El 12 de octubre, la Presidencia Ejecutiva de la CCSS envió a la Junta Directiva un documento de 27 páginas que contiene un análisis sobre el aumento salarial retroactivo.
En el texto se indica que el incremento “se aleja de la responsabilidad fiscal” y enfatiza que “no es aceptable que la CCSS se abstraiga del escenario fiscal” que atraviesa el país.
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Por último, expresa que el acuerdo que dio luz verde al aumento de salario pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la institución.