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Sentencia de Sala IV ordenó hace casi siete años establecer sanciones por actos indebidos

Jefes de fracción se niegan a discutir plan para expulsar a diputados por faltas éticas

Actualizado el 14 de febrero de 2017 a las 12:01 am

Minuta de la Asamblea Legislativa revela oposición y cuestionamientos de seis de los nueve jefes de fracción a cumplir fallo de magistrados que dieron 36 meses para aprobarlo... ya vamos por 79.

Solo Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana; Laura Garro, de Acción Ciudadana y Edgardo Araya, del Frente Amplio, están dispuestos a discutir el tema.

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Jefes de fracción se niegan a discutir plan para expulsar a diputados por faltas éticas

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Los libertarios José Alberto Alfaro y Otto Guevara, afirman que no es prioridad discutir el plan para castigar a los diputados que violen los principios del deber de probidad. (Archivo)

La mayoría de los jefes de fracción en la Asamblea Legislativa rehúyen discutir el proyecto de ley que permite  expulsar a un diputado del Congreso en caso de que se le demuestren faltas a la ética y la probidad. 

Los diputados se niegan a cumplir con la sentencia 2010-11352 del 29 de junio del 2010, en el que la Sala Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa reformar la Constitución Política y el Reglamento de manera que se incluyera la violación al deber de probidad como causal de retiro de credenciales.

La negativa a acatar lo ordenado por la Sala se hizo evidente en la sesión de jefes de fracción del jueves 12 de enero, durante la hora y 12 minutos en que el tema estuvo en discusión, de acuerdo con lo registrado en la minuta de esa sesión de trabajo.

En la cita, presidida por el diputado y precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, seis de los nueve jefes de fracción señalaron dudas e incluso la inconveniencia de que se discuta una reforma constitucional que permita sacar a diputados corruptos de su curul. 

LEA: Sala IV incapaz de obligar a diputados a cumplir sentencia

El tema fue puesto a discusión por la jefa de bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Garro, quien recordó que su compañero, Ottón Solís, le había insistido en la necesidad de que el tema se debatiera en las sesiones de reformas constitucionales que se agendan los miércoles. 

Para Garro, el pedido de Solís tiene fundamento, en el tanto, el Congreso arrastra ya casi 7 años de incumplimiento de la sentencia de la Sala IV.

“Don Ottón Solís ha estado insistiendo en que sometamos a discusión el proyecto 19.117  "Pérdida de credencial de diputado por violación del principio de probidad, mediante reforma al artículo 112 de la Constitución Política". Incluso don José Alberto Alfaro (diputado del Libertario y actual presidente legislativo en funciones) le prometió que hoy íbamos a hablar sobre el tema”, dijo Garro.

Ante esta posición, Álvarez Desanti recordó que, en el pasado, se habían planteado dudas sobre el plan de ley, y su jefa de despacho, Andrea Álvarez, aprovechó para recordar a los jefes de bancada que se estaba en conversaciones para abrir un foro en el Congreso con expertos chilenos que hablaran sobre la experiencia en ese país.

De inmediato, los jefes de bancada del PLN, Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario, Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Restauración Nacional y Renovación Costarricense mostraron, en algunos casos, sus reservas, y en otros, su negativa total, a abordar el tema. 

“Estoy en absoluto desacuerdo con eso, porque eso afecta a minorías”, dijo Otto Guevara, jefe del Libertario, y de seguido, planteó ejemplos de retiro de credenciales en Venezuela y Nicaragua. 

“Cuando veo cómo le quitaron la credencial a María Corina Machado, en Venezuela, cuando le quitaron las credenciales a 27 diputados en Nicaragua, miren, yo, la verdad, es que este es un tema que suena muy romántico, pero hay que verlo con pinzas porque puede ser utilizado, precisamente, para la concentración de poder, para erosionar un sistema multipartidista que tenemos y de representaciones de diferentes pensamientos electorales. Peligrosísimo, peligrosísimo”, dijo Guevara.

A pesar de que el concepto de “probidad” está especificado en el reglamento de la Ley Contra la Conrrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la jefa de fracción del PLN, Maureen Clarcke, señaló que la probidad es un concepto poco claro.

“Con respecto a la conceptualización de lo que es la probidad, me parece que el concepto es muy indeterminado, muy lleno de un marco conceptual ideológico que se pueda tener, pero son temas que hay que analizar a fondo. Además de que todavía no hay consenso en la fracción. Es muy fino y muy peligroso”, dijo Clarke.

Este comentario fue aplaudido por el diputado jefe del PASE, Óscar López.

“Me gustó mucho lo que dijo doña Maureen Clarke, 'un concepto indeterminado': Probidad. Doña Maureen es de las que habla poco pero cuando habla ilustra. Me encantó eso. Es muy peligroso, señorías. Claro, Óscar López faltó a la probidad, dice la Procuraduría. Échenlo, y entonces lo que estoy haciendo es defendiendo mi honor y lo estoy defendiendo donde corresponde, en los tribunales de justicia y tenemos juicio en agosto”, dijo López.

LEA: ÓScar López amenaza con demandar a instituciones que pauten en programa de radio

El diputado del PASE hizo referencia a un encontronazo que tuvo con un productor radial, con quien ha tenido diferendos que los enfrentan en los tribunales. 

El diputado y presidente del PASE, Oscar López, está en contra de qeue se discuta un plan de ley para castigar a los legisladores que violen el deber de probidad. | ARCHIVO
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El diputado y presidente del PASE, Oscar López, está en contra de qeue se discuta un plan de ley para castigar a los legisladores que violen el deber de probidad. | ARCHIVO

"El señor de la Procuraduría de la Ética dice: 'No, Óscar López, aquí el único que cometió un error fue usted, y usted cometió una falta al deber de probidad'. O sea, yo hoy estaría sin credencial de diputado por una cosa como estas. Me parece preocupante"

López fue investigado por la Procuraduría de la Ética porque durante el 2014 envió notas a entidades como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Caja de Seguro Social (CCSS) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), amenazando con demandar a quien pautara publicidad en el programa radiofónico Rompiendo el silencio (radio Gigante 890 AM). 

La Procuraduría de la Ética se pronunció en contra del diputado en setiembre del 2015. Sin embargo, ese informe guarda polvo en alguna gaveta de la Presidencia del Directorio Legislativo, ante la falta de un procedimiento disciplinario que permita discutir si merece o no mantenerse en su curul.

Dicho procedimiento es, precisamente, el que se plantea en la reforma constitucional que se niegan a abordar los legisladores.

“El señor de la Procuraduría de la Ética dice: 'No, Óscar López, aquí el único que cometió un error fue usted, y usted cometió una falta al deber de probidad'. O sea, yo hoy estaría sin credencial de diputado por una cosa como estas. Me parece preocupante, desde todo punto de vista, porque yo no califico como una falta de probidad el querer defender en los tribunales bajo un juicio en donde yo soy el acusador, no soy acusado”, dijo López a sus colegas. 

Sin ser tan tajante, pero sí con dudas, se mostró el jefe de bancada de la Unidad, Gerardo Vargas. 

“Igual estoy de acuerdo en el espíritu del proyecto, sin embargo tengo dudas del contenido del mismo. Tengo dudas sobre si ese proyecto está bien, si es una buena intención: bien o mal diseñada. Igual sé que en mi fracción hay dudas sobre el mismo”, afirmó.

Solo los jefes del PAC, Frente Amplio y Alianza Demócrata Cristiana (ADC) se plantaron a favor de iniciar la discusión de la reforma constitucional sin más demora. 

En tanto, el diputado Abelino Esquivel, de Restauración Nacional, dijo que se debía enviar una señal “a la gente”, aunque renegó de la posibilidad de que una propuesta para quitar las credenciales a los diputados sea lo adecuado en este momento. 

“No podemos quedarle mal a la gente. Todos sabemos que de por sí, la figura del diputado ha venido recibiendo tantos golpes, que cualquier cosa que le pase a un diputado, la aprovechará un sector”, dijo. 

Por su parte, el diputado Fabricio Alvarado, dijo que resolver el tema de la probidad, estableciendo como sanción máxima la destitución de un legislador, podría ser “un balazo en el pie”. 

Esto a pesar de que, tanto la Ley contra la Corrupción como la Constitución Política, señalan que la destitución, o en este caso, el retiro de credenciales, es una sanción máxima contra un acto en contra de la ética y la probidad. 

De hecho, Redondo insistió en la necesidad de abrir la discusión, y de que no se “patee más la bola”. 

“Nosotros no podemos decirle a un país que tiene una enorme desconfianza por la clase política y que estamos exentos de un régimen de responsabilidad por aquellos actos en donde existe evidencia de que hay faltas al deber de probidad. Me parece que es consecuente con una ética en materia política que el país debería de tener”, dijo Redondo.

Un planteamiento similar señaló el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien incluso dijo que la propuesta ideal para su partido es que sea la misma ciudadanía la que tenga la posibilidad de revocar el nombramiento de un diputado.  

¿De dónde salió esta condena?

 La condena se dio ante una acción de inconstitucionalidad presentada por la hoy exdiputada Maureen Ballestero, con lo que frenó un proceso de destitución en su contra, luego de que la prensa diera a conocer que en abril del 2009 utilizó una avioneta del Ministerio de Seguridad para viajar de Alajuela a Liberia para asistir a una asamblea cantonal del PLN.

Los magistrados determinaron que solo el plenario legislativo podía castigar con el retiro de credenciales a un diputado, en virtud de los alcances de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. 

Menos de un año antes, el 18 de agosto del 2009, el entonces diputado del PLN, Fernando Sánchez, se salvó de ser expulsado del Congreso luego de una consulta similar a la Sala. 

LEA: Asamblea archiva caso de Fernando Sánchez

En el 2007 Sánchez redactó, junto al exvicepresidente de la República Kevin Casas, un memorando enviado al entonces presidente Óscar Arias, en el cual recomendaba meter miedo a funcionarios, población y alcaldes que no apoyaran el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Ambos diputados pudieron terminar su gestión, sin embargo, la condena de la Sala quedó pendiente de cumplimiento, hasta hoy. 

La ausencia de una norma también ha permitido que otros diputados terminen su gestión, a pesar de la dureza de cuestionamientos que han enfrentado. Tal es el caso del también exdiputado del PLN, Jorge Angulo Mora (2010-2014), quien fue acusado en el 2011 por la Fiscalía por supuestos actos de corrupción. 

LEA: Jorge Angulo: El diputado acusado por corrupción que nunca llegó a juicio

A pesar de que en el 2012 se le retiró la inmunidad, y de que la Sala III de la Corte ordenó iniciar el juicio en su contra en junio del 2013, su abogado logró aplazar el proceso hasta hoy, donde se encuentra en discusión en el Juzgado Penal de Hacienda. 

Además de estos casos, entre el 2014 y el 2016, la Procuraduría de la Ética Pública ha remitido al Congreso tres informes en contra de diputados por supuestas faltas a la probidad. 

Se trata de los miembros del Directorio legislativo 2014-2015: conformado por los diputados Henry Mora (PAC), Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (ambos del PUSC). Asimismo, la Procuraduría también emitió informes en contra de Jorge Arguedas, del Frente Amplio, y de Óscar López, del PASE. 

Sin embargo, el vacío legal permitió a estos diputados manetenerse en su curul, sin que exista hasta ahora una forma legal de cuestionarlos. 

Precisamente esa forma legal es la que se supone, se plantea en la reforma constitucional impulsada por Solís, y rechazada por los jefes de bancada. 

A pesar de que los magistrados dieron un plazo máximo de 36 meses para el cumplimiento de la sentencia, ya han pasado 79 meses, y la condena está lejos de cumplirse.

¿Qué es probidad?

Así lo define el Reglamento de la Ley Contra la Conrrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

“Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes acciones:

a) Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igual para los habitantes de la República;

b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley;

c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña;

d) Administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente;

e) Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o cualquier otro emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que admita la Ley.

f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en el Código Procesal Civil, y en otras leyes.

g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público”.

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