El informe negativo de mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios, sobre el Presupuesto Nacional del 2021, abre las puertas para que los 57 diputados del plenario legislativo ajusten la versión inicial presentada por el Gobierno desde el 1° de setiembre, por un monto de ¢11,45 billones.

Sin embargo, los legisladores tienen hasta el próximo 27 de noviembre para ejercer ese derecho de enmienda pues, de acuerdo con el reglamento legislativo, en esa fecha el presupuesto debe quedar aprobado en primer debate.

Si la discusión por el fondo no se ha agotado para ese momento, el presupuesto podría quedar aprobado en automático.

Así lo aclaró este martes el departamento de Servicios Técnicos del Congreso, en una respuesta escrita enviada al presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, luego de que nueve diputados de oposición presentaron un dictamen negativo de mayoría que recomienda rechazar el Presupuesto.

A su vez, dos diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentaron un informe positivo de minoría, en el que incluyen una nueva propuesta de recorte de ¢150.000 millones.

Cruickshank preguntó a Servicios Técnicos cuál texto deberá ser conocido por el plenario si vota a favor del dictamen negativo de mayoría rendido por los diputados de oposición.

Al respecto, en el documento AL-DEST-CJU-062-2020, ese departamento respondió: “La presidencia de la Asamblea debe agendar en el orden del día del plenario legislativo el conocimiento del texto del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, a fin de que los señores diputados ejerzan su derecho de enmienda, de conformidad con las posibilidades que establece el Reglamento de la Asamblea Legislativa”.

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El dictamen negativo de mayoría, presentado el 25 de octubre, pide al plenario que se rechace el proyecto examinado y modificado en Hacendarios bajo el argumento de que el Partido Acción Ciudadana (PAC) obstruyó la discusión de recortes.

En Hacendarios, al Presupuesto se le incrementaron ¢28.000 millones para el sector vivienda y se le redujeron ¢7.000 millones en diversas partidas, principalmente, a cultura, para un aumento neto de ¢21.000 millones.

También, contiene normas de control presupuestaria en partidas de alquileres, cambios de destino de transferencias en cinco municipalidades y la obligatoriedad de que las instituciones realicen todas sus compras públicas a través del Sicop.

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Para hacer la aclaración, Servicios Técnicos tomó en cuenta los votos 1240- 2015 y 18537-2015 del año 2015 de la Sala Constitucional.

En aquella ocasión, los magistrados regañaron al entonces jerarca legislativo, Henry Mora, por haber aprobado él, en solitario, el presupuesto del 2015, en su trámite de primer debate.

Esa decisión la tomó Mora, diputado del PAC, el 25 de noviembre del 2014, luego de que una mayoría de diputados votara negativamente el plan, precisamente, en su primer debate.

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Los magistrados indicaron, no obstante, que una vez desechados en el plenario los dictámenes de mayoría y de minoría provenientes de una comisión, Mora debió abrir el debate del proyecto presentado por el Gobierno, en vista de que aún no se había agotado el tiempo para que cada presupuesto pueda quedar avalado en primer debate.

Ese límite vence a las 23:55 horas de cada 27 de noviembre, según lo establece el inciso 2 del artículo 205 del reglamento legislativo, el cual también establece que, si en ese momento no se hubiera agotado la discusión del presupuesto, se tendrá por terminada la discusión y el plan quedará aprobado automáticamente en primer debate.

Los magistrados dijeron que Mora no tenía competencia para dar por aprobado ese proyecto, máxime que ya había sido rechazado por una mayoría de legisladores.

Primero el de mayoría

En la misma respuesta, Servicios Técnicos reafirma que será el dictamen negativo de mayoría el que deberá conocer, en primer instancia, el plenario.

Solo si este fuera rechazado, se someterá a discusión el informe de minoría del PAC, de conformidad con el artículo 81 del reglamento de la Asamblea.

El negativo de mayoría lo firman Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales, del PLN; María Inés Solís y Oscar Cascante, del PUSC; Carlos Avendaño y Giovanni Gómez, del PRN; Otto Roberto Vargas, del PRSC; y Harllan Hopelman, del bloque fabricista.

Esos legisladores aseguran que, al impedirse más recortes, el Poder Ejecutivo incumple la idea de austeridad que piden la ciudadanía y las fracciones de la oposición.

La oposición, que había presentado un recorte máximo de ¢200.000 millones, había llegado a un acuerdo con el Gobierno para que, el 20 de octubre, ante de votarse por el fondo, se aplicara un ajuste de ¢150.000 millones, el 1,3% del presupuesto.

No obstante, el PAC argumentó que los recortes dejarían en “cierre técnico” a muchas instituciones. Luego de la obstrucción, legisladoras rojiamarillas Laura Guido y Nielsen Pérez, presentaron un dictamen afirmativo de minoría.

En él, las diputadas de Gobierno piden al plenario que se apruebe el proyecto originalmente presentado por el el Poder Ejecutivo, el 1° de setiembre, con una nueva propuesta de recorte por ¢150.000 millones planteados por Hacienda.

El informe de Guido y Pérez obvia lo aprobado la semana anterior en Hacendarios. Guido explicó que el procedimiento a seguir, en este caso, “no está completamente normado”.

Sin embargo, recordó que existe dos antecedentes recientes sobre la discusión de presupuestos ordinarias generaron jurisprudencia. Una de ellas es lo dicho por la Sala en 2015.

“En apego a dicha jurisprudencia es importante ser vigilantes de que se debe respete el derecho al uso de la palabra, la potestad de enmienda y todas las garantías procesales de las y los diputados”, pidió Guido.