El presidente de la República, Rodrigo Chaves, definió dos prioridades para el próximo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que se extiende del 1.° de noviembre al 31 de enero, en el que el Gobierno dirigirá la agenda de los diputados.
Entre las prioridades, apuntó Chaves este miércoles, se encuentra el Presupuesto Nacional del 2023, que por mandato constitucional debe ser aprobado a más tardar el 30 de noviembre.
El plan de gastos ha sido objeto de polémica porque los diputados redujeron en ¢81.000 millones la partida para pagar intereses de la deuda, a fin de restituir fondos a instituciones y programas sociales. El Poder Ejecutivo considera que ese cambio arriesga la capacidad del país de honrar sus obligaciones.
El otro plan primordial es el proyecto de ley que autorizaría al Gobierno a endeudarse por $6.000 millones en eurobonos en el mercado internacional.
Rodrigo Chaves aseguró que existe urgencia de aprobar esa propuesta para asegurar la estabilidad macroeconómica del país, debido a que el Estado debe pagar a inversionistas, en enero próximo, $1.000 millones por eurobonos colocados en el pasado para financiar la operación gubernamental.
El mandatario dijo que el dinero hay que sacarlo “de alguna parte” porque un default, “el no pagar”, le quitaría la prosperidad al país.
“La plata hay que conseguirla o hay que conseguirla y ese ha sido el llamado muy respetuoso a los diputados y diputadas”, aseguró Chaves.
El proyecto de eurobonos fue dictaminado positivamente por mayoría en la Comisión de Asuntos Económicos por $6.000 millones, pero sin el apoyo de la mayor bancada del Congreso, el Partido Liberación Nacional (PLN), ni del Frente Amplio (FA).
El PLN insiste en aprobar $1.500 millones a la espera de conocer mejor la agenda fiscal y económica del Gobierno.
Ahora, el proyecto debe someterse a primer y segundo debate en el plenario legislativo, donde requiere el voto de al menos 38 diputados para su aprobación.
El mandatario aseguró que el plan tiene que aprobarse lo más pronto posible, porque “una vez tengamos la aprobación hay que contratar al asesor financiero, a los asesores jurídicos, hay que darle vuelta a los mercados, hablar con los inversionistas”.
También, alegó que se aproxima la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (24 de noviembre) y de la Navidad, lo que puede atrasar la operación.
“El chequecito o la transferencia (el vencimiento) es el 26 de enero. Entonces, obviamente los eurobonos tienen que ser prioridad, por la estabilidad macroeconómica del país”, puntualizó.
Agenda pendiente
Por su parte, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, aseguró que debe sentarse con el mandatario Rodrigo Chaves para definir el resto de la lista de proyectos que convocarán a la agenda legislativa.
Dentro de las posibilidades, mencionó el proyecto de derogatoria del Fondo de Avales para empresas afectadas por la pandemia y el plan para que las instituciones públicas pasen sus fondos de bancos comerciales al Banco Central de Costa Rica (BCCR), de manera que el manejo de la liquidez sea más transparente y se reduzca presión a las transferencias de dinero del Gobierno hacia las entidades.
En sus primeros cinco meses de gestión, la actual administración también presentó el plan de venta del Banco de Costa Rica (BCR) y las reformas a los ministerios de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ambiente y Energía (Minae), Agricultura y Ganadería (MAG) y, recientemente, al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Además, presentó propuestas para legalizar el uso recreativo de la marihuana, para establecer un tope al precio de los combustibles y para entregar subsidios a los arroceros nacionales.
Ni el mandatario ni la ministra de la Presidencia mencionaron si esos proyectos estarán en la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso.