El PLN y el PUSC todavía dudan de poner a discusión la reforma constitucional que permitiría expulsar diputados que cometan faltas contra la probidad y la ética, pese a que la Sala IV ordenó crear el régimen disciplinario desde hace siete años, en junio del 2010.
Maureen Clarke y Gerardo Vargas Rojas, jefes de fracción de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC) no han dado aún una respuesta positiva, de parte de sus partidos, para iniciar la discusión de la reforma al artículo 112 de la Constitución Política.
El Movimiento Libertario, en cambio, sí mostró apertura a discutir el tema. Así lo hizo, luego de que este jueves se apersonara el diputado Ottón Solís a la reunión de líderes de bancada.
El legislador de Acción Ciudadana (PAC) literalmente rogó a sus compañeros que le den trámite al expediente 19177, denominado "Pérdida de credencial de diputado por violación del principio de probidad, mediante reforma al artículo 112 de la Constitución Política".
Solís insistió a los jefes de bancada en que la discusión de la reforma constitucional es apenas un paso en el cumplimiento de la sentencia de la Sala, que en el 2010 señaló que no hay un marco legal para sancionar a diputados que violen el principio de probidad establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
LEA: 3 partidos titubean en privado sobre plan para castigar diputados, pero lo apoyan en público
Para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia, los diputados deben aprobar no solo la reforma constitucional, sino que también deben reformar el Reglamento legislativo a través de una ley especial, para dictar los pasos a seguir cuando se deba procesar a un diputado.
Sin embargo, la jefa del PLN dijo que el tema primero debe ser discutido en la reunión de la fracción verdiblanca, pues ella no toma posiciones por sus compañeros.
"Somos una fracción, y las decisiones se tratan de tomar por consenso, siempre lo he dicho y lo creo", contestó Clarke ante consulta de La Nación.
Poco más de un mes antes, el 12 de enero, Clarke cuestionó el tema, al señalar que la probidad es un concepto poco claro.
"Con respecto a la conceptualización de lo que es la probidad, me parece que el concepto es muy indeterminado, muy lleno de un marco conceptual ideológico que se pueda tener, pero son temas que hay que analizar a fondo. Además de que todavía no hay consenso en la fracción. Es muy fino y muy peligroso", dijo la legisladora.
El artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422) señala que el principio de probidad implica "demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente".
Pasado un mes, la legisladora aún no tiene una respuesta de sus compañeros de bancada, por lo que ahora los jefes de fracción esperan que Clarke traiga una posición el próximo jueves.
El jefe de fracción del PUSC, Gerardo Vargas, quien cuestionó que el Poder Ejecutivo convocara el proyecto si no había "viabilidad política", insistió en que él sí está de acuerdo con el cumplimiento de la sentencia de la Sala, pero que antes el proyecto debe "consensuarse".
"Mi posición es la misma: el proyecto debe ser abordado y resuelto, pero para que algo sea viable políticamente, hay que consensuarlo, para que no quede en solo buenas intenciones", dijo el socialcristiano.
Vargas duda sobre la idea de abrir el proyecto a debate en este momento. Cree necesario realizar foros y conversaciones previos, que generen un ambiente de consenso para la iniciativa.
En esta línea, recordó que el presidente legislativo, Antonio Álvarez Desanti, había dicho en la reunión de jefes de bancada del 12 de enero, que planeaba organizar un foro con expertos chilenos, para conocer la experiencia del parlamento de ese país suramericano, que ya implementó un régimen disciplinario para sus parlamentarios.
"Le creí al presidente Álvarez Desanti, y le sigo creyendo la propuesta que él nos hizo, en el sentido de buscar una asesoría con expertos chilenos para abordar un tema tan complejo. Desde el año pasado, cuando se abordó el tema, nos habló de la necesidad de buscar ayuda con un experto chileno, para que las intenciones quedaran bien expresadas en el texto de ley", recalcó Vargas.
LEA: Jefes de fracción se niegan a discutir plan para expulsar diputados por faltas éticas
Sin embargo, dicho foro quedó en el aire, en vista de que Álvarez dejó la Asamblea Legislativa temporalmente para enfrentar la precampaña presidencial por el PLN.
La dirección de la presidencia legislativa quedó en manos del Libertario José Alberto Alfaro, quien hasta esta semana no estaba informado del avance del foro.
"Lamentablemente, el jefe del PUSC se tuvo que retirar justamente cuando yo entraba a la reunión y la jefe del PLN dijo que no podía tomar posición porque en su fraccion hay diputados a favor y en contra. Don Otto anunció apoyo si queda explícito que la ley que norme la reforma constitucional requiera de mayoría calificada. No tengo problema con esto. La ausencia del PUSC y la indefinicion del PLN, me dejaron un sinsabor. No quedé satisfecho", dijo Solís.
ML acepta si las sanciones se aplican con 38 votos
Quienes sí cambiaron su posición fueron los diputados del Movimiento Libertario. Otto Guevara, líder de esa bancada, dijo a este diario que están dispuestos a que el proyecto sea revisado y leído en el plenario para que se ponga en discusión en una comisión legislativa, donde podrá ser revisado a profundidad por los legisladores.
"No tenemos problema en que el proyecto siga su tramitación, con la tercera lectura en el plenario. Quiero dejar clara la posición nuestra. Ahora, cuando Ottón Solís hizo la lectura del texto, le dije: 'Nosotros no tenemos problema en que siga con el procedimiento de lectura'".
"Estamos de acuerdo en que se abran las puertas para que el proyecto ingrese. La reforma constitucional hace referencia a una ley (más por aprobar), que establezca las causales para la apertura de un procedimiento de retiro de credenciales".
Eso sí, Guevara abogó porque cualquier sanción a diputados deba ser aprobada con 38 votos. De esta forma, dijo el legislador, se garantiza de que los procesos futuros en contra de congresistas deban llevarse a cabo solo con el voto de 38 parlamentarios, y así se evite que se establezcan procesos contra legisladores minoritarios que le resulten "incómodos" a las bancadas mayoritarias.
"Lo que se está presentando es un proyecto de ley donde los diputados nos estamos comprometiendo en aprobar ese proyecto, con el propósito de que después se haga una ley, que después contemple los detalles. Entonces, coincidimos en que ese procedimiento no deberá ser utilizado por una mayoría para una persecusión política en contra de algún diputado", dijo Alfaro.
El resultado final de la reunión no dejó satisfecho a Solís, quien considera que se debe abordar el tema con urgencia, luego de siete años de mora legislativa.