Desde las 9 a. m. de este lunes, el ministro de la Presidencia y también legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, deberá rendir cuentas en el Plenario Legislativo sobre la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La fecha de interpelación del titular de la Presidencia quedó fijada el pasado jueves.
El funcionario tendrá que referirse a los alcances de un decreto ejecutivo, publicado el pasado 17 de febrero y derogado cuatro días después, que le otorgaba facultades a la UPAD para acceder a información confidencial que las instituciones públicas tienen de los costarricenses.
Morales, el presidente Alvarado y el viceministro de Panificación, Luis Daniel Soto, firmaron el decreto que formalizaba dicha unidad, la cual venía trabajando como un equipo de asesores del mandatario desde el 2018.
El ministro será interpelado por los diputados en dos sesiones, una que va de 9 a. m. a 12 del mediodía; y otra de 3 p. m. a 6 p. m.
Este domingo, los jefes de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz; de Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshank; y Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); afinaban las consultas sobre las dudas que desean aclarar durante la participación del jerarca.
En tanto, Silvia Hernández, jefa del Partido Liberación Nacional (PLN), a modo general explicó que el interés de los legisladores de su bancada es el de aclarar actuaciones y recolectar la mayor cantidad de información posible sobre este caso.
“No dudamos que tendrá mucho que explicar, sin que esto signifique dejar de poner en evidencia errores y exigir las respuestas claras sobre un tema que ha tenido de todo menos claridad por parte del Gobierno”, expuso la verdiblanca.
El socialcristiano Muñoz afirmó que, si bien esta tarde aún trabajaba en afinar su estrategia, adelantó que su interrogatorio estará basado en la investigación del caso que desarrolló durante cinco días la Defensoría de los Habitantes.
“Marcó la cancha muy bien”, afirmó Muñoz. “La Defensoría es la que más camino ha avanzado en este tema (...). Yo voy a trabajar sobre las bases que ha venido trabajando”, añadió.
El resultado final de dicha investigación cuestiona los convenios de Presidencia con instituciones para obtener compartir información sobre ciudadanos.
Sin embargo, la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, mantiene una diferencia con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), sobre el tipo de información que maneja el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Al respecto, Muñoz explicó que, sobre esa polémica, aprovechará la presencia de Morales para indagar el tipo de datos que los asesores de la Presidencia obtuvieron.
“Quiero saber cuáles son los datos que se recopilaron en el IMAS y cuáles datos se traspasaron a Casa Presidencial”, añadió Muñoz.
Por su parte, el jefe del PRN adelantó que sus consultas estarán dirigidas en si se utilizó o no indebidamente información sensible de los costarricenses.
“Quisiéramos saber desde cuándo él tiene participación en el tema de la posible utilización de los datos de los costarricenses y queremos ver bajo qué circunstancias se firmó el decreto”, expuso el restauracionista.
A Dolanescu le interesa saber qué llevó al ministro Morales a firmar el decreto, según expuso el diputado este domingo.
Ha quedado claro que don Víctor es una de las personas en las que más confía el Presidente Alvarado y su firma en el decreto lo ubica como una de las pocas personas que tenían pleno conocimiento de cómo funcionaba la UPAD.
“De cuáles instituciones se solicitó información y de qué tipo. También, saber a quién le reportaban los muchachos de la UPAD su trabajo y con qué periodicidad”, son parte de las consultas que, según el diputado republicano, planteará en el plenario este lunes.
Muñoz, Cruickshank y Dolanescu afirmaron que, dependiendo de las respuestas del jerarca durante la interpelación, definirán si respaldan o no la moción de censura en su contra que tramita el Plenario Legislativo.
“Eso lo veremos nuevamente como fracción, pasada la audiencia”, indicó por su parte la jefa del PLN.
Las contradicciones de la Defensora
La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, alegó que la Presidencia suscribió un convenio con el Sinirube, el cual registra información de quienes reciben subsidios del Estado.
En un principio, el viernes, la defensora afirmó que el Sinirube mantiene información sensible sobre el estado de salud y enfermedades de las personas que reciben asistencia.
Luego, el sábado, el ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez, desmintió que ese sistema maneje ese tipo de datos sobre los beneficiarios. Bermúdez calificó de “irresponsable” y “temeraria” esa afirmación.
En un comunicado de prensa la Defensoría reconoció que Crespo sí mencionó las palabras “enfermedades” y “salud”, pero que no se refirió a expedientes médicos como tal, sino a aquella información que la CCSS y el IMAS pueden interrelacionar en aras de determinar la condición socioeconómica de los beneficiarios.