Reymond González Zúñiga, jefe de Proveeduría de la Municipalidad de Corredores, les declaró a las autoridades judiciales que, en esa institución, se decía que la embotelladora de agua del presunto narcotraficante, Darwin González, pagó por la construcción de un puente en una finca privada en Río Bonito, pero las personas contratadas usaron recursos municipales en la obra.
Por este caso fue detenido el alcalde local, Carlos Viales, a quien el Ministerio Público achaca un presunto peculado.
La finca del puente está a nombre de una sociedad llamada Darfra Inversiones, cuya presidenta es la esposa del sospechoso de liderar una banda de narcotráfico y lavado de dinero. A su vez, una firma llamada Embotelladora La Cascada, vinculada a Darwin González, planeó la construcción de una envasadora de agua aprovechando una naciente de agua ubicada en el lugar.
El martes, en su testimonio rendido ante la Fiscalía Anticorrupción de Corredores, el proveedor municipal declaró: “En este proceso he sido testigo de cómo el poder político nubla el juicio de las personas que uno hubiese pensado de gran capacidad, y los lleva a realizar actos que meten en problemas a otros ciudadanos, pues según se rumoreaba, la empresa del proyecto de embotelladora de agua había pagado por todas las obras que le hicieron en el sitio, pero a quienes contrató utilizaron recursos públicos con lo que generaron, en lugar de una solución, un problema más”.
La declaración se produjo dentro del proceso de investigación contra el alcalde Carlos Viales, por la aparente construcción de un puente en la finca de González con recurso humano y materiales de la Municipalidad de Corredores. Esta información fue revelada por Telenoticias este miércoles.
En su relato, el proveedor contó que, para inicios del 2021, Viales había dejado de ser la persona de diálogo y conciliadora que había llegado al gobierno local y “se había transformado en un funcionario muy diferente , parecía que no le interesaba la institución”.
En sintonía con lo que declaró Miguel Ángel Cubero, maestro de obras municipal encargado de la construcción del puente, el funcionario de Proveeduría dijo que el alcalde y el ingeniero municipal, Roberth Fernández, acosaron laboralmente a varios empleados del ayuntamiento.
Miguel Cubero contó, según consta en el expediente judicial, que Viales y Fernández le advirtieron de que no revelara la realidad de la construcción del puente en la finca del supuesto narcotraficante y empezaron a perseguirle y a tratar de que guardara silencio.
El proveedor municipal coincidió en que Viales “se estaba tornando abusivo e intimidador, incluso con algunas compañeras de trabajo, cuyos casos no trascendieron por el miedo a denunciar”.
Agregó que el alcalde liberacionista se empeñó en implementar una estructura organizativa sin estudios técnicos y creó una serie de puestos sin escala salarial en la Municipalidad, como si fuera una pulpería.
“Se contrató mucho personal por compromisos de campaña, sin proceso de reclutamiento y selección; muchos estuvieron sentados por largo tiempo, porque no habían enviado a comprar lo que se requería para que trabajaran; se había dejado caer la maquinaria a mal estado, porque no se preocuparon de hacer una planificación de mantenimiento”, acusó el proveedor.
Días atrás, Telenoticias y La Nación dieron a conocer la declaración del maestro de obras que vincula a Carlos Viales y a Roberth Fernández con la construcción del puente en la propiedad del supuesto narcotraficante, del cual dio noticia este medio en abril del 2021.
En el expediente judicial, el funcionario aportó audios, fotografías y videos sobre la construcción del puente, así como capturas de pantalla de conversaciones con Viales, donde lo mantenía informado del avance de esa obra, que originalmente Cubero pensaba era para el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), porque había un rótulo a la entrada con el nombre de esa institución.
En su declaración, el proveedor municipal machacó en que a Miguel Cubero lo acosaban Viales y Fernández. “Todo lo cual venía ocurriendo después de que (Cubero) le hubiera reclamado a don Carlos Viales por uno de los proyectos que tenía a cargo, específicamente por el proyecto del puente que estaban realizando en Río Bonito, camino al proyecto de la embotelladora de agua, ya que el lugar donde le ordenaron hacer el puente, se rumoreaba que no era propiedad del Estado”, relató González.
El proveedor enfatizó que el acoso llegó al grado de que al maestro de obras le habían rebajado el salario, le sacaron de la oficina que tenía como jefe de cuadrillas y le estaban nombrando por periodos muy cortos.
Como proveedor municipal, Reymond González incluso tuvo que emitir una certificación solicitada por Carlos Viales, en setiembre del 2021, con la que se habría presentado, ante los diputados, para decir que la Alcaldía no tenía nada que ver con la construcción del puente en la finca del supuesto narcotraficante.
Esa gestión de Viales se dio en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que debía investigar la penetración del narcotráfico en las municipalidades de la zona sur, y que fue abierta luego de que se supo que el hijo del alcalde Carlos Viales, el diputado Gustavo Viales, fue a recoger una encomienda a la casa, en Heredia, donde fue detenido el supuesto narcotraficante Darwin González en abril del 2021.