La liquidación de los fondos de pensiones que reciben los funcionarios de cinco instituciones publicas tomará 35 años, cuando se cierre el último de estos regímenes especiales.
Así lo indica la nueva redacción de un proyecto de ley que se discute en el Congreso para clausurar de forma diferenciada estos sistemas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Banco Nacional (BN), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Banco de Costa Rica (BCR) e Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Estos sistemas, los cuales reciben altos aportes de parte de las entidades estatales, son adicionales a los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS y Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC).
Mantener vigentes estos fondos les cuesta ¢58.300 millones cada año a las cinco instituciones y, cerrarlos, les ahorraría ¢28.000 millones anuales, de acuerdo con un informe del Banco central de Costa Rica (BCCR) del año 2020.
El nuevo texto fue acogido y dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, por ocho legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Liberal Progresista (PLP) y Progreso Social Democrático (PPSD). Se opuso, únicamente, Priscila Vindas Salazar, legisladora del Frente Amplio.
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Liquidación diferenciada para jubilados
Con la nueva redacción del transitorio del proyecto la CCSS, el BN y el ICE deberán acatar un plan de contribuciones para hacer frente a los beneficios otorgados. Los aportes serán con plazos y montos definidos o porcentajes de los sueldos totales pagados por la institución y el pensionado (donde corresponda).
A la Caja le correspondería contribuir mensualmente al Fondo de Retiro de los Empleados (FRE) con el 1,5% del total pagado en sueldos y salarios, ordinarios y extraordinarios, durante un plazo de 35 años, en el tanto se presente un déficit actuarial en su respectivo fondo. El FRE, actualmente, cuenta con 18.800 pensionados.
Los jubilados no realizarían ningún aporte dado que esta es una pensión regalada por la entidad que, actualmente, gira el 2% sobre los salarios.
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Para el BN los diputados proponen establecer montos definidos anuales, a lo largo de 25 años, de parte del patrono y de los jubilados. Por ahora, con la norma vigente, el Banco contribuye con el 10% y los trabajadores con el 5,5% de sus remuneraciones. En fondo tiene, hoy, 1.600 jubilados.
Con la nueva redacción del transitorio, los aportes anuales de la institución oscilarían entre los ¢2.276 millones y los ¢7.324 millones, para totalizar transferencias por ¢173.693 millones entre 2013 y 2048.
Los jubilados, por su parte, aportarían entre ¢986 millones y ¢1.960 millones anuales, para un total de ¢45.798 millones en los 25 años.
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En el ICE, donde la pensión se financia con el aporte patronal del 4,5% sobre los salarios y el 1% de los empleados, la institución contribuirá mensualmente con el 3% del total pagado en sueldos y salarios, ordinarios y extraordinarios, durante un plazo de 5 años. Los aportes se harán en tanto se presente un déficit actuarial en el respectivo fondo.
Solo en el año 2021, el ICE debió depositar ¢8.770 millones por contribuciones para estas pensiones. Este régimen beneficia a 4.600 jubilados y posee 11.300 cotizantes activos.
“Las entidades públicas quedan autorizadas para aumentar los porcentajes de contribución a su respectivo fondo, con estudios técnicos que respalden la decisión en este proceso de liquidación de los regímenes”, añade el texto.
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Los diputados plantean derogar la pensión especial de la CCSS y su financiamiento, no así la parte de ahorro y crédito del fondo de la Caja constituido por el artículo 21 de su ley constitutiva. Este numeral creó al mismo tiempo el FRE, explicó la diputada socialcristiana, Melina Ajoy, integrante de la comisión de Sociales, donde se discute la iniciativa.
El componente que no se deroga seguiría financiándose con el aporte del 1% de la Caja sobre el salario del trabajador.
En el ICE tampoco se deroga el Fondo Especial de Garantías y Ahorro, del que se deriva la pensión complementaria que se liquidaría, aclaró la legisladora. Sin embargo, los diputados invertirían la forma de financiamiento.
De un 4,5% actual aportado por el patrono sobre el salario del empleado y un 1% del asalariado, la reforma establecería que el ICE pague solo el 0,5% y los funcionarios el 4%.
Ajoy explicó que la diferenciación en el cierre de cada fondo obedece a que, el transitorio del texto base, contenía una única forma de liquidación, cuando en realidad cada sistema tiene sus particularidades.
En el caso del ICT, donde la pensión especial es regalada porque se financia solo con el aporte del 5% del patrono sobre la remuneración, los trabajadores pueden en la actualidad retirar los recursos en un solo tracto al momento de jubilarse.
Para los fondos de las instituciones en las que aún existan pensionados, incluido el BCR, los juntas administradoras continuarán administrando los recursos, para lo cual estas deberán constituirse en operadoras de pensiones, de acuerdo con la legislación, con tal de garantizar los pagos.
Cuando haya déficit actuariales, los beneficiarias de los fondos de pensiones deberán cotizar el 10% del monto de su beneficio mensual a favor de la respectiva provisión de pensiones en curso de pago.
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Liquidación general para los trabajadores
En general, los trabajadores activos de cada sistema podrían retirar la totalidad de sus recursos, que incluyen aportes personales donde corresponde y patronales, más los rendimientos, en un plazo no mayor a los 18 meses.
Los afiliados que no retiren sus fondos podrán trasladarlos al ROPC. Si los dineros se encuentran invertidos en bonos de deuda, el traspaso se haría a títulos no onerosos.
Esta figura significa que se hace una liquidación por cada trabajador y, según lo que le corresponda, se transfiere el monto en títulos valores a la operadora de pensiones. Esta modalidad evitaría que los bonos puedan revenderse a un menor costo, lo cual podría generar una distorsión en el mercado de valores.