Nuevos estudios actuariales que están en proceso servirían de base para la próxima reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Los análisis solicitados por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) serían conocidos por ese órgano antes de que finalice el año, con la idea de convocar a una nueva mesa de diálogo entre mayo y junio del 2020, confirmó el gerente de pensiones de la institución, Jaime Barrantes.

El número de cuotas es una de las principales variables a considerar en una reforma a las pensiones, junto a la edad y los beneficios para los pensionados. Ninguna de estas tres variables fue tocada por la mesa de diálogo en noviembre del 2017.

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La mesa tendrá mayor alcance nacional que la de ese entonces, cuando se aprobó un conjunto de 33 medidas para dar sostenibilidad del régimen.

Ese foro del 2017 se creó poco después de que trascendiera un estudio actuarial de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), que pronosticó graves problemas para la sostenibilidad del IVM.

El gerente de pensiones de esa institución, Jaime Barrantes, confirmó la solicitud de la Junta, órgano que también estaría conociendo un análisis para conocer las opciones para fortalecer este sistema, antes de que finalice el año.

Barrantes recordó que existe una política financiera del IVM y un plan para fortalecerlo, presentado por el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes.

El IVM es el principal fondo de jubilaciones de Costa Rica para el cual cotizan más de 1,5 millones de trabajadores, 80.000 patronos y el Estado.

Cambios a profundidad

En mayo, Macaya anunció que la institución adelantaría en tres años la discusión de una nueva reforma. La mesa de diálogo anterior, recomendó un plazo mínimo de cinco años para evaluar la realización de cambios al IVM.

Las autoridades de la Caja y el Gobierno anunciaron el interés de realizar una discusión que aborde el tema de pensiones más allá de la CCSS, tomando al IVM como parte de un sistema nacional de pensiones.

Todos los estudios están en proceso, aseguró el gerente de pensiones.

Según resumió Barrantes, varias de las medidas acordadas en noviembre del 2017 se han ejecutado.

Citó la aprobación del aumento de los aportes sectoriales, situación que entrará a regir a partir del 2023, cuando los porcentajes que aportan trabajadores, patronos y Estado aumentarán cada tres años y no cada cinco.

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Con esta medida, la Caja adelantará en seis años el plazo requerido para subir de un 10,16% a un 12,16% el porcentaje de cotización tripartito por cada salario. La meta se alcanzará en el 2029, en lugar del 2035.

La institución también aprobó la incorporación de metas para mejorar el rendimiento de las inversiones.

Además, según Barrantes, las iniciativas para trasladar unos ¢85.000 millones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y del Banco Popular al IVM están en el despacho del diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, como parte de una serie de proyectos que él está interesado en impulsar en relación con los seguros sociales.

La Nación consultó a Muñoz vía WhatsApp sobre el tema, y adelantó que lo anterior está apenas en estado “incipiente”.

Los proyectos forman parte de un paquete de once iniciativas, presentadas el 30 de setiembre. Son el 21.602 (Ley para el fortalecimiento del régimen de IVM, para trasladar fondos del Popular) y el 21.603 (Ley para fortalecer el régimen IVM mediante transferencia del Fodesaf).

Efectos mínimos

Estudios de la propia institución publicados por este diario confirman que la reforma del 2017 ha tenido efectos mínimos.

Uno de esos estudios, realizado en octubre del 2018 por la Dirección Actuarial, reveló que, en el escenario más optimista, con la aprobación de todas las propuestas, la reserva del fondo se agota en el 2045.

El informe también analizó el efecto de las iniciativas de la mesa de diálogo con modificaciones hechas por la Junta Directiva de la institución. El resultado fue casi el mismo, la reserva llega a cero en el 2046.

El análisis de octubre estableció la insuficiencia de recursos, sin el dinero de Fodesaf y el Popular, entre el 2035 y el 2036. El último estudio actuarial de la CCSS lo ubicó en el 2035.