El Poder Ejecutivo declaró confidencial la información vinculada con la decisión del Consejo de Gobierno de remover a tres directivas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en la sesión del pasado 1.° de junio.
El acta de la sesión dice: “Conforme a los artículos 6 de la Ley de Control Interno y el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública, la información es confidencial para terceros”.
La Nación también solicitó a Presidencia copia de la justificación enviada a Marianella Feoli, Sandra Rojas y Carla Murillo para separarlas de la Junta Directiva de la empresa estatal. No obstante, la Dirección de Información y Comunicación replicó que el contenido es confidencial.
“Las reglas de los procedimientos administrativos se derivan de los principios aplicables en el derecho penal. En el desarrollo de un procedimiento administrativo, no existe la certeza sobre el incumplimiento alguno de las partes, sino hasta que se finiquite el mismo; de ahí que las notificaciones que se realizan a las partes son confidenciales.
“El artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública establece, entre sus supuestos, que no habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer información confidencial de la contraparte”, respondió Presidencia a la solicitud de información.
El día de la destitución, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo que las tres directivas fueron suspendidas porque, según un informe de auditoría del ICE, sus nombramientos fueron ilegales por falta de requisitos. Ellas rebaten ese argumento; sostienen que tienen los atestados para ocupar el cargo y que no cometieron ilegalidad alguna.
Zapote nombró tres sustitutos temporales “hasta contar con la resolución final adoptada por el órgano decisor del procedimiento y se genere el concurso conforme lineamientos OCDE”, según se detalla en el acta del Consejo de Gobierno.
Adicionalmente, el ICE también decidió declarar confidencial el informe de auditoría. A la fecha, se desconoce el contenido del documento.
Dominio de Consejo Directivo
Al adoptar esa decisión, el Gobierno pasó a tener mayoría de votos en el Consejo Directivo del Instituto integrado por siete personas. El Poder Ejecutivo cuenta con el presidente ejecutivo, Marco Acuña, así como los directivos recién nombrados, Diana Valverde, Henry Gabriel e Ileana Murillo.
De hecho, en la primera sesión de la nueva conformación del Consejo Directivo, celebrada el 8 de junio, ese órgano acordó destituir a la gerenta general del ICE, Hazel Cepeda.
Tan solo dos días antes, las directivas removidas presentaron un recurso de revocatoria contra la decisión del Consejo de Gobierno.
Las funcionarias alegaron que cumplen con todos los requisitos legales y señalaron que la resolución del Ejecutivo “incumple con los principios de intimación e imputación, contraviene artículos particulares de la Ley General de la Administración Pública, violenta jurisprudencia constitucional, ignora el derecho de defensa que tenemos y es ambigua en cuanto a la imputación que se nos realiza”.
Las directivas suspendidas también denunciaron que la decisión de Consejo de Gobierno ponía en peligro el sistema de pesos y contrapesos en la Junta Directiva de la entidad, en la discusión de nuevas políticas de la institución.
En esa misma línea se pronunció Cepeda. La exgerenta alertó de decisiones políticas en el ICE sin la discusión de profesionales capacitados en la materia. Advirtió de que las finanzas del Instituto estarán en riesgo por el mensaje nocivo que se envía con esas decisiones a socios y bancos acreedores.
El Consejo Directivo del ICE está conformado por el presidente ejecutivo y seis directivos más.
Los estatutos señalan que, cada año, se vence el nombramiento de uno de sus seis miembros directivos. Por lo tanto, el Consejo de Gobierno procede a realizar un nuevo nombramiento cada año.
De acuerdo con Feoli, ese es un sistema de pesos y contrapesos que evita “lo que sucedía en el pasado, que hace que el Consejo era un ente que solo respondía al vaivén político de cada gobierno de turno. Eso asegura que haya diferentes perspectivas, visiones, contextos”.
El nombramiento de Feoli, por ejemplo, vencía en junio de 2023. Mientras que las designaciones de Sandra Rojas y Carla Murillo en los dos años siguientes.
Rodrigo Chaves incluso envió el expediente al Ministerio Público para investigar los supuestos nombramientos ilegales por parte de la administración de Carlos Alvarado.