Ocho iniciativas impulsadas por el Gobierno y dos presupuestos liderarán la agenda de los diputados en el inicio de las sesiones extraordinarias, que se inician este miércoles 1.° de noviembre y que se extenderán hasta el 31 de enero del 2024. Durante este periodo, el Poder Ejecutivo define la lista de proyectos de ley que son analizados y aprobados por el Congreso.
Así lo dieron a conocer este martes el mandatario Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, durante su conferencia semanal, en Casa Presidencial.
La lista de prioridades la encabezan los cinco proyectos de ley que presentó el Poder Ejecutivo sobre seguridad. Chaves aprovechó su intervención para demeritar los proyectos aprobados por los diputados en esta materia, como la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada y el plan para fijar límites a la resolución de solicitudes de allanamiento.
Dijo que los legisladores hablan mucho de criminalidad, pero han actuado poco o “no han actuado nada”.
Además, cuestionó que los parlamentarios se hayan concentrado en propuestas como la exoneración del Impuesto del Valor Agregado (IVA) al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la normativa que busca agilizar el proceso de levantamiento de cadáveres en casos de muertes violentas o sospecha de delitos culposos.
El Ejecutivo también quiere enfocar a los legisladores en el análisis del empréstito por $700 millones para infraestructura en “riesgo inminente”, que el Gobierno suscribió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que se tramita bajo el expediente N.º 23.635.
Ante los cuestionamientos de los legisladores, por lo elevado de la tasa de interés pactada entre el Gobierno y el BCIE, Chaves anunció un acuerdo con la entidad internacional para que $42,8 millones del monto total, se financien con una tasa de interés fija de un 1,5% a 20 años.
Asimismo, el KfW Banco de Desarrollo de Alemania cofinanciaría $66,7 millones, lo que generará una reducción del 0.75% de la tasa de interés sobre el margen aplicable, anunció el Poder Ejecutivo.
La convocatoria también incluye una propuesta que fue anunciada este martes y que aún debe presentarse al Congreso, pero que busca habilitar el traslado de $55 millones, provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), a la Asociación Pro Hospital de Niños, para concretar la construcción, en el centro médico, de la denominada Torre de la Esperanza.
Cierran la lista el presupuesto Nacional 2024, expediente N.º 23.912, y la cuarta modificación al presupuesto 2023, expediente N.º 23.993.
Proyectos de seguridad
Los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad son los siguientes:
El primero es el expediente N.º 23.688, que otorga rango de ley al decreto ejecutivo N.°40849-JP que, entre otras funciones, establece las condiciones que deben cumplirse para que el Ministerio de Justicia sopese trasladar a reos del programa de cárcel permanente al sistema seminstitucional o de confianza.
El segundo proyecto es el expediente N.º 23.689. Este texto propone una reforma parcial a los artículos 7, 88, 88 bis y 88 ter, de la Ley de Armas y Explosivos y sus reformas, aumentando penas y creando nuevas sanciones para los portadores ilegales de armas.
El tercer expediente es el N.º 23.690: Ley para la modernización de la intervención de las comunicaciones. Esa propuesta permitiría las escuchas telefónicas en investigaciones sobre delitos de homicidio simple y feminicidio.
El cuarto proyecto es el expediente N.º 23.691: Ley para adecuar la respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los retos de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada.
Dicha propuesta busca ampliar el plazo que los jueces tienen para examinar la prueba y dictar sentencia en casos en que los imputados sean menores de edad.
La quinta propuesta es el expediente N.º 23.692: Plantea cambios en prisión preventiva, libertad condicional y medidas cautelares. Propone eliminar la libertad condicional para personas que fueron condenadas por narcotráfico y por delitos en los que medió el uso de arma blanca o de fuego.
A estas iniciativas se suma la propuesta de reforma a la Constitución Política, expediente N.º 23.701, para autorizar la extradición de costarricenses requeridos en el extranjero por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo.