Todas las contrataciones, licitaciones y compras de urgencia realizadas por la Caja para equipar a sus hospitales en la atención de la pandemia, pasarán por el ojo de su Auditoría Interna, que anunció un estudio “de carácter especial” de todos estos procedimientos.
La información la confirmó la Gerencia General de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en un comunicado de prensa. La investigación apenas está en la fase de planificación.
“El objetivo del estudio es dar confianza y garantía en el manejo de los recursos institucionales para preservar la vida, la salud y el bienestar la ciudadanía”, explicó la institución.
El gerente general de la CCSS, Roberto Cervantes Barrantes, calificó esta intervención como “un importante acompañamiento” para evidenciar que todo lo hecho hasta ahora en el abordaje de la pandemia está apegado a la ley.
De acuerdo con la página de la Contraloría General de la República (CGR), desde el 18 de marzo a la CCSS se le han aprobado 23 gestiones diferentes de compra, por un monto que sobrepasa los ¢21.400 millones.
Son compras realizadas de manera directa para conseguir equipos médicos, como respiradores, camillas y equipos de protección personal para el personal de salud responsable de atender a los enfermos de covid-19.
La Caja, además, tiene en su portal web un sitio donde están incluidas todas las compras, según informaron. Se llama “transparencia” y a él se puede tener acceso en el enlace https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/transparencia
“Si bien la Caja ha solicitado a la Contraloría vías rápidas de contratación en algunos insumos para atender la pandemia, es igualmente importante dar a conocer que esas compras cumplen con las regulaciones para garantizar el uso oportuno, correcto y razonable de los fondos”, manifestó el gerente general.
Los insumos que han logrado ingresar al país se han distribuido entre los 29 hospitales y las 106 áreas de salud. La institución ha tenido dificultades para el ingreso de todos los respiradores debido al comportamiento del mercado internacional por la pandemia.
Las primeras adquisiciones permitieron equipar en un tiempo récord el Centro Especializado para la Atención de Covid-19 (Ceaco), así como acondicionar la infraestructura para su operación en las instalaciones que antes ocupara el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare), en La Uruca.
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También posibilitó la adaptación de varias ambulancias para el traslado de enfermos confirmados de covid-19.
No obstante, la institución ha sido cuestionada por compras; entre ellas, una de 2,8 millones de mascarillas, por un monto superior a $1,1 millones.
Por un fallo de inspección que ahora se investiga, un primer lote de 700.000 mascarillas fue distribuido a los hospitales a pesar de que traían una etiqueta que advertía que no son de uso médico.
El gerente de Logística de esa institución, Luis Porras Meléndez, en entrevista con La Nación, el 14 de julio, confirmó el error, que atribuyó a “un problema de calidad”.
Un estudio de Auditoría confirmó, en mayo, que la contratación de varios vuelos chárter para traer equipo de protección personal desde China, cumplía con la normativa.
El transporte se contrató para traer al país una donación de 52.708 kilos de equipo de protección personal, como batas descartables, respiradores N-95, mascarillas quirúrgicas de uso médico, lentes de seguridad, guantes y botas descartables.