El Tribunal de Apelaciones confirmó, este viernes por la mañana, que el empresario de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, y los seis gerentes del Banco de Costa Rica (BCR) permanecerán tres meses en prisión preventiva.
La decisión la tomó el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José con el voto número 421-2017, del juez Hugo Porter.
Todas las partes fueron notificadas, informó la oficina de prensa del Poder Judicial. De esta forma, se confirma la resolución que tomó el Tribunal de Turno Extraordinario de San José el 4 de noviembre.
Los siete imputados por el caso del cemento chino permanecen privados de libertad de forma preventiva desde entonces. Fueron detenidos un día antes, cuando también se allanaron las propiedades de Bolaños, del gerente general del Banco, Mario Barrenechea, y las oficinas del BCR.
Los defensores de los siete imputados intentaron convencer al juez Porter de dejar a sus clientes en libertad en una audiencia que se extendió durante casi 19 horas, entre el martes y el miércoles.
En esa instancia, uno de los argumentos de Juan Marco Rivero, abogado de Bolaños, y Andrés Pérez, representante de Barrenechea, fue que la orden de allanamiento, mediante la cual se buscaron pruebas en las propiedades de sus clientes, "desapareció" del expediente judicial sobre el financiamiento al cemento chino.
Sin embargo, de inmediato la Fiscalía aclaró que la orden sí existe, que un juez penal la dio en formato digital y que todos los involucrados recibieron una copia impresa del documento.
Además de Bolaños y Barrenechea, las otras personas que son investigadas por este caso son: Leonardo Acuña Alvarado (subgerente de Finanzas y Riesgo), Andrés Víquez Lizano (subgerente de Banca Mayorista), Marvin Corrales Barboza (subgerente de Banca Minorista), Gilberth Barrantes Campos (gerente corporativo de Riesgos) y Rodrigo Ramírez Rodríguez (director de Gestión de Crédito).
"¿Por qué no se analiza la posibilidad de arresto domiciliario?"
Rivero insistió en que el juez debió tener en cuenta la ausencia de la orden de allanamiento en el expediente físico, y que no se contó con la prueba suficiente.
"Vivimos en un país donde a una persona se le puede privar de libertad sin que se haya tenido a la vista la prueba conforme a la cual se le conculca su derecho fundamental. Vivimos en un país en el cual se puede extraviar una resolución del expediente, precisamente la que ordena el allanamiento y decomisa la prueba y que es parte de la argumentación conforme a la cual se le detiene. Vivimos en un país en el cual el juez de garantías puede aumentar a su antojo los hechos que el Ministerio Público le atribuye a una persona sin que nadie se inmute", reprochó Rivero.
Según Fernando Vargas, codefensor del empresario, en la resolución, el juez Porter no se refirió a la solicitud que hicieron los abogados para que a los imputados se les cambiara la medida cautelar, y se les permitiera descontar los tres meses en arresto domiciliario y con vigilancia mediante un dispositivo electrónico.
"El tema es que si el señor juez piensa que ellos tienen que estar detenidos, ¿por qué no se analiza la posibilidad de arresto domiciliario con dispositivo electrónico? Eso a mí sí me causa mucha indignación porque el juez por lo menos se debió dar a la tarea, por respeto a los imputados, de decir por que sí o por qué no, pero es que ni siquiera lo menciona", dijo Vargas.
Por su parte, Pérez criticó que el Tribunal no haya tomado en consideración la edad de Barrenechea.
"El juez (...) ni siquiera cita la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de la Persona Adulta Mayor. Fue uno de los argumentos esenciales, que resultan aplicables a don Mario, por ser una persona que recién cumplió 68 años de edad", manifestó Pérez.
Aunque en un inicio el abogado de Barrenechea también dijo que su cliente se había quebrado las costillas tras caerse en la cárcel, esto fue descartado. No obstante, el próximo martes será llevado a un hospital de nuevo para que le realicen más exámenes.
Daño al país
Cuando la Fiscalía solicitó prisión preventiva como medida cautelar alegó "la magnitud del daño causado por la afectación a la institucionalidad del país". Agregó que la capacidad económica de los imputados hace que todos tengan peligro de fuga.
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Bolaños y cinco de los funcionarios bancarios cumplen la prisión preventiva en la cárcel de San Sebastián, a la que ingresaron el miércoles de la semana pasada.
Barrenechea, por su parte, ingresó al CAI Adulto Mayor, en La Reforma, dos días antes.
A todos los imputados se les investiga por el supuesto delito de peculado, mientras que al empresario la Fiscalía también le atribuye los delitos de tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.
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Información actualizada a las 10:05 a. m. con las reacciones de los abogados.