El presidente de la República, Rodrigo Chaves, le cerró la puerta a la ejecución de una ley solicitada tanto por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) como por el excandidato liberacionista, José María Figueres.
Se trata de la Ley de Fondo de Avales, que fue aprobada en diciembre pasado, con el objetivo de ayudar a 18.000 empresas afectadas por la pandemia a obtener créditos bancarios, mediante la emisión de garantías estatales.
El lunes pasado, Figueres y la jefa de fracción del PLN, Kattia Rivera, cuestionaron al Gobierno por no poner en marcha la creación de fondo, el cual ya cuenta con $270 millones provenientes de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según la ley, el mecanismo permitiría otorgar avales equivalentes hasta un 75% de cada crédito bancario a empresas con problemas de liquidez, con las condiciones de que mantengan el nivel de empleo y hubiesen tenido un buen récord crediticio antes de la pandemia. Estas garantías responderían en caso de incumplimiento.
A su vez, según el texto, el 50% de los avales debe destinarse a personas físicas o jurídicas que empleen 100 o menos personas trabajadoras.
No obstante, aunque los verdiblancos consideraron urgente el proyecto para la reactivación económica y el empleo, el presidente no lo concluye así.
“Analizando este proyecto, el Gobierno se dio cuenta de que ese fondo constituye fundamentalmente un plan de rescate a los bancos y nada o muy poco tiene que ver con la reactivación económica. No vemos utilidad de ningún tipo para la economía nacional.
“En pocas palabras, el fondo de avales no lo queremos ver, porque no ayuda a la mayoría de la población, sino que es una ayuda al sector bancario. No es la mejor política pública para el pueblo de Costa Rica”, afirmó Chaves.
Añadió que el Ejecutivo prepara un nuevo proyecto de ley para darle otro destino a los $270 millones.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, había adelantado la intención del Poder Ejecutivo de destinar estos recursos para cubrir el gasto presupuestario del Gobierno.
La autorización para cambiar el destino solamente la podrían dar los diputados. El dinero se tendría que presupuestar como fuente de financiamiento externo para pagar gastos normales, sustituyendo financiamiento interno, que es más caro.
Chaves dijo que la intención es presentar un plan de ley que ayude al Estado a no incurrir en un “costo excesivamente alto”, pues el país encara importantes vencimientos de pagos de la deuda pública como los $1.000 millones que debe devolver en enero a los acreedores.
Figueres y el PLN, la mayor bancada del Congreso, sostienen en cambio que el fondo de avales sigue siendo necesario.
“El destino específico para esos fondos es ayudar a las empresas que tienen problemas de liquidez y que siguen teniendo muchos retos. Lo que menos queremos es que despidan a más personas, en momentos con tanto desempleo”, comentó Figueres el lunes pasado.
Agregó que es un proyecto ya aprobado y que, si el Gobierno tiene otro propósito, la discusión se tendrá que dar en la Asamblea Legislativa.
Así funcionaría el fondo de avales
Los beneficiarios:
De acuerdo con la ley aprobada en diciembre con 45 votos a favor y uno en contra, los beneficiarios deben tener una calificación buena o aceptable en el récord crediticio antes de la pandemia y una morosidad inferior a los 60 días.
Distribución:
Para distribuir los recursos, un informe técnico elaborado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) determinaría la distribución de los avales entre los sectores económicos más afectados.
Posteriormente, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) suministraría información del saldo de crédito otorgado por cada entidad financiera al sector privado, según actividad económica y segmento de riesgo.
Con esa información, un consejo rector encabezado por el Ministerio de Hacienda asignaría los recursos proporcionalmente entre los intermediarios, de acuerdo con la participación de cada entidad en el saldo de crédito otorgado al sector privado, en la cartera empresarial o comercial más afectada por la pandemia.
En esa etapa, “la entidad financiera fijará los montos máximos de avales por actividad económica, debiendo priorizar todas las actividades económicas empresariales según su nivel de afectación. A partir de esta fijación, el intermediario financiero distribuirá al menos 50% para las personas físicas o jurídicas que empleen 100 o menos personas trabajadoras”.