El presidente Carlos Alvarado declaró que dará la cara a la justicia luego de que la Fiscalía General lo acusó por los presuntos delitos de prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad por el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el cual fue promulgado el 17 de febrero del 2020 y anulado el día 21 del mismo mes.
“Yo siempre estaré aquí para dar la cara, como presidente o como ciudadano. Frente a este tema u otro tema, nunca voy a rehuir a las responsabilidades o a los cuestionamientos. Mi conciencia está, dichosamente, muy tranquila”, expresó Alvarado.
El 2 de febrero del 2022, la Fiscalía General de la República solicitó llevar a juicio al presidente por el decreto que permitiría a la UPAD acceder a información de “carácter confidencial” que se encuentre disponible en las instituciones públicas, en donde se administran datos sensibles de las personas. Para ello, es necesario que la Asamblea Legislativa levante el fuero que la Constitución Política le concede al máximo jerarca del Poder Ejecutivo.
“Constitucionalmente, hay un tema que trasciende mi voluntad, que es el propio fuero, el propio fuero según la propia Constitución. Más allá de lo que yo quiera o no quiera hacer, depende de lo que determina la Constitución que hay que hacer, pero casualmente, por ser ese un tema legal y técnico, es algo que la parte legal de la defensa puede desarrollar en cuanto a sus argumentos”, comentó Alvarado.
Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron la noche de este martes, durante una conferencia de prensa efectuada en en el Aeropuerto Juan Santamaría. Agregó que él prefiere enfocarse en temas del país y no en asuntos legales.
“Decidí hace más de dos años, aproximadamente dos años, cuando esto inició, que cualquier tema del fondo de esta materia lo manejarán mis abogados, por una razón, y es que yo estoy enfocado en gobernar y ellos están ocupados de mi defensa.
“Yo me estoy ocupando en cosas como las vacunas, en cosas como el déficit, no en el proceso; para eso tengo gente que está trabajando en eso y ellos pueden referirse al fondo este asunto”, aseveró el presidente.
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La acusación sostiene que el decreto de creación de la UPAD no se ajustó a los procedimientos adecuados, pues “no fue remitido al departamento de Leyes y Decretos de la Casa Presidencial, con el fin de analizar su procedencia, cuadro fáctico y legalidad, lo cual permitiera que el Decreto Ejecutivo no entrara en vigencia”.
Además, la investigación se apoya en el expediente legislativo 21.818, bajo el cual la Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa estimó que el decreto no contó con la aprobación del Ministerio de Planificación (Mideplán).
“Resulta claro que, por medio de dicho acto administrativo, ambos imputados procedieron a imponer a la Administración Pública Central y Descentralizada la obligación de permitir información confidencial que requiriera la UPAD, con el fin de generar política pública”, detalla el documento firmado por el fiscal general a. i., Warner Molina.
Por esta causa, la Fiscalía también acusó al diputado Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien fungía como ministro de la Presidencia durante la época en que sucedieron los hechos que se investigan, en febrero de 2020.
En la acusación, el fiscal general solicitó que se traslade la petición a la Asamblea Legislativa, para que los diputados evalúen levantar la inmunidad de Alvarado y Morales.
En esta investigación figuran como testigos el abogado Juan Diego Castro; el exfiscal Francisco Dall’Anese; la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo; la jefa del departamento de Asesoría Jurídica de Casa Presidencial, Marisol Bolaños y el jefe del departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencial, Fred Montoya.
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Esta causa es aparte del expediente en el que se investiga si la UPAD accedió a datos confidenciales de los habitantes y por el cual la Casa Presidencial fue allanada en febrero del 2020.
Los abogados del presidente Carlos Alvarado, Roger Guevara y Rodolfo Brenes, calificaron la acusación de la Fiscalía como “precipitada”, y aseguraron que la defensa “ni siquiera conocía el expediente”.
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