El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desmintió declaraciones del candidato Rodrigo Chaves Robles, quien afirmó que él ofreció y entregó a esta institución los estados de cuenta del fideicomiso privado que financió gastos de su campaña, al margen de los controles partidarios y del sistema de transparencia pública.
El viernes, luego de conocer que el Tribunal ordenó al Banco Nacional entregar la información de las cuentas del fideicomiso, el candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) compartió un video con sus simpatizantes en el que dijo: “Aquí no hay ningún secreto, nosotros le habríamos ofrecido y dado los estados de cuenta al Tribunal, de cualquier manera”.
No obstante, de acuerdo con el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, el candidato presidencial nunca aportó la información. Rónald Chacón, jefe de esa unidad, manifestó que por ese motivo se recurrió a girar la orden al Banco Nacional de facilitar la información bancaria.
“El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos cursó solicitudes de información relacionadas con los movimientos de las cuentas bancarias del fideicomiso, tanto al candidato presidencial como al fiduciario. Ahora bien, tal información no fue aportada. Ello dio lugar, entre otros asuntos, a la solicitud de información al Banco Nacional de Costa Rica”, manifestó Chacón ante consultas de La Nación.
Este medio solicitó al partido, este mismo viernes, la documentación que respaldara la supuesta disposición de aportar toda la información, como el mismo Chaves dijo en su video. Sin embargo, no hubo respuesta.
En enero, antes de la primera ronda, Chaves se negó a facilitar los nombres de las personas físicas y jurídicas que aportaron dinero al fideicomiso, el cual es objeto de una investigación preliminar por parte del Tribunal Supremo de Elecciones.
El 19 de enero de 2022, al ser consultado por el periodista Ernesto Rivera, de Costa Rica Noticias Canal 13, acerca de las personas que aportaron dineros al fideicomiso, el candidato contestó: “Es que ese fideicomiso, yo no tengo autorización. De hecho, hay una cláusula de confidencialidad, yo no puedo revelar los nombres y, además, no se los voy a revelar”.
Según reveló La Nación, el sábado 5 de marzo, dicho fideicomiso bancario pagó gastos de campaña del candidato presidencial y del Partido Progreso Social Democrático entre julio y octubre, al menos. Entre ellos se encuentran pagos como el alquiler de la sede central del partido, en San José, publicidad, planilla, servicios profesionales, coordinadores territoriales, alquileres de vehículos, viáticos y mobiliario de oficina.
La legislación electoral prohíbe el financiamiento paralelo. Aparte del tesorero partidario o de las personas que designe el Comité Ejecutivo, ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar fondos y ejecutar compras de bienes y servicios en beneficio de un partido.
De hecho, el Código Electoral prevé sanciones de prisión para quienes realicen aportes de esta manera y para los dirigentes que reciban aportes “valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.
Ese fideicomiso, denominado Costa Rica Próspera se nutrió de aportes de las siguientes personas: Jack Loeb Casanova, Bernal Jiménez Chavarría, Arnoldo André Tinoco, Adrián Torrealba Navas, José Coto Quesada, Damaris Robles Aguilar, Luis Diego Soto Clausen, Hey Friedrich y Sergio Naranjo.
Además de ellos, se registraron aportes de las sociedades Galería Tres Mil y Península Group, ambas presididas y representadas por el abogado Arnoldo André Tinoco, quien fue presidente de la Cámara de Comercio y también preside la sociedad administradora del fideicomiso, ATA Trust.
El Código Electoral prohíbe que personas jurídicas hagan aportes, en efectivo o en especie, a los partidos y campañas políticas.