Marta Esquivel, ministra designada de Trabajo, afirmó que se deben respetar las resoluciones de la Sala IV y de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) a la hora de revisar eventuales reformas a las pensiones de lujo.
Esquivel tendrá bajo su alero la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), entidad desde la cual se pagan las jubilaciones de 14 regímenes especiales creados por el Estado, como el de Exdiputados y el Transitorio de Reparto de Magisterio. Ahí está buena parte de las pensiones de lujo, con montos hasta de ¢14 millones mensuales; la otra parte está en el Poder Judicial, la cual cubre a exfuncionarios judiciales como los exmagistrados.
La futura ministra, quien fue jueza y magistrada suplente de la Sala IV, declaró que no conversó sobre este tema con el presidente electo, Rodrigo Chaves, en su primer acercamiento, pese a que fue uno de los principales carros de batalla del futuro mandatario en la campaña electoral.
“Habrá que revisar qué ha quedado en el tapete porque, en estos últimos ocho años, se han hecho muchísimas reformas que han venido a equilibrar en alguna medida las pensiones que podemos llamar de lujo, pero habrá que revisar qué elementos quedan pendientes”, indicó Esquivel, luego del anuncio de su nombramiento.
“Tenemos que recordar que las disposiciones de la Sala Constitucional nos obligan a respetarlas. No podemos dejar de lado las resoluciones de la Sala. Yo creo que todavía hay esquemas de revisión que estarán pendientes, pero no solo están las resoluciones de la Sala, sino de los convenios de la OIT que el país ha ratificado y no se vale aprobar aspectos de compromisos internacionales y no cumplirlos”, agregó.
El gobierno de Luis Guillermo Solís decidió imponer un tope de ¢2,7 millones a las pensiones de lujo con base en una ley promulgada en 1998. La medida fue defendida por la actual administración de Carlos Alvarado.
El tema fue llevado a la Sala IV por los pensionados y esta resolvió, en el 2018, que el techo solo es aplicable para las pensiones otorgadas después de diciembre de 1998, cuando se promulgó el artículo que fijó el tope.
Esta resolución permitió que la mayoría de los pensionados de lujo se salvara del tope, incluido el que percibe ¢14 millones mensuales.
Por otra parte, los diputados aprobaron el cobro de contribuciones solidarias adicionales a los pensionados de lujo, incluyendo los del Poder Judicial, pero respetando el criterio de la OIT de que el total de deducciones no pueden superar el 55% de la pensión.
La Sala IV, en tanto, resolvió que los gravámenes no pueden superar el 50%.
El Tribunal Constitucional sí avaló la imposición de las contribuciones solidarias y la eliminación del aumento anual del 30% que recibían las pensiones de exdiputados.
Por otra parte, la Sala declaró inconstitucional una reforma legal que declaraba la caducidad de las pensiones de lujo heredadas cuando las personas cumplieran un máximo de 25 años si aún estaban estudiando y eran solteros.
La resolución obligó al Gobierno a devolver dos pensiones de ¢7,9 millones cada una a las hijas de dos exdiputados pese a que tenían 54 y 66 años y ya habían disfrutado del beneficio por muchos años.
LEA MÁS: Hija de exdiputada recuperará pensión de ¢7,9 millones que recibió desde los 42 años
En campaña, Chaves dijo que incluso sometería el tema de las pensiones de lujo a un referendo, pero la Constitución no prevé la posibilidad de llevar esta materia a consulta popular. Entonces, también habló de la posibilidad de plantear una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos “a preguntar si la Sala Constitucional debería tener la jurisdicción que tiene sobre las pensiones de ellos mismos”.